Para que no falte agua, hay que cobrarla

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El Foro Mundial del Agua, reunido en La Haya durante la tercera semana de marzo, se ha marcado como objetivo para el año 2015 reducir a la mitad el número de personas que no tienen acceso a agua potable. Los representantes de 110 países acordaron también que para ese año el precio del agua debe reflejar el coste real. El consenso sobre estos objetivos estuvo enmarcado en el debate sobre la privatización, que dominó el Foro.

Según la Comisión Mundial del Agua, hoy en día hay 1.200 millones de personas que no disponen de agua potable y 3.000 millones -la mitad de la población terrestre- que carecen de servicios de saneamiento. Además, datos de la ONU indican que 3 millones de personas mueren al año por consumir agua insalubre. Al mismo tiempo, casi todos los países del Tercer Mundo han registrado avances en el acceso de la población a agua potable. La mayoría de los participantes en la reunión, más de 3.000 expertos, están de acuerdo en que los problemas del agua provienen de la mala gestión, no de la escasez, y que las consecuencias más importantes son el despilfarro y la contaminación.

Para combatir la mala gestión, una de las medidas anunciadas es la implantación de sistemas de cobro del agua que reflejen los costes totales. Estas medidas tendrían que llevarse a cabo sin olvidar las necesidades de los más pobres. Según Ramón Llamas, catedrático de Hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid, y uno de los expertos que acudió al Foro Mundial del Agua, «casi todo el mundo admite que el agua debe tener un precio, porque, si no, se malgasta. Asimismo, se debe tender a la recuperación total del coste de las obras necesarias para disponer del agua. El problema es determinar qué se incluye en el coste».

Otro de los asuntos ampliamente debatidos ha sido la posible privatización de la gestión del agua, algo de lo que era partidaria la Comisión Mundial del Agua. Se estima que actualmente solo el 5% de los recursos hídricos son gestionados por el sector privado. Uno de los motivos que se aducen en favor de la privatización son las grandes inversiones -del orden de 180.000 millones de dólares por año- necesarias para asegurar la provisión de agua. Como los gobiernos de los países en desarrollo apenas pueden hacer frente a las necesidades actuales, la principal alternativa es atraer al capital privado.

En contra de esta solución se advierte que muchas de las empresas privadas atraídas por el negocio del agua son multinacionales que podrían llegar a tener un poder excesivo, sin preocuparse de los más pobres. Pero otros contestan que en la situación actual son los pobres los peor atendidos. Ante la falta de recursos para llevar el agua potable a zonas rurales o a los cinturones de chabolas de las grandes ciudades, muchos pobres se ven obligados a comprar el agua a distribuidores itinerantes, que la venden más cara.

Sin embargo, no es inevitable que la gestión pública del agua vaya asociada a la ineficacia. Un ejemplo es el de Montreal. En 1997 se planteó privatizar el sistema de gestión del agua, propuesta que fue rechazada. Tres años después, la gestión sigue siendo pública; la calidad del agua es excelente y el precio, bajo.

Con gestión pública o privada, lo que está claro es que para asegurar la gestión eficaz y evitar el despilfarro hay que pagar el precio real del agua. Según el Banco Mundial, en muchos sistemas de titularidad pública solo se aprovecha el 30% del agua, un porcentaje que se eleva notoriamente, según dicen, al instalar contadores.

La gestión eficaz del agua es especialmente importante en el sector agrícola. Actualmente, el 70% del consumo total de agua corresponde al riego agrícola, el 22% a la industria y sólo el 8% a la alimentación e higiene humanas. Y se estima que un 60% del agua de riego se pierde o despilfarra.

Aprovechar las aguas subterráneas

Para Ramón Llamas, «el problema esencial es la contaminación de las aguas superficiales, y aún más de las subterráneas». Aunque las aguas subterráneas no han sido uno de los temas de mayor relevancia en el Foro, sí se ha hablado en otras ocasiones de una supuesta sobreexplotación de los acuíferos. El Banco Mundial estima que dicha sobreexplotación es una de las primeras consecuencias de la falta de agua dulce, y que hay situaciones de abuso en Estados Unidos, México, India, Yemen y China.

La necesidad de transparencia en los datos ha sido una de las conclusiones de fondo del Foro. Por lo que se refiere, en concreto, a la capacidad de los acuíferos, Llamas estima que «las cifras han sido hábilmente manipuladas por algunos grupos para decir que la solución para combatir su sobreexplotación es hacer más embalses para sacar agua, para recargar acuíferos. Eso es una falacia».

La validez de las aguas subterráneas como recurso, según Llamas, está contrastada: «El regadío con aguas subterráneas ha sido decisivo para terminar con el hambre en el mundo. En la India, en las dos o tres últimas décadas se han puesto en regadío unos 20 millones de hectáreas con aguas subterráneas, sin necesidad de hacer presas. Y lo han hecho los agricultores. Lo único que ha hecho el gobierno es darles la electricidad gratis». Según Ramón Llamas, «durante el Foro ha habido una contestación muy fuerte a la construcción de presas. No es que haya que acabar con los embalses, pero tampoco todos son necesarios».

Tampoco los trasvases han recibido el apoyo de los expertos. La idea fue defendida por los países pobres como una forma de distribuir sus recursos hídricos de forma equitativa por todo el territorio. A pesar de ello, según Llamas, «es una idea simplista, que en España se admite, pero que en el Foro ha sido muy cuestionada».

Jordi Benítez

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