El Royal College of General Practitioners (RCGP), entidad que agrupa a más de 50.000 médicos de familia en el Reino Unido, ha preguntado a sus miembros acerca de un tema de actualidad: si apoyar o no una hipotética legalización del suicidio asistido o la eutanasia. Y la respuesta mayoritaria ha sido mantenerle cerrada la puerta.
A finales de febrero, la organización dio a conocer el resultado de la consulta, en la que participaron algo más de 6.600 miembros: el 47% se opuso a modificar la postura actual de la asociación, que rechaza ya esa práctica, frente a un 40% de consultados que sí se inclinó por establecerle un marco regulatorio. El 11% restante pidió que el RCGP adoptara una política de neutralidad ante una propuesta en ese sentido.
El Consejo Directivo de la organización ha ratificado, por tanto, su postura negativa sobre un asunto que no genera consensos. “El suicidio asistido es un tema controversial, lo que ha quedado reflejado en las respuestas a nuestra consulta”, señala el Dr. Martin Marshall, actual director del Colegio, para quien el resultado ha sido “de ayuda” para fijar la mencionada posición, que se mantendrá sin cambios al menos durante los próximos cinco años. La última vez que hubo una votación interna sobre esto fue en 2013, con el mismo efecto.
El 47% de los consultados por el RCGP se opuso a modificar la postura institucional de rechazo a la eutanasia, frente a un 40% de quienes favorecerían la legalización
“El papel del RCGP ahora es asegurar que cada paciente reciba los mejores cuidados paliativos y de final de la vida”, añadió, evidenciando que el lema de la organización, Cum Scientia Caritas (“Ciencia y caridad”), mantiene inalterado su sentido.
Los paliativos “no siempre están disponibles”
Otra entidad local que ha sometido a consulta la cuestión del suicidio asistido y la eutanasia es la British Medical Association (BMA), el sindicato de médicos, con unos 160.000 profesionales afiliados.
La postura de la BMA, desde la década de 1950, ha sido oponerse a esas prácticas, si bien tuvo un pequeño paréntesis –entre 2005 y 2006– en que optó por la neutralidad. En 2016, un proyecto que avalaba la vuelta a una postura “neutral” no prosperó.
En 2019, durante su conferencia anual, la BMA decidió someter a sus miembros la cuestión de si se debería legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. El resultado se dará a conocer en la próxima asamblea anual en junio de 2020, pero la asociación avisa: sea este cual fuere, no servirá para cambiar la negativa hoy en vigor, sino que será un elemento más para el debate.
De momento, la organización se opone a cualquier intento de introducir la eutanasia en Reino Unido, y piden que, si se legalizara, “debería haber una clara demarcación entre aquellos médicos que se implicaran y los que no”.
Si en algo hay que poner énfasis, según ellos, es en dotar de más recursos a los cuidados paliativos, dado que “no siempre están universalmente disponibles, y algunos grupos tienen muy escaso acceso a ellos”.
El ejemplo canadiense
Tanto el Colegio de Médicos de Familia como la BMA han recibido fuertes presiones, hasta ahora infructuosas, para que cedan y no pongan obstáculos a la eutanasia.
En 2019, la campaña My Death, My Decision (Mi Muerte, Mi decisión) encargó una encuesta encaminada a poner entre la espada y la pared al RCGP, que en aquellos momentos se disponía a comenzar su consulta interna. Según los datos del grupo proeutanasia, hasta el 88% de los entrevistados (la muestra fue de 2.500) se habían declarado favorables a que se ayudara a una persona a poner fin a su vida si en algún momento comenzaba a padecer demencia y previamente había dado a conocer que esa era su voluntad.
Pero los médicos tienen claro que la aceptación de la eutanasia y el suicidio asistido puede dar pie a que se desvirtúe la esencia de la vocación médica, que es cuidar enfermos. En respuesta a un entusiasta de la eutanasia y el suicidio asistido, un especialista canadiense afirmaba en el British Medical Journal que la idea que les vendieron de este era que sería un procedimiento “raro”, algo que harían muy pocas veces. Pero al año de legalizado (lo fue en 2016), ya habían fallecido miles de personas, y casi todos los casos no mediante la autoadministración de la droga letal (el suicidio asistido), sino por la ejecución de todo el procedimiento por el personal médico (eutanasia). La tasa de estas muertes “ha seguido subiendo, mientras que la financiación de los cuidados paliativos ha ido cayendo en varias provincias”, denunciaba.
Según explica Mark Pickering, director de la asociación británica Christian Medical Fellowship, “la experiencia reciente de Canadá muestra cómo la cultura médica puede rápidamente cambiar una vez que cambia la ley. La legislación canadiense ya está empujando hacia los límites; después de solo tres años ya está quitando de en medio las referencias iniciales a enfermedades terminales y ampliándose rápidamente, lo que debe despertar preocupación en el Reino Unido”.