Según un informe reciente, urge “desguetificar” el sistema educativo español, pero es posible hacerlo sin menoscabar el derecho de las familias a escoger escuela. El estudio, realizado conjuntamente por la ONG Save The Children y el Center for Economic Policy de ESADE, parte de un diagnóstico muy negativo sobre la desigualdad en las aulas españolas, con datos ciertamente matizables. En cualquier caso, las propuestas son interesantes, y buscan deliberadamente huir de planteamientos maniqueos, que enfrentan a ricos contra pobres o a la red pública contra la concertada.
Las políticas educativas no son solo cuestión de técnica. Lo saben bien todos los gobiernos que han planteado una nueva ley o determinadas reformas, y han encontrado críticas por amenazar tales o cuales derechos. Más allá de lo meramente organizativo –o, mejor dicho, más acá–, con frecuencia entran en colisión dos principios fundamentales: la libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos y el deber de la Administración de conseguir una escuela equitativa, que mitigue en lo posible las diferencias entre estudiantes por motivos socioeconómicos. El equilibrio no es fácil, más cuando en cada lado las ideas se plantean de forma maximalista e irrenunciable. Por eso este informe resulta interesante, tanto por su planteamiento conciliador como por la concreción de sus propuestas.
No hay tantas escuelas-gueto
No obstante, hay que decir que el estudio parte de una premisa un tanto distorsionada, la de que el sistema educativo español está altamente segregado; es decir, que abundan las llamadas escuelas gueto –aquellas donde se concentra el alumnado desfavorecido– y que esto es causa de desigualdad. El informe, además, señala a la Comunidad de Madrid como la región paradigmática de la «guetificación». Sin embargo, las cifras ofrecen un panorama mucho más matizado, por decirlo suavemente.
Por un lado, hay que señalar que segregación –en el sentido de concentración de alumnos de distintos tipos en entornos separados– y desigualdad pueden estar asociadas, pero no significan lo mismo y no tienen por qué darse a la vez: es desigual e injusto un sistema en el que el nivel económico del estudiante influye fuertemente en su desempeño académico, independientemente del perfil demográfico de su escuela.
Por otro lado, para medir la segregación, el estudio construye un indicador socioeconómico propio que engloba varios factores, como el número de libros y la “carencia material” en el hogar o el nivel de estudios alcanzado por los padres. Así medida, la educación española aparece como de las más segregadas. No obstante, los datos separados de los informes originales apuntan en otra dirección. En concreto, las bases de datos de las principales pruebas internacionales (TIMSS y PIRLS para primaria, y PISA para secundaria) no muestran que el sistema educativo español esté especialmente segregado, ni que el factor socio-económico pese excesivamente en las calificaciones. De hecho, en muchos de los indicadores que pueden tomarse como “termómetro” de la inequidad, España está por debajo de la media europea, y también la Comunidad de Madrid.
Según la mayoría de parámetros, la escuela española no es de las más segregadas ni de las que más penaliza a los alumnos pobres
Según la última edición de TIMSS (una prueba para estudiantes de 4º de primaria centrada en matemáticas y ciencias), el porcentaje de escuelas españolas donde hay un “exceso” de alumnado económicamente desfavorecido –en concreto, aquellas en las que al menos un 25% de estudiantes lo son, sin que los de familias favorecidas lleguen a ese porcentaje– está claramente por debajo de la media internacional, incluso eliminando a los países que no pertenecen al primer mundo (ver gráficos).
Alemania dobla el dato de España, mientras que Portugal, Francia o Reino Unido no están lejos de triplicarlo. Madrid está en la media española. Por otro lado, la diferencia de puntuación en matemáticas entre estos colegios y sus opuestos, aquellos con “exceso” de alumnos económicamente favorecidos, es menor que en la Unión Europea, con Madrid entre una y otra cifra (en consecuencia, por debajo de Europa).
Lo socio-económico no pesa mucho en las notas
Si nos centramos en los factores individuales, y no en los de las escuelas en conjunto, tampoco encontramos inequidad; más bien lo contrario. De hecho, España es uno de los países donde el Índice Socioeconómico (ISEC) del alumno influye menos en su calificación. En concreto, es el segundo de Europa donde menos “pesa” el nivel de estudios de los padres en la nota de matemáticas, y el primero en la de ciencias (respecto al resto del país, el ISEC en Madrid influye igual de poco en matemáticas y algo más en ciencias, aunque menos que en cualquier otro país de Europa).
