Los países desarrollados bajan la guardia contra el cannabis

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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano independiente encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados de la ONU sobre tráfico de drogas, publica un informe anual en el que da cuenta de la situación de la lucha antidroga en el mundo. El de este año, hecho público el 27 de febrero, acusa a los países desarrollados de ceder a la tendencia permisiva y no respetar el derecho internacional vigente.

Según la JIFE, casi todos los países aplican las medidas previstas en los tratados internacionales. Sin embargo, algunos presentan desde hace años una tendencia a liberalizar el consumo de cannabis. Así, en España, Italia, Luxemburgo y Portugal ya no es delito el consumo personal, la adquisición, el transporte y la posesión de la droga. A estos actos solo se aplican sanciones administrativas.

Holanda es permisiva en la práctica, aunque no por ley. Allí, vender, producir o poseer hasta 30 gramos de cannabis se castiga con un mes de cárcel o multa. La pena máxima por poseer, importar o exportar más de 30 gramos es de cuatro años de prisión. Pero la JIFE reprocha al gobierno holandés haber asignado, a través de directrices, la «mínima prioridad judicial» a la posesión de cannabis para uso personal (hasta 5 gramos), lo que en la práctica significa que esos actos no se investigan ni se procesa a quienes los cometen.

Esas directrices también regulan las condiciones de venta en las coffee shops autorizadas, en virtud de las cuales se tolera la venta de hasta 5 gramos por transacción y los cafés pueden tener existencias de hasta 500 gramos. Algo similar se prepara en Bélgica, donde el Parlamento puede decidir que no se procese a las personas que posean cannabis para consumo personal.

Aunque el número de coffee shops ha descendido, la JIFE insiste en que estos establecimientos son incompatibles con las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, ratificada por 175 Estados. Se reafirma en la idea de que la distinción entre drogas duras y blandas es teórica y que esta «suavización» judicial no consigue reducir el consumo de las drogas «duras», contra lo que pensaban algunos.

Suiza debate un proyecto de ley de despenalización del consumo, cultivo, producción, tenencia y compra de cannabis, siempre que se trate de actos preparatorios del consumo personal. La ley también daría al gobierno la facultad de definir las prioridades en materia de lucha antidroga, con lo que se podría optar por no perseguir los delitos relacionados con el tráfico de cannabis, cuando se trate de pequeñas cantidades e intervengan mayores de edad. Suiza sostiene que esta postura es compatible con los tratados internacionales, cosa que la JIFE niega.

Ante la tendencia a la permisividad, el informe advierte que no se debe falsear el debate sobre el uso terapéutico del cannabis, de actualidad en varios países desarrollados. Los gobiernos no pueden actuar a la ligera: tienen que aportar pruebas científicas de la utilidad terapéutica del cannabis -de momento no existen (ver servicio 35/01)- y comunicar el resultado de las investigaciones a la JIFE y a la OMS.

Otra tendencia imprudente, a juicio de la JIFE, es la de quienes justifican la tolerancia afirmando que el cannabis no es más peligroso para la salud que el alcohol o el tabaco, y que entraña riesgos menores que el de otras drogas. La JIFE recuerda que los tratados internacionales contienen procedimientos para que los Estados propongan cambios en la clasificación de las drogas, siempre que dispongan de las pruebas necesarias. Hoy por hoy, añadir otra droga a la categoría del alcohol o el tabaco sería un «error histórico», señala el informe.

La JIFE denuncia también la insolidaridad de algunos países desarrollados: «Mientras muchos países en desarrollo han estado dedicando recursos a erradicar el cannabis y combatir el tráfico ilícito de esa droga, algunos países desarrollados han decidido al mismo tiempo tolerar el cultivo, el comercio y el uso indebido del cannabis».

No trivializar el «porro»

Poco antes de que la JIFE diera a conocer su último informe, en Francia ha habido dos advertencias contra la legalización del cannabis. El 19 de febrero, la Academia Nacional de Medicina publicó una declaración donde señala que esta droga causa «trastornos físicos, psíquicos, profesionales y sociales». El documento se basa en un reciente estudio de neurobiología realizado en ratones por un especialista del Centro Nacional de Investigación Científica. Los resultados no son definitivos, pero dan pie a pensar que el cannabis provoca dependencia psicológica y facilita la sensibilidad a la heroína.

Dos días después se hizo público otro informe, de la Oficina Parlamentaria de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas. El texto se apoya sobre todo en el estudio realizado el año pasado por el INSERM, que revisó la literatura científica acerca de los efectos del cannabis (ver servicio 167/01).

El informe parlamentario señala que las consecuencias del cannabis varían mucho de unos consumidores a otros, y parecen leves para buena parte de ellos. Pero añade que, según las investigaciones realizadas, entre los posibles efectos no se pueden descartar algunos graves, como «agravamiento de psicosis, delirios alucinatorios y esquizofrenia».

En cualquier caso, subrayan los parlamentarios, el cannabis resulta muy peligroso para los consumidores jóvenes, como han señalado algunos especialistas (cfr. servicio 26/02). «Se puede afirmar -dice el informe- que consumir más de tres cigarrillos diarios desde el inicio de la adolescencia daña gravemente la salud mental». En tal caso, el uso de esta droga «entraña indiferencia, que es un factor de desinserción social y de fracaso escolar».

Por eso, los parlamentarios se manifiestan preocupados por la «trivialización» del cannabis, en especial por parte de «ciertos medios de comunicación». El informe advierte que la levedad de los efectos en muchos casos no significa que el cannabis no sea peligroso, ni es razón para difundir la idea de que fumar porros es un entretenimiento inocente. Habría que aplicar al menos el principio de precaución: «¿Podemos, en nombre del recreo del adulto ya insertado socialmente, que fuma un porro a la semana, olvidar los estragos que este producto causa en la juventud?».

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