La reciente decisión del gobierno alemán de exigir a los ciudadanos europeos extranjeros residentes en el país que tengan un empleo, ha abierto la caja de los truenos. Mientras unos han lanzado ya los consabidos insultos de “xenófobo” al gobierno germano, otros, como la Comisión Europea, llaman a la calma: no hay “derechos absolutos” en el ejercicio de la libre circulación.
El plan prevé la expulsión de los ciudadanos comunitarios que, al cumplir seis meses en suelo alemán, no acrediten un empleo y se vean precisados a acudir a las ayudas sociales. En un país que necesita mano de obra y donde la tasa de paro es el 7%, parece que no debería ser difícil encontrar trabajo. Perono siempre es así, sobre todo si se desconoce la lengua.
Españoles en Alemania
El paro golpea más al sector inmigrante, que exhibe una tasa del 14,7 por ciento. Según el último Censo de Españoles Residentes en el Exterior, 89.190 españoles de entre 15 y 65 años viven enel país, y casi 10.500 de ellos percibían en 2013 el subsidio estatal “de seguridad básica para solicitantes de empleo”.
Todo ciudadano de la UE tiene derecho a desplazarse y residir en otro Estado miembro por un período inferior a tres meses
El plan de la expulsión enciende, por tanto, la polémica: “Con el bajo desempleo que hay aquí, no se entiende tanto parado español”, escribe Mary Blümel en la página de Facebook “Españoles en Alemania”: “O sí: es más fácil vivir de las prestaciones que da ‘mamá’ país, en este caso ‘mamá’ Alemania. No me parece nada mal la medida que se quiere adoptar. A los que trabajamos nos duele saber de gente que no pega palo al agua y alardea de vivir de las ayudas estatales”.
Unos, como Lucía Gar, apuestan por adecuar las expectativas a la realidad: “Yo he encontrado trabajo en Alemania en dos semanas”, apunta. “Soy licenciada y me toca trabajar en algo mucho más por debajo de mis calificaciones. Mucha gente viene con la idea de pedir e ir al arbeitagentur (agencia de empleo) en vez de aplicar y buscar trabajo de verdad. Llevo seis años estudiando alemán en España y trabajando, y he encontrado algo que no es de lo mío, pero tan feliz. Los españoles, a veces muy mal acostumbrados, vienen aquí a pedir o se piensan que van a encontrar trabajo de oficina sin (saber) alemán”.
De vuelta a casa, con la ley de por medio
“Dura lex, sed lex”, decían los romanos, y Berlín quiere rescatar la máxima. La legislación europea es la herramienta escogida, y el pretexto es, precisamente, el fraude que eventualmente pueden cometer los inmigrantes en la recepción de las ayudas. Solo que el “celo fiscal” le ha venido justo ahora, cuando los inmigrantes de los países más pobres de la UE –Rumanía y Bulgaria– ya pueden viajar sin restricciones a la mayor potencia económica de la zona.
La Comisión Europea ha recordado que no hay “derechos absolutos” en materia de libre circulación de personas
La letra es, ciertamente, la letra, y la directiva de Libre Circulación establece que todo ciudadano de la UE tiene derecho a desplazarse y residir en otro Estado miembro por un período inferior a tres meses. Transcurrido ese tiempo, quien desee permanecer en el país anfitrión debe “ejercer una actividad económica por cuenta ajena o propia” y “disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad para no convertirse en una carga” para el Estado de acogida.
El gobierno germano ha tomado nota de lo que ocurre en ciudades como Duisburgo o Dortmund, adonde han llegado flujos considerables de inmigrantes rumanos y búlgaros de etnia gitana, con pocas oportunidades de insertarse en el mundo laboral, y donde se han registrado incidentes racistas. Por ello, ha destinado unos 200 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos a gestionar el asunto, y a la vez, ha echado mano de la ley: si el inmigrante no demuestra que tiene posibilidades reales de conseguir un empleo, lo enviará de vuelta a casa, con la bendición de Bruselas.
Las estadísticas, sin embargo, son tozudas. Según el instituto alemán de investigaciones IAB, entre 100.000 y 180.000 rumanos y búlgaros llegarán a Alemania este año, pero, de los que ya se instalaron allí, apenas el 7,4 por ciento está desempleado, una cifra inferior al 7,7 por ciento nacional, y bastante por debajo del 14,7 que supone la masa de inmigrantes en paro. Si se añade que esos trabajadores son, además, contribuyentes netos al sistema de pensiones, pues entonces los responsables de Hacienda podrían respirar con cierto alivio.
