En una ciudad de Ohio se han reducido a la mitad los fallecimientos por consumo de opiáceos. La administración y la gente común han trabajado para ello.

En los países desarrollados, la flecha que marca la esperanza de vida al nacer señala, por norma, un poco más alto cada año. No sucede así en EE.UU.: el último informe de los Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) registra que, luego de haber alcanzado los 78,9 años en 2014, el número fue cayendo hasta los 78,6 en 2017. Y la culpa, en buena medida, es de las muertes por sobredosis con opioides. Una excepción (una entre otras) a la tendencia de decesos por esta causa, que el año pasado se llevó por delante 70.237 vidas en toda la Unión, es la localidad de Dayton, Ohio, que quizás esté en la memoria de algunos por cierto acuerdo de paz alcanzado durante las guerras yugoslavas. Desde 2015 ha disminuido el mal uso de analgésicos opiáceos entre los estadounidenses de 12 a 17 años y de 26 en adelante, pero ha aumentado entre la población de 18 a 25 años Ahora la “guerra” de la que se habla allí es la que se libra para evitar muertes por sobredosis, y poco a poco se va ganando: según un reportaje del New York Times, si a estas alturas de 2017 ya se contabilizaban 548 fallecidos –las autoridades tuvieron que alquilar tráileres refrigerados para cubrir la “demanda”–, en el presente año el número había descendido a 250, bastante menos que la mitad. Algunas cosas se han hecho proactivamente, aunque también cierta inercia ha incidido en la mejora de la situación. De esto último es, por ejemplo, la reducción del uso del carfentanil, una droga 10.000 veces más potente que la morfina, y que en Ohio había ocasionado, entre julio de 2016 y junio de 2017, 1.106 muertes, bastantes más que las 130 registradas en el conjunto de nueve estados. A día de hoy, según explica un agente antidrogas al diario, hay menos de este narcótico a disposición de los adictos, pero sería porque los traficantes han tomado nota de su alta letalidad y de cuántos consumidores estaban perdiendo por esa causa. Otras razones son menos egoístas y hablan de cómo la administración ha cogido al toro por los cuernos: el gobernador republicano, John Kasich, ha ordenado una ampliación de la cobertura del Medicaid para incluir a las personas de 15 a 64 años que hubieran caído en las garras de la droga y necesitaran tratamientos de desintoxicación, que no podrían pagar si se mantuvieran fuera de ese programa asistencial. Además, varios actores sociales se han coordinado y están aportando su grano de arena, de manera que la ayuda llegue no solo en forma de fría intervención institucional, sino de personas concretas –exadictos incluidos– en cuyos hombros apoyarse para comenzar a caminar. Extender el Medicaid, y salvar Un informe de la Kaiser Foundation refiere que en 2016 había 1,9 millones de estadounidenses menores de 65 años con adicción a los opioides. De esa cifra, el Medicaid solo cubre a 4 de cada 10, una fracción a todas luces insuficiente. Según la fuente, aquellos con acceso al programa federal tienen el doble de posibilidades de acceder a tratamientos de desintoxicación, en comparación con quienes cuentan con seguros privados o con ningún tipo de seguro. La proporción es de 43% frente a 21% y 23%, respectivamente. Por lo regular, las terapias de “desenganche” consisten en combinar uno de tres fármacos (metadona, buprenorfina o naltrexona) con servicios de consejería y apoyo. Casi todas las versiones estaduales del Medicaid cubren los tres medicamentos y los servicios de asistencia, que incluyen la desintoxicación propiamente dicha, psicoterapia, apoyo cercano por parte de otra persona, hospitalización parcial, búsqueda de empleo, etc. Curiosamente, una ley federal prohíbe que el Medicaid sufrague los servicios a adultos menores de 65 años en los centros que tratan enfermedades mentales, pero a la normativa se le han ido haciendo agujeros: tal como en el pasado el programa se extendió para hacer frente a la crisis derivada de la expansión del sida, este mismo año 33 estados ordenaron ampliar su cobertura para alcanzar a personas con ingresos monetarios insuficientes. El gobernador de Ohio también ha decidido estirar los criterios de admisión (incluyendo además a los que antes veían interrumpido su tratamiento al entrar en prisión). Y los