Amsterdam. En 2001 se admitió en Holanda el matrimonio civil para personas del mismo sexo. Entonces se acordó tolerar la objeción de conciencia de los funcionarios cuyas convicciones fueran contrarias al matrimonio gay, siempre y cuando estas parejas pudiesen encontrar en el ayuntamiento quien les casase. Pero este respeto a la objeción de conciencia corre el riesgo de desaparecer.
El partido de los Verdes y la mayoría de la oposición instó a los liberales, VVD y al partido populista PVV –que forman parte de la coalición gubernamental– a votar en contra de la posibilidad de objetar por parte de funcionarios que no quieran casar a parejas del mismo sexo por principios religiosos. El funcionario que no quiera realizar tal ceremonia, que se busque otro trabajo. El tercer partido de la coalición, CDA, democristiano, ha pospuesto la votación dirigiendo una consulta sobre la cuestión a los Estados Generales (Parlamento).
El alcalde de la ciudad de Goringen, en cuyo ayuntamiento trabaja el funcionario causante de la conmoción parlamentaria, se ha manifestado a favor de la posibilidad de negarse a tal servicio, calificando esta actitud justamente de ejemplo de tolerancia. Piet Ijssels afirma en una entrevista concedida esta semana al diario NRC Handelsblad: “Yo también puedo casar a parejas. Soy socialista de tendencia anarquista y no creyente. Imaginemos qué pasaría si vienen dos novios al ayuntamiento, de esos típicos protestantes muy rígidos para quienes la mujer es inferior al hombre, y no quiero casarles. ¿Podría objetar?”
El alcalde se pregunta si la Segunda Cámara no se está pasando en sus atribuciones. “La Cámara es responsable de ejercer vigilancia sobre los ayuntamiento y no sobre cada funcionario individual”. Además espera que el gobierno sea tolerante y facilite la convivencia entre todas las minorías existentes en el país, y que sea el primero en no discriminar y en dar ejemplo de tolerancia.
Otra reacción extrema frente a la libertad de objeción de conciencia o simplemente ante la decisión del médico de no aplicar la eutanasia es la de la asociación a favor de la eutanasia libre, NVVE. Según cifras oficiales, de las 10.000 peticiones anuales de adelantar la muerte natural, ocurre que en 3.500 de los casos el médico rechaza el deseo del paciente.
Para la presidenta de la citada organización, Petra de Jong, los médicos que se niegan lo hacen por motivos de conciencia, porque son rígidos o porque son unos ignorantes que no conocen la ley y tampoco ayudan al paciente a dirigirse a otro colega. La solución que propuso De Jong al parlamento es crear una clínica para la eutanasia. El colegio de médicos considera las opiniones de la presidenta irreflexivas y la idea de la clínica, impulsiva.
Ante tal reacción, ahora la NVVE habla de crear un equipo ambulante que vaya ofreciendo los servicios de eutanasia a domicilio. El colegio de médicos sigue en contra de estas soluciones, porque tales facultativos ni siquiera podrían estar en condiciones de conocer a fondo al paciente sin un trato previo: “Un contacto de larga duración entre médico y paciente es condición necesaria para tomar una decisión sobre el deseo de eutanasia y cuando un médico se ha negado a aplicarla, esa opinión tiene peso”, dice el colegio.
Cees Hertoogh, profesor de geriatría de la Universidad Libre de Amsterdam, recuerda en este debate que la ley de la eutanasia es una protección para el médico y no un derecho del paciente.