Los «petrodólares», fuente de inestabilidad y caldo de cultivo de la corrupción
Lagos. Al gobierno de Nigeria no le falta dinero. En las últimas décadas las ventas de petróleo y gas han reportado ingresos sin precedentes. El presupuesto nacional y los de los estados han crecido de manera notable, pero casi todo se esfuma. Después de los pagos del personal administrativo y del ejército, las inversiones en proyectos de mejoras de infraestructuras se desvanecen.
La cancelación de parte de la deuda, los ingresos de las ventas de crudo y gas, así como el crecimiento espectacular del servicio de teléfonos móviles, que pasan ya de los 17 millones, son ciertamente signos de esperanza.
Pero los nigerianos se encuentran todavía sin suministro estable de electricidad, agua potable y carreteras transitables. Y es que mientras la población y las actividades económicas han crecido a buen ritmo, la provisión de esos servicios, que son responsabilidad del gobierno, en lugar de crecer ha disminuido de modo alarmante. En la ciudad de Lagos, puerto y centro comercial, la compañía estatal de electricidad ha reducido el suministro a menos de cinco horas diarias, con el agravante de que el servicio es epiléptico y caótico, pues los cortes ocurren en cualquier momento.
La falta de abastecimiento de agua ha hecho surgir a centenares de productores de agua potable embotellada o simplemente empaquetada en bolsas de plástico que distribuyen y venden por todas partes. Los desperdicios obstruyen las entradas de las alcantarillas, lo que en periodo de lluvias contribuye al deterioro de las calles. La falta de agua en buenas condiciones hace que entre la gran mayoría de la población -que no puede comprar la que ofrecen los comerciantes- se difundan el tifus y la disentería. Las universidades, escuelas, hospitales y demás instituciones se hunden por falta de fondos.
Se necesitan inyecciones masivas de capital en infraestructuras y en educación, y un gobierno decidido a proteger los derechos de propiedad y la seguridad para atraer inversores. Sin embargo, el gobierno continúa dilapidando los recursos del petróleo en beneficio propio. La concesión de licencias y contratas a cambio de comisiones y la compra de votos que perpetúa en el poder a los dirigentes corruptos impiden que el país se desarrolle.
Son los problemas de una nación rica en petróleo. ¿Adónde van tan espectaculares ingresos, por encima de todas las previsiones presupuestarias? Nigeria no ha conseguido ofrecer las garantías de estabilidad y de buen gobierno que atraigan inversores. No se desarrolla. La corrupción aumenta de manera galopante. Antiguos jefes militares y políticos actualmente en el poder siguen llevándose cuantiosos fondos a bancos europeos, aunque se hayan hecho algunas denuncias más por motivos políticos que con verdadera intención de atajar el escándalo.
Tensión en la región petrolífera
Lo que ocurre en el Delta de Nigeria, donde se extrae el crudo y el gas que el país exporta, es otro ejemplo de injusticia y de la corrupción de los líderes en el poder. La región que produce las riquezas de la nación ha sido abandonada durante décadas, mientras los políticos del gobierno central y de sus propios estados se repartían los beneficios. La situación es tensa. En los últimos meses se están dando ataques contra las instalaciones petrolíferas de la zona, así como secuestros de empleados extranjeros.
En el Delta trabajan, con licencias del gobierno, las multinacionales Shell, Mobil, Total, Elf, Texaco y otras más pequeñas. Hay también compañías nacionales, y el mismo gobierno, a través de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), participa en los beneficios de las grandes compañías a cambio de aportar un 40% del capital.
Pero a consecuencia de la incesante explotación, las tierras y aguas de la costa del Delta se han contaminado. Sus habitantes, dedicados tradicionalmente a la pesca y a la agricultura, se han visto obligados a abandonar en gran parte estas actividades.
Las diferentes etnias de la zona del Delta, por ser minoritarias en el conjunto del país, no han tenido nunca poder político. Se sienten explotadas por el gobierno central, porque aunque de sus tierras y costas se extrae el 90% de la riqueza del Estado nigeriano, su región no se ha desarrollado.
Las compañías extranjeras son conscientes de su responsabilidad en la degradación del ambiente, y se hacen cargo de compensar a los habitantes con la construcción de escuelas, hospitales, pozos de agua, carreteras, etc. También dan becas a estudiantes de la zona, hasta el punto de que ninguno que consiga ser admitido en la universidad queda sin beca. Muchos encuentran empleo en las diferentes actividades que las compañías generan.
