Segundo artículo de una serie sobre pobreza
Es llamativo que Philip Alston, comisionado especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema, haya realizado en estos días una visita de trabajo al Reino Unido. Tradicionalmente dedica la mayor parte de su tiempo a países con altos índices de privaciones, para informar después a la ONU. Su visita al Reino Unido es la segunda que hace a un país de la UE, después de la que realizó a Irlanda en 2011. ¿Tan mal están las cosas allí?
Según los criterios de Eurostat, el 22,2% de la población estaba en riesgo de pobreza en 2017, a pesar del crecimiento económico del 1,5% y de una tasa de paro reducida al 4,1%. Pero bajo los gobiernos conservadores, y con las urgencias de la crisis, hubo recortes en los subsidios sociales y se endurecieron los criterios para tener derecho a recibirlos. Así que Alston se ha encontrado con interlocutores que denuncian el aumento de la pobreza infantil, de la gente que recurre a los bancos de alimentos y de los que no pueden pagar la vivienda.
La pobreza es especialmente prevalente en hogares monoparentales, en los que hay algún discapacitado y en aquellos donde nadie tiene trabajo
Pero el modo de medir la pobreza siempre es objeto de polémica. En 2015, para establecer un nuevo índice de pobreza, se creó una comisión independiente, la Social Metrics Commission (SMC), compuesta por políticos y expertos destacados de todo el espectro ideológico.
La SMC estableció un nuevo indicador que fija el umbral de pobreza en el 55% de la mediana de la renta nacional. Pero también tiene en cuenta los principales capítulos del coste de la vida, como la vivienda, el cuidado de los niños y los extras derivados de la discapacidad de alguno de los miembros del hogar. Igualmente valora si la gente tiene otros recursos, en forma de ahorros.
Al tener en cuenta el total de recursos del hogar, la nueva medida redefine el criterio de pobreza. Por ejemplo, una familia con una renta relativamente confortable puede ser incluida por debajo del umbral de pobreza si tiene unos costes inevitables (como la vivienda y el cuidado de los niños) que no les permiten afrontar necesidades materiales básicas. En cambio, un hogar con baja renta pero con un alto nivel de ahorros puede no estar en la pobreza porque puede echar mano del dinero guardado.
Con el nuevo indicador no ha cambiado mucho el número de pobres en el país: 14,4 millones en 2016-17, mientras que con el anterior criterio resultaban 14,3 millones.
Familias frágiles
La pobreza es especialmente prevalente en hogares monoparentales, en los que hay algún discapacitado y en aquellos donde nadie tiene trabajo o cuyos ingresos dependen de empleos precarios.
La SMC concluye que el 12% de la población se encuentra en “persistente pobreza”, si se entiende por tal que en los últimos cuatro años ha vivido por debajo del umbral de pobreza.
La situación de pobreza afectaría a 4,5 millones de niños, lo que supone uno de cada tres. En cambio, con el nuevo índice desciende el número de pobres mayores de 65 años (11% en vez del 16%), lo cual refleja no solo la revalorización de las pensiones, sino también el menor coste de la vida de los jubilados y más altos niveles de ahorro.
Como cabe esperar, según los datos de la SMC, es más probable que los que están por debajo del umbral de pobreza declaren tener mala salud y falta de cualificaciones que los que están por encima. Sin embargo, es menos probable que los pobres beban en exceso o tomen drogas que los que son más ricos, y no hay diferencia en cuanto a la solidaridad familiar.
Para la SMC, los números son menos importantes que comprender la naturaleza de la pobreza. De este modo, la atención de los políticos puede dirigirse a abordar los problemas del aumento del coste de la vida –vivienda, cuidado de los niños, discapacidad–, en vez de centrarse solo en el aumento de los ingresos.
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