El éxodo desde WhatsApp a Telegram y Signal

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Tras las duras críticas por la decisión de suspender la cuenta de Trump, a Mark Zuckerberg y a sus plataformas no para de lloverles sobre mojado. El 10 de enero de 2021 WhatsApp comunicó  un cambio en sus políticas de privacidad que ha provocado una huida de usuarios a otros servicios.

Según el aviso, WhatsApp se reservaba el derecho de compartir los datos que recopila a través de la plataforma con el resto de medios de Facebook, para “mejorar sus productos y servicios”, con independencia de que los usuarios tuvieran o no cuentas en ellos. Sus 2.000 millones de usuarios deberían aceptar antes del 8 de febrero si querían continuar usando la plataforma.

Esta mejora se enfoca principalmente en conseguir monetizar WhatsApp mediante el uso de los datos que recopila, para mejorar los anuncios en Facebook e Instagram, además de permitir pagos a través de WhatsApp de productos que se promocionan en otras plataformas. Sin embargo, los nuevos términos y condiciones de uso se vieron como una maniobra más para poner a sus usuarios entre la espada y la pared, y tomar decisiones por el interés económico de la compañía sin tomar en cuenta las implicaciones para los usuarios. Los otros beneficiados serán los anunciantes, que tendrán mejores herramientas para comunicarse con potenciales clientes.

La molestia con los nuevos términos empujó a miles de usuarios a cerrar sus cuentas de WhatsApp y pasarse a Telegram o a Signal (plataforma que el mismo Elon Musk elogió ante sus 42 millones de seguidores en Twitter). La reacción provocó que Facebook decidiera retrasar la entrada en vigor de las nuevas condiciones hasta el 15 de mayo.

Un detalle: los usuarios europeos no tienen nada de qué preocuparse, pues el Reglamento General de Protección de Datos vigente en la Unión Europea impide a Facebook compartir datos de sus usuarios entre sus empresas (entre otras cosas).

Esto es así desde que, en 2016, Facebook empezó a cruzar el número de teléfono de sus usuarios de WhatsApp con el resto de sus plataformas, lo que provocó una investigación a la empresa y la orden preventiva de cancelar este tipo de movimientos, bajo amenaza de fuertes multas, que pueden llegar hasta 20 millones de euros o el 4% de los ingresos anuales globales brutos –lo que sea mayor–, o la posibilidad de suspender el procesamiento de datos personales. 

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