Como en los tiempos de Indira Gandhi, varios estados indios siguen imponiendo cuotas de esterilizaciones, mediante presiones al personal sanitario y a las mujeres, con peligro para ellas. Catorce han muerto en una reciente campaña en el estado de Chhattisgarh.
(Actualizado el 14-11-2014)
El Center for Reproductive Rights se ha ocupado hace poco de la situación en la India: en una noticia publicada en su web celebra el proyecto de liberalizar la ley del aborto en aquel país. El Alan Guttmacher Institute dirigió la atención a la zona a finales de septiembre, para advertir de que en Bangladesh aún se practican abortos en condiciones poco seguras.
Ni estas organizaciones, ni otras que abogan por los derechos reproductivos, como Amnistía Internacional o el Women’s Global Network for Reproductive Rights, han dicho nada de la más reciente y grave violación de esos derechos en la India: las esterilizaciones en cadena en el estado oriental de Chhattisgarh, realizadas en condiciones deplorables y con resultado de catorce mujeres muertas, de momento. El Fondo de la ONU para la Población tampoco ha comentado nada.
Producción en cadena
Los hechos ocurrieron en el distrito de Bilaspur, uno de los más pobres del país. Empleados de la sanidad pública recorrieron distintos pueblos para ofrecer a las mujeres, en nombre del gobierno, 600 rupias (casi 10 dólares: lo que allí gana una familia en una semana) a las que se sometieran a esterilización. (Según dos de ellas, con las que habló el New York Times, el empleado les reclamó luego un tercio de la recompensa para los gastos de transporte.) Las que aceptaron fueron llevadas el 8 de noviembre a una clínica improvisada, donde un médico, R.K. Gupta, les hizo ligaduras de trompas a ritmo vertiginoso: 83 en cinco o seis horas, según él mismo. No había quirófano aséptico, ni se esterilizaban los instrumentos entre una operación y la siguiente, y las pacientes eran despedidas en cuanto se recuperaban de la anestesia. Al cabo de unas horas, comenzaron a sentirse mal. Hasta ahora, han muerto trece y tres se encuentran muy graves; otras reciben tratamiento por choque séptico.
Las autoridades sanitarias fijan metas de esterilizaciones a sus subordinados en cada distrito, bajo la amenaza de recortes de sueldo o de despido
Estos campos de esterilización no son raros en la India, ni suelen hacerse con mayor higiene. En uno montado hace dos años en el estado de Bihar (noreste), que es motivo de una querella presentada ante el Tribunal Supremo, el médico fue incluso más rápido que Gupta: practicó 53 ligaduras de trompas en dos horas. Lo que tiene de especial el caso de Bilaspur consiste en el elevado número de muertes, el mayor en muchos años; lo normal es que haya una o dos. En el mismo Chhattisgarh, el 13 de noviembre falleció una mujer más, que había sido esterilizada tres días antes por otro médico en otro campo similar.
Cuotas de esterilizaciones
La política estatal de control de natalidad explica este estajanovismo anticonceptivo, que tuvo su punto álgido en los años setenta, durante las brutales campañas emprendidas por el gobierno de Indira Gandhi (cfr. Aceprensa, 19-11-2008). Aunque la India abandonó oficialmente en 1996 las cuotas de esterilizaciones, en los estados se siguen aplicando. Las autoridades sanitarias fijan metas a sus subordinados en cada distrito, bajo la amenaza de recortes de sueldo o de despido. Envían “motivadores” que recorren los pueblos para reclutar mujeres (pocas veces se organizan campañas de vasectomías) ofreciéndoles una recompensa; ellos cobran unas 150 rupias por cada paciente que consiguen. También el médico trabaja a destajo: recibe 75 rupias por esterilización.
Se supone que las pacientes deben estar informadas de las consecuencias y riesgos de la operación, y después, ser objeto de seguimiento médico; que los locales y el instrumental han de reunir las condiciones elementales de higiene; que un cirujano no practicará más de 30 ligaduras en un día. Tales normas no se cumplen, como describen, por ejemplo, un reportaje del año pasado en Business Week u otro reciente en The New York Times. No hay camas, el establecimiento está lleno de suciedad y moscas, las recién operadas son colocadas en el suelo, hombro con hombro. La mayoría de las pacientes son analfabetas y no saben a lo que se exponen.
Pero el gobierno estatal pide resultados. “Todas las enfermeras tienen metas que cumplir –dice en Le Monde (11-11-2014) Kerry McBroom, de la ONG india Human Rights Law Network–. Incluso reciben incentivos por productividad, al igual que los médicos”. O como explicó a Business Week el director de una clínica de Bihar: “Al acabar el año nos juzgan por el número de esterilizaciones que hemos hecho. El gobierno no quiere excusas”.
(Párrafo añadido el 14-11-2014)
Según dijo después un funcionario de la sanidad estatal, las catorce muertes en los campos de esterilización de Chhattisgarh pudieron deberse –como había alegado Gupta– no a septicemia, sino a medicamentos en mal estado –un antibiótico y un antiinflamatorio– que dieron a las mujeres operadas para que los tomaran en los días siguientes. Se sospecha de esos fármacos porque también se han dado casos de intoxicación, uno de ellos mortal, en personas a las que por otras razones se administró comprimidos de las mismas remesas, que han sido retiradas. Los fármacos en cuestión –ciprofloxacino e ibuprofeno– son genéricos fabricados en la India.