El peligro de dar portazos a otros
“Cuando los británicos vienen por miles a nuestros hoteles, al Mar Negro, y se comportan como cavernícolas, y beben y se pelean, no decimos nada. Nosotros nos comportaremos en Gran Bretaña mucho mejor cuando vayamos a trabajar, no a divertirnos; a trabajar por una vida mejor”, apunta un trabajador búlgaro del sector hotelero en conversación con The Economist. Lo mismo podrían decir españoles de las Baleares, donde los turistas jóvenes británicos no se comportan mejor que en el Mar Negro.
Sucede que varios gobiernos europeos han tomado sus medidas de blindaje para que el aterrizaje de rumanos y búlgaros sea lo menos “traumático” posible. En Francia, el ex presidente Nicolás Sarkozy fue menos diplomático en su momento y expulsó a cientos de gitanos rumanos, pero otros guardan las formas y optan por la “disuasión”. El Ejecutivo británico, por ejemplo, ha llegado incluso a formular mensajes del corte: “No vengáis, aquí hace mucho frío”, y ha amagado con exigirles seguros médicos privados a los que arriben sin una propuesta de empleo ya cerrada.
Y no solo en la UE se dan portazos. En febrero, Suiza celebró un referéndum en el que, por la mínima, el electorado sacó adelante una iniciativa para limitar la libre circulación. La idea es establecer cuotas anuales de permisos de residencia, que dependerían de las necesidades de la economía suiza. Curiosamente, los más perjudicados aquí no serían los búlgaros o los rumanos, sino los trabajadores franceses y alemanes bien cualificados que residen en el país helvético, en número que rebasa el millón..
En un artículo publicado en El Mundo, Diego Acosta, académico en temas de inmigración de la Universidad King’s College, apunta un peligro subyacente en esta política de dar la espalda a otros europeos más “pobres”: los gobiernos no están reparando en los intereses de sus propios nacionales que residen en otros países del bloque. No solo los de quienes, como turistas, se van de juerga a las playas del Mar Negro y ponen cara de pocos amigos cuando el búlgaro que los atendió en un hotel de Varna aterriza en Heathrow, sino los de quienes se van a disfrutar de su generosa pensión en los países del sur.
Británicos en el exterior
El experto cita el caso del Reino Unido, donde residen unos 2,3 millones de ciudadanos europeos. Si se mira en derredor, 2,2 millones de británicos son también eso: inmigrantes dispersos en los 28 países de la UE. ¿No estarían igualmente en riesgo de verse afectados si los países receptores tomaran medidas de retorsión, siquiera leves? Tendría tintes humorísticos, pero ¿qué tal sentaría en Londres que la Diputación de Málaga emitiera mensajes del tipo “no vengáis, que hace demasiado calor”?
En España están empadronados 383.000 británicos, en su mayoría jubilados que prefieren el clima mediterráneo. Y, por su mayor edad,son personas que requieren más atención sanitaria. Aunque su asistencia sanitaria estuviera ya cubierta por la Seguridad Social británica o bien por sus seguros privados, hasta la reforma que hizo el gobierno de Rajoy en 2012 su gasto sanitario recaía a menudo sobre el Sistema Nacional de Salud español.¿Habría que decir que los británicos saturan los centros médicos españoles?
Ciertamente, como se ha dicho, no hay “derechos absolutos” en materia de libertad de circulación. Pero en un continente en el que, durante siglos, los Estados se hicieron la guerra con relativa frecuencia y con un entusiasmo devastador, valdría la pena encontrar fórmulas para que no haya europeos “de primera” y “de segunda” en razón del lugar en el que les tocó nacer.
Prestaciones sociales en Alemania
Los ciudadanos europeos que llegan a Alemania con una oferta de empleo en la mano no puedenrecibir ayuda alguna durante los tres primeros meses. Superado ese período, tanto ellos como sus familias pueden acceder a prestaciones sociales básicas, y si pierden el empleo, reciben unsubsidio de paro de seis meses por año trabajado. Agotado este, pueden acogerse al programa Hartz IV, consistente en un segundo subsidio de 391 euros mensuales, más el alojamiento y otras ayudas por concepto de familia.
En el caso de los inmigrantes que no tienen empleo a su llegada al país, actualmente se discute si pueden obtener más ayudas que las que estrictamente se les conceden por hijos. En enero, la Comisión Europea reclamó que Alemania ampliara el programa Hartz IV a estas personas, aun cuando no estuvieran buscando empleo activamente.