El avance de una columna de personas armadas hacia la ciudad mexicana de Morelia, a finales de febrero, hizo saltar alarmas en el gobierno federal. Como si de un ejército regular se tratara, los civiles, agrupados en unas denominadas “autodefensas”, habían ido tomando el control de varias poblaciones del estado de Michoacán, suroeste de México, ante la perplejidad oficial. Su objetivo: acabar con el dominio del cártel de los Caballeros Templarios sobre la región.
(Actualizado el 12-03-2014)
En Michoacán, grupos de vecinos, hartos de la ineficacia de la fuerza policial para protegerlos, han decidido armarse e irse a tomar la justicia por su mano. Presentes ya en 30 de los 113 municipios con que cuenta ese territorio en la ribera del Pacífico, las autodefensas se colocaron semanas atrás en el foco de atención de las autoridades, quienes, por una parte, les exigieron el desarme, y por otra, les propusieron integrarse en una suerte de policía rural, coordinada por el gobierno.
Todo un “mensaje esquizofrénico”, opina Nick Steinberg, experto de Human Rights Watch, pues tales asociaciones “se sienten legitimadas y con derecho a llevar a cabo labores que deberán estar reservadas al Estado”, al tiempo que su ejemplo puede provocar la réplica del fenómeno en otros lugares del país (en Guerrero, Veracruz e Hidalgo hay noticias de grupos similares).
Que el gobierno permita esta “seguridad paralela” revela la vulnerabilidad de su estrategia
Las autodefensas surgieron en 2013 para combatir a los Caballeros Templarios y poner al descubierto la complicidad de varios funcionarios con el narco. Son grupos de civiles armados, principalmente agricultores y ganaderos, que dicen sostener su causa con los ingresos de la producción agrícola rescatada del control de los narcotraficantes, y que nutren su arsenal con las armas arrebatadas a estos.
Cuando, en febrero, avanzaron sobre importantes poblaciones michoacanas, los gobiernos federal y estatal diseñaron a la carrera un plan para recuperar la autoridad en el territorio y potenciar su desarrollo. Ya más “controlada” la situación, las autodefensas han acordado con el gobierno patrullar sin armas las ciudades y únicamente realizar inspecciones en la periferia, en los puntos de acceso. Sin embargo, que el gobierno permita esta “seguridad paralela” revela, en todo caso, el fracaso y la vulnerabilidad de su estrategia, y fomenta, indirectamente, otros peligros.
El gobierno acaba de apuntarse un triunfo, al anunciar que había abatido a Nazario Moreno El Chayo, fundador y líder de Los Caballeros Templarios, el cartel al que las autodefensas declararon la guerra en febrero de 2013.
Suplantando al Estado
El norteamericano Malcolm Beith, un reportero free lance experto en el narcotráfico mexicano, no ve del todo con desagrado a las autodefensas. “No creo que el gobierno mexicano lo tuviera fácil si fuera contra ellas –explica a Aceprensa–; pienso que ha hecho lo correcto al regularizarlas, pues políticamente podría ser visto como inadecuado el hecho de combatirlas. Solo serviría para que la gente se mostrara más aprensiva respecto a la capacidad del Estado para proveer seguridad y estabilidad”.
“Ahora bien, el principal peligro que representan estos grupos es que minan el aparato de seguridad estatal. Ante un problema tan grande como la corrupción dentro de las fuerzas policiales, las autodefensas no buscarán en ningún caso fortalecer al Estado, sino debilitarlo. Y hay riesgos de que, a su vez, se conviertan en grupos paramilitares o en nuevas bandas de narcotraficantes que abusen de su poder y autoridad”.
Los propios Caballeros Templarios, cuya saga de extorsión, violaciones y secuestros pretenden enterrar las autodefensas, surgieron como un grupo que combatía al cártel de los Zetas. Solo que, una vez librados de ese yugo, los michoacanos no tardaron en sentir sobre sus espaldas el peso de uno nuevo: el de los “libertadores”.
Sobornos, el arma del narco
De momento, según nos explica la también periodista Verónica Díaz, colaboradora de medios del grupo Milenio, las autodefensas “no están maltratando a la gente. Los militares y el narco, sí. La gente está tan cansada de que maten a su familia y violen a sus mujeres, que la ética consiste en protegerse y matar a los narcos, y todos conocen quiénes son”.
Aunque no cree que se pueda hablar de “ingobernabilidad” –“son 32 estados, y el problema crítico se vive en unos 10, a lo sumo”–, Díaz señala dos causas fundamentales de la actual situación: la incompetencia gubernamental y la complicidad de algunas autoridades con el narco. Precisamente el comisionado del gobierno para gestionar el fin de la violencia e impulsar el desarrollo en Michoacán, Alfredo Castillo, ha aparecido fotografiado con un narco de renombre, apodado “el Abuelo”, para después alegar que no sabía de quién se trataba.
Las autodefensas han acordado con el gobierno patrullar sin armas las ciudades en Michoacán e inspeccionar los puntos de acceso
“Lo que sucede —añade Díaz— es que por ser un país pobre y con poca educación, el narcotráfico ha comprado a las autoridades a diferentes niveles, y en los estados más problemáticos ha sobornado y se ha infiltrado en las filas del gobierno y la policía, que a veces le hace el trabajo sucio”.
Recuperar la confianza de la gente
Si el gobierno no se involucra en la resolución efectiva del problema, otros toman la iniciativa, lo que puede implicar cierto nivel de caos y un vacío de responsabilidades. Un reciente informe de Amnistía Internacional, entregado en febrero al presidente Enrique Peña Nieto, recuerda que la existencia de las autodefensas está poniendo a prueba la voluntad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos.
“El desafío para la presente administración es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos», apunta el texto, en el que se expone la escasa preparación de las autoridades mexicanas para garantizar el respeto a esos derechos en su guerra contra el narco.
La organización internacional advierte, además, de lo inadecuado de incorporar a las autodefensas a un cuerpo rural escasamente regulado, sin un mecanismo de rendición de cuentas que evite que algunas personas sindicadas de haber cometido delitos graves blanqueen allí su historial. Y es que en la «tropa» no faltan, de hecho, individuos que antes pertenecieron a bandas del narco, harto conocidas por la crueldad de sus acciones, pues piensan que su nueva militancia terminará por diluir los recuerdos incómodos. Precisamente, el 11 de marzo fue arrestado Hipólito Mora, uno de los principales líderes de las autodefensas, por su presunta participación en el asesinato de dos personas vinculadas a otro grupo de civiles armados, según confirmaron fuentes de seguridad en Michoacán.
Tiene, pues, deberes el gobierno mexicano, y tiene que hacerlos pronto y con eficacia, si desea recuperar, en materia de seguridad y derechos, la confianza de la gente común.