resultados están ahí. Mientras más policías y enfermeros tiendan puentes entre ellos y trabajen de conjunto, más posibilidades habrá de resolver el problema de las sobredosis Por otra parte, la sociedad se va implicando. En Dayton, apunta el Times, hay una extensa red de grupos de apoyo a la recuperación, que se reúnen en los clubes locales, los cuales prestan gustosos esa colaboración. Entre sus iniciativas está la formación de personas que acompañan a quienes se esfuerzan por dejar atrás los estupefacientes, y la articulación de equipos de trabajadores sociales, policías, enfermeros y exadictos, que visitan las casas de los afectados y les hacen saber su disposición de apoyarlos durante el tratamiento. Como aseguraba una fuente al periódico neoyorquino, “mientras más policías y enfermeros de los servicios públicos salgan a tomarse juntos una cerveza y tender un puente sobre esa grieta cultural entre ellos”, más posibilidades tendrá el país de resolver este problema. Con la naloxona al bolsillo Para quien yace en una acera, víctima de una sobredosis por opiáceos, no siempre la ambulancia llega a tiempo. Por ello, la estrategia pasa también –en Dayton y en otros sitios–, por masificar el conocimiento del uso de la naloxona, el “antídoto” que, bien aplicado, puede salvar muchas vidas. En 2017, en el condado de Montgomery, del que Dayton es ciudad principal, se distribuyeron 3.300 kits del fármaco, un spray que se aplica por vía nasal y que bloquea los efectos del opioide, a saber, la disminución progresiva de la respiración: en cuanto se administra la naloxona, el proceso retoma su ritmo normal. La cifra de kits antes mencionada se duplicará este año, y en empresas e instituciones educativas se ha impartido formación acerca de cómo administrar el fármaco en caso de necesidad. Hacer de esta sustancia un tema de conversación que todos dominen, puede facilitar mucho las cosas. Según afirman dos profesoras de la Universidad de Stanford en un estudio sobre el tema, que haya una amplia disponibilidad del medicamento puede ayudar a reducir los riesgos de muerte más que lo que lo harían las restricciones a la prescripción de opioides. Ponen números concretos: 21.000 fallecimientos menos en la próxima década, a nivel nacional. Una causa del menor consumo de carfentanil sería que los traficantes han tomado nota de su alta letalidad y de cuánto público estaban perdiendo por esa causa En esta línea van también las autoridades de Massachusetts. Por decisión de la administración, el Narcan, nombre comercial de la naloxona, puede adquirirse en las farmacias sin necesidad de receta. La presencia del fármaco y el cada vez mayor acceso del público a él, dice el gobernador Charlie Baker, citado por The Boston Herald, “desempeñará un gran papel en asegurarle a la gente que es capaz de empezar o continuar su camino al tratamiento y la recuperación”. Mientras se difunde el conocimiento de la naloxona, y en lo que rinden fruto las promesas de Xi Jinping de frenar el tráfico de potentes fentanilos de China hacia EE.UU., de momento hay alguna buena noticia, y otra que no tanto. Desde 2015, por ejemplo, vienen disminuyendo los casos de mal uso de analgésicos opiáceos entre los estadounidenses de 12 a 17 años y de 26 en adelante, pero ha aumentado entre la población de 18 a 25 años. Ahora bien, incluso la mencionada mejora semeja una gota en un mar, habida cuenta de lo gigantesco de los números: si en 2015 se drogaban con estos fármacos unos 12,7 millones de personas, en 2017 pasaron a ser “solo” 11,4 millones. La dimensión de la tragedia es tal que se traga “éxitos” como el de la pequeña Dayton. Pero al menos allí ya han comenzado a caminar. De la hidrocodona al cannabis En algunos estados de la Unión, las sobredosis por mal uso de analgésicos opioides han venido declinando desde 2016, en alguna medida como resultado de las normas emitidas ese año por los CDC para limitar la prescripción de estos fármacos. Otro factor –este, menos feliz– es que algunos han encontrado una alternativa a los opioides en el cannabis, particularmente en aquellos estados que han autorizado su venta y consumo. Según un estudio publicado en el Journal of American Medicine (JAMA), la reducción de la prescripción de opioides ha sido del 14% en esos sitios.

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