Pedro Sánchez con Ursula von der Leyen en el Consejo Europeo extraordinario del 31-05-2022 (CC La Moncloa-Gobierno de España)
El próximo 1 de julio, España asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE), hasta fin de año. Esta presidencia del Consejo de la UE, que se turna entre países por períodos de seis meses (por lo que, en la Europa de 27, cada capital la ejerce una sola vez en 13,5 años), se remonta al comienzo del proceso de integración: el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero estableció un mandato trimestral para el Consejo Especial de Ministros (que daría lugar al Consejo de la UE). Posteriormente sería extendido a la cadencia vigente respecto de los Consejos de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) con los Tratados de Roma en 1957.
Hoy, este encabezamiento Estatal dirige las reuniones del Consejo de la UE (en casi todas sus configuraciones ministeriales), asegurando –sobre papel, por lo menos– el buen funcionamiento de lo que es el principal órgano de decisión de la Unión, junto con el Parlamento. También fomenta la coordinación entre socios comunitarios y con el resto de instituciones.
Madrid estará 184 días al timón de nuestro barco de futuro. El mandato coincidirá con el último semestre “operativo” del Parlamento Europeo (PE) y la Comisión Europea (CE) antes de las elecciones parlamentarias en junio de 2024, convirtiéndose así en una “presidencia escoba”: intentará “barrer” (cerrar) los expedientes que quedan sobre la mesa. Además de cuestiones puramente institucionales, está la sombra de Hungría, que debería presidir el crucial segundo semestre de 2024 (tras la próxima presidencia belga) –se espera que el PE adopte esta semana una resolución cuestionando la capacidad de Budapest de asumir el papel “dado su incumplimiento con el derecho UE y los valores consagrados en el Artículo 2 del TUE, y el principio de la cooperación sincera”–. Y se suman, a este periodo ya, por sí, extremadamente complicado, los retos internacionales: los preparativos de la participación común en la 28 edición del encuentro climático anual de Naciones Unidas en Dubai; el diálogo con Washington acerca de las implicaciones de su Ley de Reducción de la Inflación –y nuestra respuesta, la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas–; o las tensiones entre EEUU (y, por extensión, la UE) y China; todo ello, con la guerra de desgaste en Ucrania y su posible escalada de telón de fondo.
En esta tesitura, Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas para el 23 de julio, acortando en cinco meses el plazo ordinario. Fecha que le permite lanzar la Presidencia de España de la UE y cabildear en la cumbre de la OTAN (11 y 12 de julio), antes del sprint final electoral.
En principio, todo apunta a que se mantendrá el calendario de eventos de la Presidencia del Consejo de la UE que circulaba antes del anuncio sorpresa de Moncloa. Destacan, entre los ya agendados, y en plena campaña electoral: una visita del Colegio de Comisarios a Madrid del 6-7 de julio; la comparecencia de Sánchez ante el PE en Estrasburgo el 13; la Cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe), fijada para el 17-18 en Bruselas; y el 15 sesión plenaria de la Asamblea EuroLat (la dimensión parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea-América Latina y Caribe), que está prevista para el día después de las elecciones –se supone que con participación de la Diputación Permanente–.
Se esperaba que Sánchez capitalizara su capacidad de mediación en un momento de tensión en las relaciones del Consejo Europeo (grupo de los 27 jefes de Estado o Gobierno que marca, a grandes rasgos, las orientaciones políticas de la UE) con la CE (órgano ejecutivo). El enfrentamiento entre Charles Michel, quien dirige el primero, y Ursula von der Leyen, quien lidera el último, lleva tiempo en auge, por lo que el excelente entendimiento de nuestro presidente con cada uno de ellos (en particular, la jefa de la CE) podría servir para “limar asperezas”. Sánchez también podría –debería– aprovechar su historial con los maquinistas del “motor europeo”: unió a Macron y Scholz en enero –a pesar de su discordia reciente– en el proyecto del H2Med, que construirá un corredor de hidrógeno desde la península Ibérica a Alemania. El calendario electoral imprime un interrogante en todos estos campos: podría acabar en un traspaso de poderes y, en la mejor de las hipótesis, una ejecutoria comprimida en la mitad de su duración teórica.
A esta luz, cabe preguntarse por qué, rompiendo con la tradición, Moncloa ha ofrecido tan pocos datos de sus prioridades, mientras el calendario no deja de ser extraordinariamente esquemático. Hasta ahora, la Presidencia española no ha proporcionado sino un goteo de información. Tan solo podemos intuir –incluido del borrador del documento discutido por la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre la Unión– en qué temas se centrará.
