Aunque el Gobierno de Obama acaba de retirar en el último momento una recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos para vender la píldora del día siguiente (PDS) sin receta ni autorización paterna a menores, el intento de poner en marcha esta medida ha desatado una tormenta política tanto dentro como fuera del partido demócrata. La pretensión se ha visto como un nuevo embate de las autoridades sanitarias, que llevan toda la legislatura tratando de imponer los puntos básicos de la denominada agenda de salud reproductiva, entre los que se incluyen la anticoncepción, la esterilización y el aborto.
A pesar del bloqueo de la PDS para menores, el siguiente paso impulsado por la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, no parece que vaya a correr la misma suerte. Esta polémica regulación, conocida como anticonception mandate, exige que prácticamente todos los planes de seguros privados ofrezcan la cobertura de anticoncepción y esterilización a sus asegurados, y que éstos los suscriban y paguen, sin tener en cuenta las objeciones de tipo moral o ético que se planteen y aunque decidan no beneficiarse de ellos. La actitud de Sebelius, que se ha radicalizado en los últimos meses con el apoyo de las organizaciones pro-choice, está minando al Gobierno y se considera como un signo de intolerancia demócrata, incluso entre sus propios votantes.
Así lo señalan algunos medios, como The Wall Street Journal (13-12-2011), que además de reseñar la esperada oposición de la jerarquía católica a una ordenanza contra la vida, como lo es ésta, critican sobre todo el estilo impositivo impulsado por el Ejecutivo de Obama, especialmente en el ámbito de la salud. En un artículo publicado en ese diario, William McGurn enumera la cadena de medidas recientes de Sebelius, entre las que incluye también la neutralización de la objeción de conciencia que aducían enfermeras y médicos frente al aborto, y la discriminación financiera a los programas de ayuda de la Iglesia católica a las víctimas de tráfico sexual.
La Iglesia se ha organizado para defenderse y el pasado mes de noviembre puso en marcha el Comité para la Libertad Religiosa que dará la batalla en este asunto. Pero McGurn señala que no es exactamente una batalla más de los católicos, porque aunque se reconociera una mayor objeción de conciencia para éstos, la imposición de suscribir esta criticada cobertura en los seguros seguiría estando vigente para todos los americanos, los católicos y los que no lo son, e incluso para las aseguradoras. Y la coerción, según el autor, viene de un departamento de Salud y, en último término, de un gobierno federal que cada vez extiende más su ámbito de competencias.
En sus líneas, el columnista del Wall Street Journal recuerda que con esta norma sobre los seguros privados no está en juego el decidir adonde va el dinero de los impuestos –algo que sucede en muchas partidas de gasto, como las destinadas a Defensa–, sino la libertad básica de gastar el dinero propio en la suscripción del seguro médico que cada uno quiera, sin más imposiciones.
La situación actual, que Sebelius ha calificado como “una guerra”, se encuentra a mucha distancia de lo que durante años los liberales han reforzado, y que es precisamente “la libertad de las personas con puntos de vista impopulares”. En opinión de McGurn, “a medida que el gobierno se expande, la libertad religiosa se va reduciendo a una exención especial”, una actitud que choca frontalmente con la tradición americana de limitar la acción de gobierno a lo indispensable y evitar las regulaciones excesivas.