El modo de afrontar el fin de la vida en la Medicina actual, con el riesgo de someter al paciente a terapias inútiles o de aceptar las propuestas de eutanasia, da lugar a encendidos debates. Por eso tiene especial valor la ley que acaba de ser aprobada por unanimidad en la Asamblea Francesa que permite a los enfermos terminales rechazar tratamientos y dejar que llegue la muerte, pero sin despenalizar la eutanasia.
La futura ley establece que cuando un paciente terminal «decide limitar o detener todo tratamiento, el médico respeta su voluntad después de haberle informado de las consecuencias de su decisión». Si el enfermo está inconsciente, la decisión médica debe ser «colegial» tras la consulta con «la persona de confianza» del enfermo. Si se suspenden las terapias activas, el paciente es tratado con cuidados paliativos.
El texto previene contra cualquier «obstinación no razonable» en las intervenciones médicas: «Cuando resultan inútiles, desproporcionadas o no tienen más efecto que el mantenimiento artificial de la vida, pueden ser suspendidas o no emprendidas». Al mismo tiempo, se trata de eximir de responsabilidad civil a los médicos en estas situaciones difíciles.
La ley admite la validez de las «directivas anticipadas», una especie de testamento vital que haya dejado el paciente para estas situaciones. Estas directivas solo tienen un valor indicativo para los médicos y deben haber sido redactadas menos de tres años antes.
La ley precisa que para tratar el dolor el médico puede utilizar medicamentos cuyo efecto secundario puede ser la aceleración de la muerte. Pero debe hacerlo con transparencia, informando al paciente o, si este no puede o no quiere enterarse, a la familia o persona de confianza. La idea es evitar cualquier clandestinidad o iniciativa unilateral del personal médico.
En el caso de personas conscientes muy gravemente enfermas, pero que no están al borde de la muerte, el texto prevé que puedan renunciar a todo tratamiento, incluida la alimentación artificial, dejando solo los cuidados paliativos.
La ley ha sido bien recibida tanto por las iglesias como por la Academia de Medicina y por la Comisión consultiva de derechos humanos (cfr. servicio 111/04). Entre los políticos, algunos han declarado que la consideran «una primera etapa» hacia la eutanasia, mientras que para otros es la «culminación», un límite que no hay que superar. En cualquier caso, el apoyo unánime de las distintas fuerzas políticas demuestra que es posible encontrar un consenso para abordar estos problemas en el marco de la sanidad, sin cambiar el Código Penal.
El gobierno reconoce que para que esta ley pueda ser aplicada hay que desarrollar más los cuidados paliativos. El ministro de Sanidad ha anunciado la instalación de 1.990 camas suplementarias dedicadas a cuidados paliativos, así como la creación de 35 nuevas unidades móviles, que se sumarán a las 320 existentes.