También “pesa” menos el tipo de trabajo de los padres –más o menos cualificado–, que el alumno disponga de Internet y habitación propia en su casa, o la condición de inmigrante. Respecto a este último factor, es interesante que su influencia desaparece si se descuenta el efecto del ISEC, así que se puede atribuir fundamentalmente a lo socioeconómico y no al origen nacional.
El informe PIRLS (una prueba de lectura) ofrece en su capítulo tercero un panorama parecido: en España los factores socioeconómicos estudiados –nivel de estudios y ocupación de los padres, disponibilidad de recursos domésticos para el estudio y número de libros en casa– pesan menos en la nota que en la mayoría de países europeos, con Madrid por debajo incluso de la media española.
Sin embargo, con respecto a primaria, estos informes sí indican una mayor segregación académica en España que en Europa; es decir, los buenos estudiantes tienen mayor probabilidad de estar rodeados de otros buenos estudiantes, y lo mismo pasa con los de malas notas. No obstante, no parece influir mucho en la equidad del sistema.
Curiosamente, en secundaria ocurre todo lo contrario: el porcentaje de «centros gueto» en lo socioeconómico está (ligeramente) por encima de la media, más por la concentración de estudiantes ricos que de pobres, mientras que los “guetos académicos” son bastante menos frecuentes que en Europa. Cuando se cruzan la variable económica y la académica, y se mide la probabilidad que tienen los alumnos pobres de coincidir en el mismo centro con los más aventajados académicamente, España resulta uno de los países menos segregadores; es decir, de los más equitativos.
Por otro lado, el informe PISA muestra que, tanto en los alumnos de primaria como en los de secundaria, las calificaciones están menos influidas por el nivel socioeconómico que en la mayoría de Europa.
Un sistema de elección controlada
Como se ve, los datos que presentan Save The Children y ESADE sobre la segregación en las escuelas españolas son bastante matizables. Ahora bien, eso no quita que la tensión entre la equidad y el derecho de elección de centro existe, en España y en casi cualquier país, por lo que la propuesta del estudio de intentar equilibrar estos dos valores resulta interesante.
La mayor parte de la segregación no se produce inter-redes (pública frente a concertada), sino intra-redes
También lo es que los autores no centren sus iniciativas en limitar a la escuela concertada, aunque alguna de las medidas propuestas sí incidiría sobre ella. Como recuerdan citando datos de PISA, la segregación escolar inter-redes (es decir, entre centros de gestión pública y privada) solo explica entre el 20% y el 25% de la segregación total. El resto se produce intra-redes: entre colegios públicos, o entre concertados o entre privados. Por ello se recomienda no convertir la cuestión de la equidad en una “batalla por la legitimidad”, en la que “ambas redes atribuyen sus males a la existencia de la otra, lo cual acaba minimizando los retos estructurales que ambas afrontan”.
Por otra parte, un informe de la Comisión Europea de 2020 señalaba que no hay relación entre el tamaño de la red concertada en un país y su nivel de equidad escolar. Sí hay más segregación, en cambio, cuanto más diferente es el marco que regula la admisión en estos centros con respecto a los públicos.
Por todo ello, el estudio de Save The Children y ESADE plantea ocho medidas para lograr un sistema de “elección controlada”, lo que significa respetar la libertad de los padres pero a la vez establecer mecanismos de prevención y de corrección de la eventual desigualdad generada.
Discriminación positiva a las familias desfavorecidas
El primero consiste en la discriminación positiva de las familias con menor poder adquisitivo en el proceso de admisión. En concreto, aumentar el peso de los criterios socioeconómicos y eliminar los puntos por antiguos alumnos en la familia y los que la escuela puede otorgar de forma discrecional, que suelen beneficiar a las familias más acomodadas. En este sentido, un estudio reciente de FEDEA señala que la reforma del baremo de admisión en Madrid en 2012 y 2013, que iba en la dirección contraria a la propuesta, aumentó la segregación socioeconómica un 3%, y la étnica, un 13%.
El estudio propone favorecer a las familias pobres en la admisión, informar mejor de las opciones existentes y aumentar la financiación de la concertada
La segunda reforma supondría crear una doble lista de admisión, una para alumnos desaventajados y otra para los demás. A cada una se le aplicarían los criterios definidos, y si sobran plazas, se pasarían a la otra. En definitiva, se trata de disminuir la competencia para las familias con menos recursos. Según dicen los autores, esta reforma ya se ha aplicado con éxito en Flandes (Bélgica).