Entre las grandes cuestiones, de alta primacía debería ser la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estas reglas fiscales que rigen la Unión Económica y Monetaria de la UE han estado suspendidas desde mayo de 2020 a raíz de los estragos causados por el COVID. La CE ha anunciado que retomará la vigilancia de los déficits a partir de 2024; ahora, queda por definir cómo lo hará. Su propuesta de abril mantiene los umbrales del 3% de déficit público y el 60% de deuda cimentados por el Tratado de la UE, pero plantea negociar una reducción individualizada con cada capital (muy a pesar del austero gobierno alemán). En esta misma línea, está el refuerzo de nuestro mercado interior, que, 30 años después de su creación, ha vuelto a ser territorio de frontera ante la carrera de subvenciones que se está produciendo, amenazando con socavar las bases de nuestro proyecto.
Madrid también debería ser quien buscara resolver los puntos pendientes del Pacto de Migración y Asilo que se presentó en 2020, estancado desde entonces. Una tarea hercúlea, teniendo en cuenta que, de los 11 apartados que lo componen, solo 5 han sido adoptados (o están de camino a la adopción). La dificultad de llegar a un acuerdo en este ámbito refleja las sensibilidades que lo rodean, que, a su vez, se originan en las diversas realidades políticas en la UE. Encontrar un balance “entre los principios de responsabilidad y solidaridad”, tal y como ha propuesto España, sería necesario para acordar una política común.
Asimismo, la reforma del mercado eléctrico europeo debería ocupar un lugar central en la agenda española, tras la propuesta por la CE en marzo –en línea con su legislación insignia del Green Deal e impulsada por la guerra en Ucrania lanzada por el Kremlin–. Dicha reforma trabajaría en la consolidación de la transición energética (según la CE, fomentando las renovables y reduciendo el gas natural), sin perjuicio de buscar eliminar las dependencias agudas que muy hábilmente ha sabido instrumentalizar el presidente ruso. Más ampliamente, Sánchez ha fijado el objetivo de promover la llamada Autonomía Estratégica Abierta –que ha cobrado especial importancia en el último año– mediante una acción intergubernamental para identificar “vulnerabilidades estratégicas” en áreas clave (además de energía, en alimentación, salud, y tecnologías digitales) y una reunión informal del Consejo Europeo en octubre dedicada al tema.
Pero quizá el terreno donde mayor valor añadido podría aportar España es en la proyección exterior de la UE en el denominado “Sur Global”. Nuestra relación privilegiada con la “Vecindad Sur” –está prevista una cumbre euromediterránea en noviembre– y con América Latina –cuyo esperado encuentro se celebrará tras un parón de 8 años– le confiere a Madrid cierta legitimidad y ventaja que debería aprovechar para concluir la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Mercosur. Estrechar lazos con ambas regiones, más allá de sus implicaciones políticas, tendría consecuencias comerciales importantes por las materias críticas que albergan (paradigmático es el caso del litio: el 60% de las reservas totales está repartido entre Argentina, Bolivia y Chile). Y a pesar de la creciente huella de China, la UE sigue siendo el principal inversor en países latinoamericanos.
Notable es la ausencia en estas confusas propuestas de cualquier mención al Imperio del Medio, que se ha colocado –junto con Rusia– a la cabeza de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea. La relevancia de China, y de su intento de remodelar el orden global para introducir “características chinas” de modo que el grupo prime sobre el individuo, la seguridad sobre la libertad y los derechos de éste, es innegable. Aun así, el bloque de 27 es incapaz de adoptar una posición común frente a Pekín: tras un largo historial de equilibrismo en la cuerda floja entre EE.UU. y China, no tenemos claro el camino a seguir. Se perfilan, aparentemente, dos opciones mutuamente excluyentes: el crecimiento económico que espejea de la mano de Xi (opción preferida por el presidente Michel); o el fortalecimiento del vínculo transatlántico y, por ende, la seguridad (elección de la presidenta Von der Leyen). Una eficaz mediación por parte de Madrid podría ser clave para desbloquear el estancamiento –justo lo que parecía apuntar la cacareada visita de Sánchez a Pekín a finales de marzo–.
Habrá que confiar en los equipos negociadores que conforman, desde la excelencia, los altos cuerpos de la administración del Estado. Sin duda, harán todo lo que esté en sus manos para avanzar en estos temas que tanto nos interpelan como Unión. Pero será más complicado avanzar ante la circunstancia electoral que acarrea un vacío de liderazgo –al menos temporal–, en un momento en el que la Historia se hace por semanas, si no por días. No nos podemos permitir –ni la UE, ni España tampoco– que esta Presidencia no responda a los imperativos del momento.