El Tribunal Constitucional ha avalado la ley de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2012, que permite confiar a empresas privadas la gestión de hospitales públicos. El plan de la Comunidad era sacar a concurso seis hospitales públicos, para que fueran gestionados por grupos privados. El plan despertó la resistencia del personal sanitario afectado, que con recursos ante los tribunales, huelgas y manifestaciones –la llamada marea blanca– acabó doblegando al gobierno de la Comunidad, que retiró el plan en enero de 2014. Pero la ley con la que empezó todo sigue vigente, y ahora el Tribunal Constitucional la ha respaldado.
La decisión es un varapalo a los que aducían que la ley privatizadora atentaba contra principios jurídicos fundamentales. Según el recurso presentado por el PSOE, la ley violaba toda una serie de principios constitucionales (el principio de legalidad, el de igualdad, la protección de la salud, el régimen público de la Seguridad Social para todos los ciudadanos…), recogidos en la Constitución.
Los sindicatos sanitarios y los médicos afectados nos aseguraban también que la gestión privada iba a crear desigualdades entre los pacientes atendidos bajo una u otra forma de gestión, que el lucro económico privado se haría a costa de la calidad de la atención, que la privatización equivalía al desmantelamiento de la cobertura sanitaria, que el criterio de los profesionales médicos quedaría sometido a los dictados empresariales, que la gratuidad estaba en peligro, que la sanidad pública no se vende… El espacio de las pancartas, no daba para muchos análisis.
Con más serenidad, ahora el TC establece que la Constitución “no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa”. De hecho, en la ley recurrida la “posible apertura a formas de gestión y responsabilidad privada se lleva a cabo preservando en todo caso la titularidad pública del servicio”. La opción por un sistema de gestión indirecta de los hospitales públicos, sigue diciendo el TC, ni tan siquiera es una novedad, ya que está prevista en la legislación estatal desde 1997.
Los magistrados no ven que el sistema cree de por sí una desigualdad de trato. Y recogen que en todo caso las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos “quedan en manos de los poderes públicos, no habiéndose producido un traslado de esta potestad a quienes asumen la gestión –y solo la gestión– del servicio público de la sanidad”. El acceso a la prestación sanitaria y su contenido no quedan afectados por la gestión privada de los hospitales.
En suma, una cosa es la garantía del acceso universal a la sanidad y otra la provisión del servicio, que puede prestarse con diversas modalidades, tanto públicas como privadas. El TC no entra a valorar, en el caso de los hospitales madrileños, cuál puede ser la forma más eficiente de gestión, ya que su juicio es exclusivamente jurídico. Pero deja claro que el gobierno regional puede inclinarse por la gestión privada, manteniendo la titularidad pública de los hospitales.
Para los que piensan que fuera de lo público no hay salvación, cualquier recurso a la privatización es malo de por sí. En sus planteamientos subsiste la idea de que la búsqueda de un beneficio por parte de la iniciativa privada solo puede ser fruto de un recorte de las prestaciones, no de la mejora de la gestión. Todo lo que signifique apertura a la competencia es visto como un atentado contra lo público, una traición a la ciudadanía.
En realidad, la supuesta defensa de la sanidad pública encubre no pocas veces una defensa de los intereses laborales de los profesionales sanitarios, algo comprensible pero que debería hacerse a cara descubierta, sin darse aires de defensores del ciudadano. La mejor defensa del cliente –en sanidad, en educación y en tantas otras cosas– suele ser la posibilidad de elegir, entre lo público y lo privado y dentro de cada uno de estos ámbitos.
En el caso de los seis hospitales madrileños, la “marea blanca” ha ahogado la oportunidad de saber si la gestión privada habría supuesto un ahorro y una mejora. Pero por lo menos ha servido para que el TC deje claro que la titularidad pública no tiene por qué exigir gestión pública. Un diagnóstico que habrá que tener en cuenta en la sanidad, en la educación y en otros servicios del Estado de Bienestar.