Tras unos años de endeudamiento dadivoso y despreocupado, muchos municipios españoles no llegan ahora a fin mes. Así que empiezan a pedir a los ciudadanos que colaboren para sacar adelante actividades de interés público. Sin embargo, esta propuesta escandaliza a quienes piensan que servicio público es sinónimo de plantilla funcionarial y presupuesto.
Hace cinco años, el Periódico de Aragón (11-12-2006) informaba sobre los ambiciosos planes del ayuntamiento de La Muela (provincia de Zaragoza, menos de 5.000 habitantes en la actualidad) para transformarse en la tercera ciudad de la región, y alcanzar un censo de 45.000 personas. El proyecto incluía la recalificación de amplios terrenos, construcción de dos campos de golf, polideportivo, millares de nuevas y cómodas viviendas, tranvía, cuatro museos, auditorio, etc.
Pocos años más tarde, la compañía eléctrica Endesa cortaba el suministro a ocho instalaciones municipales, a causa de un impago de 700.000 euros. En la primavera de 2011, tras las elecciones locales celebradas en España, La Muela cambió de gobierno; la nueva alcaldesa se encontró con una deuda de 25 millones de euros. Durante la etapa anterior, la alegría y la confianza en el futuro esplendoroso no conocieron límites. Los vecinos disfrutaban de conciertos gratuitos –porque ya los pagaba el Ayuntamiento– de Julio Iglesias, nada menos. Y viajaban, también gratis, al Caribe.
En la enseñanza pública también parece arraigado el criterio de que debe ser gratis no solo la enseñanza, sino cualquier actividad que los alumnos realicen dentro o fuera del colegio. De este modo, hace unos meses, la entonces periodista –y ahora diputada en las Cortes Generales– Irene Lozano se quejaba en Es Radio (20-09-2011) de que la Comunidad de Madrid había realizado “graves recortes” en educación. Según ella, tales recortes afectaban al instituto público donde estudiaba su hijo; en concreto se anulaban las partidas del “intercambio que todos los años hacía con Italia el equipo de fútbol y baloncesto, los diez conciertos a los que asistían los alumnos cada año, o las sesiones de teatro”.
Como se ve, la señora Lozano estaba acostumbrada a que su hijo disfrutara sin pagar un euro de aquello que, en los centros docentes no estatales, se suele llamar “actividades extraescolares”. Y que suponen un buen desembolso añadido para los padres que quieren beneficiar a sus hijos con estas tareas ajenas al currículo formativo.
Voluntarios, bienvenidos
Muchos ayuntamientos se encuentran ahora ahogados económicamente por la disminución de ingresos y la deuda acumulada, y optan por retrasar los pagos a los proveedores. Para sobrellevar este problema, el Gobierno ha aprobado a principios de marzo un plan de financiación que permita a los ayuntamientos hacer frente al pago de 20.000 millones de euros, y satisfacer de este modo a sus acreedores.
Sin embargo, esta medida –que no es más un crédito concedido a un diez años con un interés en torno al 5%– solo representa una desesperada bombona de oxígeno, por lo que se requiere de otro tipo de actuaciones. Despedir empleados, dejar de subvencionar las fiestas locales, cerrar instalaciones públicas… son algunas de las decisiones adoptadas. Pero también se ha añadido otra que, en cierto modo, resulta coherente con la mentalidad que ha llevado a esta situación. Ahora, ayuntamientos como el de Madrid piden a sus ciudadanos que hagan por solidaridad, gratis et amore, lo que en una situación normal se hubiera cubierto con empleados públicos. Se trataría de una modalidad de voluntariado.
En Madrid, la alcaldesa Ana Botella se ha topado con el problema de haber terminado de construir o remozar algunas bibliotecas públicas, al tiempo que no dispone de fondos para contratar el suficiente personal que debe atender estas instalaciones. Por eso, el ayuntamiento ha pedido voluntarios entre los vecinos de los distritos Centro y Latina para que colaboren con los escasos bibliotecarios con que cuentan las nuevas bilbiotecas. Como dice Fernando Villalonga, delegado del área de Las Artes: “Allí donde la Administración no llegue, pedimos la colaboración ciudadana” (El País, 21-02-2012). Podría entenderse que se trata de un planeamiento inverso al conocido como principio de subsidiariedad del Estado.
