En Polonia, a una propuesta de iniciativa popular para la prohibición total del aborto le faltaron solo seis votos para ser aprobada
Recientes iniciativas pro vida en distintos países europeos están logrando un notable apoyo político y en la opinión pública, hasta el punto de provocar inquietud entre los partidarios del aborto, que creían tener la batalla ganada.
En Polonia, en una votación en el Parlamento el pasado 31 de agosto, faltaron solo 6 votos para que fuera aprobado un proyecto de prohibición total del aborto. La iniciativa había sido impulsada por la Fundación Pro que recogió seiscientas mil firmas, seis veces más de las necesarias para que una propuesta ciudadana sea votada en el Parlamento. Hace un año un resultado tan ajustado hubiera sido impensable.
Tras la caída del comunismo, Polonia aprobó una de las legislaciones más restrictivas de Europa sobre el aborto, de modo que el número anual de abortos se ha reducido a unos quinientos. Mariusz Dzierzawski, apoderado del la Fundación Pro, responsable del proyecto, explica que cuando hace un año mantuvieron las primeras conversaciones con diputados, se notaba claramente que la inmensa mayoría estaba a favor de mantener el statu quo. Sin embargo, la Fundación Pro no cejó en su intento.
Su campaña, realizada con escasos medios, se componía principalmente de una exposición que viajaba por todo el país y de algunas pancartas publicitarias. Además trataron de conectar con todos y cada uno de los diputados para que dieran su opinión personal. Además de las seiscientas mil firmas, su campaña generó una polémica de la que supieron servirse para informar y convencer a miles de personas. La propuesta obtuvo así una repercusión mediática desproporcionada, incluso en el extranjero. Por ejemplo, la radio TOK hizo campaña en contra durante varias semanas y cuando hicieron una encuesta en su página de Internet resultó que el 58% de sus propios oyentes eran partidarios del cambio de la ley.
Quizá sea precisamente el cambio de mentalidad en la opinión pública lo que puede influir más en el futuro. También la jerarquía eclesiástica ha sido en los últimos meses más explícita al valorar lo que espera de un político y de un votante en esta materia.
La Plataforma Cívica –principal partido del gobierno– justificó su voto en contra del proyecto, alegando que podría ser contraproducente y provocar una reacción que pusiera en peligro la legislación restrictiva actual.
El comportamiento de los miembros de la Plataforma contrasta no sólo con el de los diputados de la oposición, sino también con el de casi todos los miembros del otro partido de la coalición gobernante, el Partido Popular Polaco, que se declararon a favor de la propuesta.
Nadie esperaba tantos votos a favor, pero la Fundación Pro cree que será posible un resultado mejor tras las elecciones parlamentarias que tendrán lugar dentro de unos meses. “Podremos decir que hemos vencido cuando la ley cambie, y tengo la esperanza –afirma Mariusz Dzierzawski –de que eso ocurrirá en breve, que en el nuevo Parlamento habrá más diputados que se pronuncien a favor de la vida”.
Lo que queda meridianamente claro es que la postura a favor de la despenalización del aborto es minoritaria. Así lo revela el fracaso de la propuesta de los post-comunistas que abogaban por el aborto libre, y cuya moción obtuvo solo 31 votos a favor frente a 369 en contra.
En la calle y en el Parlamento
Aunque Liechtenstein se trate de un pequeño principado de solo 35.000 habitantes, también es significativo que el pasado día 18 haya rechazado en referéndum, por 47,7% de votos a favor frente a 52,3% en contra, una iniciativa popular de legalización del aborto. Ya anteriormente la propuesta de legalización durante las 12 primeras semanas había sido rechazada en el Parlamento por gran mayoría. Peto los promotores de la iniciativa decían que la decisión parlamentaria no se correspondía con la opinión mayoritaria del pueblo.
En Suiza también se someterá a referéndum una iniciativa pro vida que plantea que el aborto no forme parte de las prestaciones del seguro de enfermedad, y por lo tanto no sea financiado con fondos públicos. Su tesis es que si el aborto es un asunto privado, también su coste lo debe ser.
En la misma línea restrictiva, la Duma (Parlamento ruso) aprobó en julio una ley sobre la publicidad que aplica al aborto normas semejantes a las que limitan los anuncios de tabaco y licores. También están en trámite parlamentario otras propuestas que prevén que la mujer pague de su bolsillo el aborto, y que, en el caso de la mujer casada, el marido declare por escrito que está de acuerdo con el aborto. El deseo de reducir el número de abortos responde a la línea oficial de luchar contra el decrecimiento de la población.
En Hungría el gobierno de Viktor Orbán, líder del partido conservador Fidesz, está intentando crear un clima más favorable al respeto a la vida. La nueva Constitución se compromete a “proteger la vida del feto desde su concepción”. Tras la aprobación de la Constitución, el gobierno ha lanzado una campaña institucional para reducir el número de abortos mostrando el valor de la vida por nacer. En lugar de abrogar directamente la ley de la época comunista que autoriza el aborto a petición hasta la duodécima semana, el gobierno intenta convencer a la sociedad.
En España está pendiente un recurso planteado ante el Tribunal Constitucional contra la ley aprobada en 2010 por el gobierno de Zapatero que autoriza el aborto libre durante las 14 primeras semanas y hasta la 22 si está en riesgo la salud de la madre o el feto presenta graves anomalías. Por ahora, lo que puede restringir el número de abortos son las dificultades de financiación. En la región de Castilla-La Mancha, las siete clínicas privadas que practican abortos han dicho que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo deberán pagar, pues el servicio de salud les debe más de un millón de euros.
Con informaciones de Higinio Paterna desde Varsovia.