En tercer lugar, habría que mejorar la información y el acompañamiento a las familias en la elección de centro. Los estudios sobre el tema señalan que las de escasos recursos económicos cuentan con menos datos: suelen tener una red social más pequeña, buscan menos en Internet y acuden con menor frecuencia a visitar las escuelas. Por ello, y porque son las más perjudicadas por la segregación, sería importante centrarse en ellas.
Sin embargo, la principal recomendación del informe en este punto es luchar contra los prejuicios de las familias acomodadas, que frecuentemente rehúyen algunas escuelas por la composición de su alumnado (concentración de estudiantes extranjeros o de bajo nivel económico) sin conocer su proyecto educativo o su nivel académico. Siendo esto deseable, sería interesante poner el foco en aumentar las posibilidades reales de los padres con menos recursos, que son los que más lo necesitan.
Gestión de la “matrícula viva” y financiación de la concertada
La cuarta recomendación tiene que ver con la gestión de la llamada “matrícula viva”: los alumnos que, por distintos motivos, se escolarizan una vez empezado el curso, y que suelen tener un perfil desaventajado. Muchas veces, estos estudiantes son asignados a centros que ya concentran un alumnado de este tipo, y que, en parte por ello, suelen tener plazas vacantes. Los autores apuestan por evitarlo, quizás reservando para matrículas vivas las plazas adicionales que las leyes permiten en casos extraordinarios. Otra opción sería dar prioridad a los colegios con estudiantes de perfil alto en la adjudicación de la matrícula viva.
La quinta propuesta sí está específicamente dirigida a la red concertada. El informe propone retirar las barreras para que estas escuelas puedan matricular a un alumnado más diverso. Sobre esto, algunos estudios muestran que estos centros atraen a un perfil de estudiante socioeconómicamente aventajado, aunque otros cuestionan este dato. En este punto, los autores piden controlar el cobro de cuotas excesivas, pero al mismo tiempo reconocen que “la inversión pública en la plaza escolar es insuficiente para cubrir el coste de prestación del servicio en condiciones de equidad y calidad sin necesidad de copago”. Hay que recordar que España es el país europeo donde los padres tienen que invertir más dinero de su propio bolsillo durante la educación obligatoria.
Como señala el informe, sería interesante explorar lo que sucede en lugares como los Países Bajos, donde esta red está muy extendida (aproximadamente el 65% de alumnos estudian en ella) y no se aprecia una brecha socioeconómica respecto a los centros públicos.
Recursos humanos, algoritmos y oferta escolar
En sexto lugar, el informe propone incentivos para repartir mejor los recursos materiales y humanos entre escuelas (de la misma o de distinta red). Especialmente interesante son los mecanismos para atraer –y retener– a los mejores profesores en los centros más necesitados, como el Pupil Premium de Reino Unido, que proporciona una cuantía extra de dinero público a una escuela por cada estudiante beneficiario de beca comedor, dinero que puede gastarse en salarios. Otra forma de atraer buenos profesores es fomentar la autonomía curricular de los centros, de forma que puedan diseñar proyectos educativos propios, al estilo de las magnet schools en Estados Unidos, que han demostrado un efecto desegregador.
La séptima propuesta consiste en modificar el algoritmo que rige la asignación de plazas en España, conocido como “sistema de Boston”. Este asigna tantos estudiantes como sea posible a la primera opción señalada por las familias, y solo después considera las otras opciones. Así pues, no acceder a la plaza preferida lleva asociado un riesgo elevado de acabar en un centro con plazas vacantes, no necesariamente de los señalados, lo que acentúa el comportamiento estratégico de las familias. Esto beneficia a las más aventajadas, que tienen mejor información de los “trucos” del sistema, y que frecuentemente pueden permitirse el riesgo de jugarse todo a la primera opción, ya que si no consiguen plaza allí, pueden pagarse un centro privado.
La última recomendación es igualar en lo posible la diferente oferta de los colegios en cuanto a la jornada y los servicios escolares (comedor, guardería, instalaciones deportivas, etc.), lo que muchas veces provoca una segregación indirecta. El tipo de jornada –intensiva, como en la mayoría de escuelas públicas, o partida, como en la mayoría de las concertadas– es un elemento clave para muchas familias, cuyo deseo de conciliación implica tener que pagar un comedor.