El Delta pide más
Sin embargo, tanto el gobierno federal como los de los estados del Delta han hecho muy poco por el desarrollo de la zona. Los secuestros y los ataques a las instalaciones petrolíferas son el modo que tienen las etnias de la zona para llamar la atención mundial y conseguir más peso político; por ejemplo, ya han logrado que un 12% de los beneficios del petróleo y del gas vuelva a sus estados para compensarles de la degradación del medio ambiente.
Pero quieren más. Ahora piden un cambio en la Constitución para quedarse con el 50% y eventualmente para «controlar» sus recursos y pactar con el gobierno central la suma que enviarán para contribuir a los gastos generales del Estado. Esto es impensable para la clase dirigente del país, dominada por la etnia hausa-fulani del norte, porque el norte vive en buena parte de los ingresos del petróleo. Las diferentes etnias de la región del Delta, muy diversas e históricamente enfrentadas entre sí, se están uniendo ahora contra el Estado federal.
Encontrar una fórmula para distribuir entre los 36 estados de Nigeria los ingresos del petróleo ha sido una de las más debatidas cuestiones políticas. Según la actual Constitución, las riquezas minerales del subsuelo son propiedad de la república federal, que reparte los ingresos de acuerdo con una fórmula: 50% para el Estado federal, el 30% para los 36 estados, el 20% para los 380 gobiernos locales; mientras que los estados de donde se extrae el petróleo reciben antes del reparto un 12% de los ingresos que producen.
Si estos ingresos se administraran mejor, la zona se habría desarrollado más y habría menos protestas. Pero la corrupción en la administración de los estados y del gobierno central es el problema que impide el desarrollo.
Tampoco se debe olvidar que los líderes de los «rebeldes» del Delta son frecuentemente los mismos políticos que, con su corrupción, impiden la buena administración de los recursos. Muchos de estos grupos de militantes son simplemente bandoleros que van a por el botín. Estos grupos están mejor armados que la policía y que el mismo ejército, y se mueven en un laberinto de selvas de las rías del Delta que los extraños no se atreven a traspasar. Así, aunque el gobierno federal envíe al ejército en expediciones punitivas, la solución militar no conduce a la paz social, sino que alimenta conflictos de mayor violencia, como advierten los obispos en su reciente declaración.
Un tercer mandato para Obasanjo
Con este balance ambivalente al final del segundo mandato -y último permitido por la Constitución-, obtenido en las elecciones de 2003, el gobierno actual está promoviendo una apresurada reforma constitucional que haría posible un tercer mandato de cuatro años. El presidente, el general Olusegun Obasanjo, no ha dicho que tenga intención de presentarse de nuevo a las urnas, pero con su tácito consentimiento su partido sigue maniobrando para cambiar la Constitución. Estas maniobras, encabezadas por los leales colaboradores de Obasanjo, han conseguido ya que se apruebe un proyecto de reforma que incluye la opción a un tercer mandato. Un comité del Senado ha completado su estudio sobre la conveniencia de las enmiendas, y ahora sólo queda una aprobación formal por dos tercios de la asamblea nacional y de los estados.
La cuestión ha encendido la alarma. Se teme que estas enmiendas se aprobarán, gracias a la mayoría aplastante del partido en el gobierno, y abrirán el paso para futuras reformar que permitan a Obasanjo gobernar de por vida.
Si Obasanjo se saliera con la suya, sentaría un precedente más en el África subsahariana que afectaría a la estabilidad de otros países vecinos. Portavoces del gobierno norteamericano han manifestado preocupación por las maniobras para romper las limitaciones constitucionales al ejercicio del poder; el gobierno británico ha declarado que los nigerianos deben decidir al respecto con libertad.
Los obispos católicos, en su última reunión plenaria, se pronuncian en contra: «Cuando el presente gobierno fue elegido por el pueblo para cuatro años, había unos límites constitucionales a su mandato; cambiar las reglas del juego a mitad del camino es deshonesto».
Sobre las recientes revueltas que llevaron a la matanza de cristianos y a la quema de iglesias (ver Aceprensa 23/06), los obispos señalan que las fuerzas de seguridad no cumplieron su misión de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos, y ello es responsabilidad del gobierno. «Cuando un gobierno no está a la altura de sus obligaciones en asuntos como este, provoca al pueblo a tomar la ley en sus manos. Invita al caos», continúa el comunicado.
«En los musulmanes que acogieron a fugitivos cristianos vemos esperanza. En los cristianos que acogieron a refugiados musulmanes vemos esperanza», afirman los obispos. Pero no dejan de apelar al gobierno para que se haga justicia: «Nadie debe sentirse extranjero e inseguro en ninguna parte de su país», añaden en una clara referencia a la discriminación que sufren los cristianos en el norte.
Jide Martins