Desde que las revelaciones de Edward Snowden se contaron por primera vez en The Guardian y el Washington Post, en junio de 2013, el concepto de “espionaje masivo” ha pasado a ser un tema habitual en los medios. A la voz del activista se han ido uniendo las de muchos otros que también reclaman y alertan a los ciudadanos contra sus propios gobiernos.
Hasta ahora, parecía algo que sólo preocupaba a los activistas o a las personas especialmente sensibles a la privacidad en Internet. Mientras el espionaje del gobierno es ya una realidad no oculta en China, en Occidente los gobiernos han ido aprobando recientemente leyes a favor de la vigilancia electrónica que han pasado prácticamente desapercibidas para los ciudadanos, en medio del complejo panorama político.
En 1993, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió designar un Relator Especial en materia de libertad de expresión y opinión, debido a las crecientes amenazas contra este derecho. El pasado 8 de marzo, Joseph Cannataci, que ocupa el cargo actualmente, publicó un informe que condena la legislación actual sobre vigilancia, alertando especialmente contra las leyes recientemente aprobadas en Reino Unido, Francia y Alemania. “Apenas hay pruebas, si es que hay alguna, que me convenzan de la eficacia o de la proporcionalidad de algunas de las medidas extremadamente invasivas que se han introducido con las nuevas leyes de vigilancia”.
Hace tiempo que las personas con mayor sensibilidad hacia el posible “espionaje” –periodistas de investigación, defensores de los derechos humanos…– utilizan sistemas de correo cifrado y de navegación en oculto. Pero, los demás, ¿deberíamos estar preocupados?
El 1 de diciembre de 2016, Gran Bretaña aprobó la Ley de Poderes de Investigación, que algunos, como Edward Snowden, han calificado como “una de las más extremas” en una democracia.
La normativa permite a los organismos de seguridad hackear ordenadores y teléfonos móviles de ciudadanos que no son sospechosos de ningún comportamiento criminal, y almacenar los datos que extraigan. Además, obliga a las compañías de comunicación privadas a guardar, durante un año, todo el historial que tengan de sus usuarios, a disposición de las autoridades.
En su momento, fueron pocas las voces internas que se opusieron al proyecto. Una de ellas fue la del diputado David Davis, que llegó a decir que “el Gobierno británico está tratando a la nación entera como a un sospechoso”, pero poco después fue nombrado ministro del Brexit y abandonó el asunto. Por su parte, Amnistía Internacional y otras once organizaciones de derechos humanos y periodismo presentaron una reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar frenar la Ley.
Una de las denuncias hechas por Edward Snowden en 2013 era que, desde los años 90, la agencia de inteligencia del Reino Unido interceptaba y procesaba, indiscriminadamente y en secreto, millones de comunicaciones privadas de ciudadanos y compartía esos datos con las agencias de inteligencia de otros países. El caso es especialmente grave porque por las islas británicas pasan los principales cables de Internet del mundo.
Como declaraba Martha Spurrier, directora de Liberty, una de las entidades denunciantes: “Perder nuestra privacidad es la puerta de entrada para perder todo lo que nos mantiene libres: el derecho a protestar, a un juicio justo, a practicar nuestra religión, a pensar y hablar libremente. Ningún país que despliega vigilancia estatal a escala industrial ha permanecido alguna vez como una democracia respetuosa de los derechos humanos. Ahora esperamos que el tribunal defienda nuestros derechos, ya que nuestro Gobierno no lo ha hecho”.
Francia vigila
Emmanuel Macron llegó a la presidencia de Francia en un momento en el que la herida del terrorismo estaba demasiado abierta como para no hacer nada. Por eso, en los pocos meses que lleva en el gobierno, no le ha resultado difícil aprobar una serie de medidas que preocupan, y mucho, a los expertos en privacidad.
Gran Bretaña y Francia han ampliado los poderes de los organismos de seguridad para interceptar comunicaciones privadas
En junio pasado, el presidente francés creaba un Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) para mejorar la coordinación de los servicios de inteligencia. Pocos meses después, Francia aprobaba una Ley de Excepción Antiterrorista, que no es exactamente un estado de excepción permanente, pero sí aumenta la facilidad de los cuerpos de seguridad para vigilar a posibles sospechosos (movimientos, registros, actividad en Internet…), aunque nunca hayan cometido ningún delito.
El abogado francés François Sureau, especialista en privacidad, declaraba recientemente en Le Monde que “la idea de que, porque ha habido tres atentados, hay que considerar las garantías liberales como un lujo, es sorprendente”. Y es que la normativa francesa disminuye la intervención del poder judicial en beneficio de la autoridad administrativa, lo que para los críticos es, en definitiva, debilitar el Estado de Derecho; algo que no hace más que alimentar la idea de que existe una dicotomía entre libertad y seguridad.
Un mes después de la polémica aprobación, el gobierno francés anunciaba la creación de una unidad de seguridad especializada en la que los investigadores podrán usar spyware: herramientas tecnológicas para extraer datos (es decir, hackear) de los dispositivos informáticos de una persona implicada en una investigación judicial. Se tratará de un servicio ultrasensible cuyas actividades se considerarán clasificadas.
En poco más de seis meses, Emmanuel Macron ha demostrado la preocupación del gobierno francés por la seguridad, pero habrá que esperar un poco más para valorar la legitimidad de sus modos.