Sydney. El estado australiano de Victoria tiene una primicia mundial: una ley, recién aprobada, que obliga a médicos y enfermeras a participar en abortos, aun contra su conciencia. Los médicos objetores tendrán que remitir a la mujer que quiera abortar a un colega que no tenga reparo. En caso de “aborto de emergencia” -cosa que no se sabe bien qué es-, tendrán que hacerlo ellos mismos, a despecho de su oposición moral. Las enfermeras estarán en peor situación aún, pues no podrán negarse a intervenir en un aborto si se lo ordena su superior.
La pena no se especifica, pero no hay duda de qué pasará. Los objetores no irán a la cárcel, pero serán privados de la licencia para ejercer. Los disidentes serán expulsados del sistema sanitario de Victoria como en una versión laboral de la limpieza étnica.
Lo peor de esta ley es que legaliza la eliminación de vidas humanas indefensas e inocentes. Desde ahora, una mujer puede abortar a discreción dentro de las primeras 24 semanas de embarazo, y más tarde si obtiene el refrendo de dos médicos. En Victoria ya mueren unos 20.000 no nacidos al año por causa de una laguna de la ley anterior.
Pero corromper la profesión médica forzando a cooperar en ello es una clara violación del derecho humano, universalmente reconocido, a la libertad de conciencia. No hay otro lugar del mundo donde exista una ley tan draconiana. La Comisión para las Reformas Legales de Victoria, en su dictamen favorable al proyecto, no dedicó más que siete escuetos párrafos a la objeción de conciencia. No señaló que casi todos los estados norteamericanos reconocen a algunos profesionales de la salud el derecho a rehusar intervenir en abortos, y aun a rehusar remitir a otros colegas. En los estados sin reconocimiento explícito de este derecho, los médicos están amparados por las leyes contra la discriminación por motivo de religión.
Según la organización canadiense Protection of Conscience, solo Eslovenia exige a los médicos que remitan a la mujer a un colega dispuesto a practicar el aborto. Pero incluso allí existe otra opción. El médico objetor puede advertir al hospital de su postura, y entonces la obligación de remitir a otro médico pasa al hospital.
Los parlamentarios de Victoria que se pelearían por ser fotografiados firmando un manifiesto a favor de la libertad de conciencia de budistas tibetanos la han aplastado en su propio país. Hace solo dos años aprobaron una Carta de Derechos y Responsabilidades Humanas que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia, religión, creencia y expresión sobre cualquier tema… excepto, asombrosamente, el aborto.
Hasta la organización Liberty Victoria se opone con vehemencia a que se dé libertad de conciencia a los profesionales de la salud. Este autonombrado custodio de los derechos civiles dijo a la Comisión sobre Reformas Legales que “las objeciones morales o éticas subjetivas no merecen protección legal explícita”. Su lema es “El precio de la libertad es la eterna vigilancia”, pero sus perros guardianes se durmieron durante el debate sobre el aborto.
Solo una cosa buena tiene esta vergonzosa ley: ha mostrado al mundo que la postura pro-choice es una ideología rígida, profundamente antidemocrática y totalitaria. Para los abortistas, el contenido de la elección es completamente indiferente: la elección no necesita justificación moral ni médica. El debate, el diálogo, la negociación, el compromiso no les importan. Y como no están abiertos a la discusión racional, usan la fuerza política bruta para salirse con la suya.