Cambio de planes. Tras la catástrofe de Fukushima, la política energética japonesa se centró en abandonar la energía nuclear. Las cincuenta centrales nucleares existentes, que producían alrededor del 30% de la electricidad del país, fueron cerradas casi todas y ahora funcionan solo dos. El anterior gobierno del Partido Democrático decidió que para 2030 se eliminaría por completo la energía nuclear.
Pero el nuevo gabinete de Shinzo Abe, del Partido Liberal Democrático, ha decidido revocar la medida y ha hecho un plan para volver a poner en funcionamiento las centrales nucleares. Alega que “Japón necesita electricidad de origen nuclear estable y barata para poder competir económicamente”. El cierre de centrales ha aumentado los costes de la generación de electricidad y obligado a importar más combustibles fósiles.
Ahora bien, la reapertura de centrales estará condicionada al cumplimiento de medidas de seguridad más estrictas. Entrarán en vigor en julio próximo e implantarlas costará el equivalente de unos 11.000 millones de dólares. Se encargará de verificarlas un nuevo organismo regulador, independiente de la industria y del gobierno. Con la nueva regulación, habrá que cerrar y desmantelar varias centrales porque se encuentran en zonas de riesgo sísmico. En octubre pasado, la compañía eléctrica TEPCO, que explotaba la central de Fukushima, reconoció que era consciente de que podía producirse una catástrofe en caso de tsunami o terremoto; pero no lo hizo público ni reforzó la seguridad por miedo a que la opinión pública o una demanda en los tribunales pidiera el cierre de la central.
Pese al cambio de planes, el gobierno de Abe se ha comprometido a continuar promoviendo energías limpias para reducir la dependencia de la energía nuclear y la aún mayor de los combustibles fósiles.
Por otro lado, la OMS advierte, en un informe publicado esta semana, que ha aumentado la prevalencia de cáncer en la población cercana a Fukushima y, sobre todo, en las personas que se encargaron de las labores de estabilización de la central tras el accidente. Sin embargo, no se cree que la radiación escapada de la central provoque abortos, malformaciones físicas o deficiencias mentales en niños nacidos después del accidente. Tampoco se considera en peligro la población que se encontraba a más de 20 km de la central. Los autores del estudio advierten que todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre los efectos que el desastre nuclear pueda tener en la salud: habrá que seguir observando la evolución durante muchos años.