De cualquier modo, la oposición en el ayuntamiento de Madrid, como era previsible, se ha mostrado muy crítica con esta iniciativa de Ana Botella. No en vano, se arguye que la legislación sobre el voluntariado impide que se emplee como sustitución de trabajos profesionales remunerados. Por tanto, los voluntarios –a quienes se niega incluso una compensación simbólica– no pueden suplir a profesionales o asalariados. Siendo muy hostiles hacia este medida, cabría decirse que los voluntarios de Ana Botella, de hecho, se comportan como viles esquiroles. Aunque, en realidad, en este caso no sustituyen a profesionales, pues se carece de dotación económica para esos empleos; así que la alternativa sería dejar cerradas las bibliotecas.
Sea como sea, resulta llamativo que una actividad tan desinteresada y libre como el voluntariado esté nítidamente regulada, desde 1996, por una ley de alcance nacional. El nivel de detalles a que llega esta ley a veces puede desnaturalizar el voluntariado y entorpecer su desarrollo social.
Pese a las críticas, el ayuntamiento de Madrid ha logrado que 60 personas se inscriban para prestar esta tarea de voluntariado. A partir de este mes, y tras recibir las convenientes sesiones de formación relativa a actividades culturales, los voluntarios llevarán a cabo su ayuda en las bibliotecas de Centro y Latina. Se trata de un proyecto piloto de seis meses que servirá a Ana Botella para saber hasta qué punto podrá ampliar esta modalidad de asistencia pública a otro tipo de servicios. Tengamos en cuenta que la Comunidad de Madrid quiere ceder al ayuntamiento sus trece bibliotecas públicas de la capital, con lo que el Consistorio de la Villa deberá asumir la gestión de hasta 42 centros de esta naturaleza, con un total de 900 funcionarios.
Frente al deseo de mantener o incluso ampliar su red de centros asistenciales y culturales, el ayuntamiento, sometido a una terrible deuda y con una difícil perspectiva de nuevos ingresos, se ve necesitado de sus 7.200 voluntarios. Una de las personas que echará una mano –dos o tres horas en semana– al proyecto de las bibliotecas públicas Pilar Alonso, una jubilada que desde hace dos años emplea parte de su tiempo en acompañar a niños enfermos en el Hospital de la Paz, dentro de un programa coordinado por el ayuntamiento (El Mundo, 29-02-2012). Pilar explica a El Mundo: “Para mí es una satisfacción enorme; como todo el mundo, tengo problemas en mi vida personal, y cuando hago de voluntaria me encuentro bien, desconecto y a la vez estoy ayudando a la gente”.
Carné de ciudadanía
Como vemos, los partidos de izquierda se rasgan las vestiduras, al escuchar que la derecha quiere que haya auxiliares de biblioteca voluntarios. De acuerdo al ideario progresista, es una involución del Estado del bienestar. Sin embargo, no opinan lo mismo, cuando son ellos los que plantean actuaciones similares. Por ejemplo, en algunas de las ponencias debatidas en el último congreso federal del Partido Socialista, se propone legislar una suerte de “carné de ciudadanía” por puntos. Como el de conducir, pero en positivo. En este carné figuraría el nivel de “implicación individual voluntaria en tareas comunes” (El País, 3-02- 2012). Todo lo contrario al consejo evangélico de que la mano izquierda no sepa qué hace la derecha.
A pesar de las opiniones ideológicas, lo cierto es que, en algunos pueblos, ya se está haciendo de la necesidad virtud. Como relata Susana de la Riva (Actualidad Económica, enero de 2012), en ciertas localidades pequeñas los vecinos se turnan para realizar tareas colectivas. Cita el caso de Higuera de la Serena, un municipio pacense de apenas 1.000 habitantes, que ha pasado de seis empleados de limpieza a solo dos a media jornada. Para completar este servicio público, los parroquianos dedican el domingo a barrer las calles de su municipio. Algo que varias décadas atrás se hacía en bastantes lugares de España, y que hoy se sigue llevando a cabo en otros países.
De la Riva pregunta a Julio Gómez-Pomar, experto de Price Waterhouse Coopers y del Instituto de Empresa. Según Gómez-Pomar, la atención a personas que no pueden valerse solas –lo que ahora llamamos “dependencia”– debe contar también con la participación ciudadana, sin que “la Administración desatienda el cuidado de mayores”. Quién sabe, quizá dentro de poco nos da por ejercer el voluntariado con nuestra familia y acabamos cuidando a nuestros propios padres… si el Estado no puede, claro.