La cuestión más polémica en el IV Foro Mundial del Agua (México, 16-22 de marzo) fue si debía proclamarse que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, como propusieron Bolivia, Cuba y Venezuela, finalmente sin éxito. Pero tampoco se impuso la otra postura extrema, que considera el agua como una mercancía más, cuya provisión debe confiarse al mercado. En la declaración final se optó por un enfoque más flexible, que subraya el imprescindible papel de las autoridades y también la conveniencia de movilizar recursos públicos y privados para financiar el abastecimiento de agua, según la fórmula más adecuada a cada caso.
El derecho al agua está inscrito en algunas constituciones, como la de Sudáfrica. En teoría, cada sudafricano tiene derecho a 25 litros de agua gratis al día. En la práctica, un cuarto de la población aún carece de acceso a las redes de suministro.
Si unos mil millones de personas en el mundo no tienen asegurada la provisión de agua potable, no es por escasez de agua, sino sobre todo porque faltan sistemas de distribución y tratamiento, como se ha reconocido en este Foro y en ediciones anteriores. Como subrayó Katherine Sierra, representante del Banco Mundial, en los países en desarrollo con problemas de agua (en África, Latinoamérica y Asia meridional) siguen pendientes las grandes inversiones en infraestructuras que ya hace mucho tiempo realizaron los países desarrollados para garantizar el suministro. Y no se ha de olvidar que es imprescindible gastar también en gestión y mantenimiento, pues de otra forma las infraestructuras resultan inútiles.
En fin, el acceso al agua tiene un coste: ¿quién lo paga? Si no se tiene esto en cuenta, proclamar un derecho fundamental al agua es como regalar un cheque sin fondos. Por ejemplo, según cálculos de la Agencia Francesa para el Desarrollo, llevar el agua a un nuevo usuario en la periferia de una ciudad de África occidental cuesta entre 100 y 150 euros; además, los gastos de gestión suben unos 50 céntimos al año por cada hogar adicional. Por eso, en un país en desarrollo, servir agua gratis o muy subvencionada solo beneficia a los que ya están conectados a la red. Los otros, que por lo general son los más pobres, tienen que comprar agua envasada o de cisternas a precio muy superior.
De ahí que, en opinión de Antoine Frérot, director general de la compañía de aguas francesa Veolia-eau, la discusión sobre el derecho al agua debe centrarse en la financiación y gestión del servicio (cfr. «Le Monde», 17-03-2006). Los responsables de asegurarlo, dice, no pueden ser otros que las autoridades locales. Pero deben tener autonomía para determinar el modo de hacerlo, recurriendo a operadores públicos o privados y combinando todas las fuentes de financiación posibles: usuarios, impuestos, ayudas del exterior… más o menos como ha señalado la declaración final del Foro.
El Foro ha servido también para revisar la evolución de los últimos años. Uno de los objetivos marcados por la ONU en la Cumbre del Milenio era reducir a la mitad hasta 2015 el número de personas sin abastecimiento de agua potable y el de las que no tienen servicios de saneamiento (unos 2.500 millones). La segunda meta sigue estando lejana, pero la primera se puede alcanzar, sobre todo merced a los grandes progresos conseguidos en China. Ha habido también otras notables historias de éxito. Desde 2001, Marruecos ha extendido el suministro a unos 4 millones de personas más (15% de la población). En Gabón, que hace ocho años pasó a un sistema de gestión delegada, la población con acceso al agua ha crecido del 40% a casi el 70%.
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