Una institución canadiense ha resumido en un documento los puntos principales que sustentan la autoridad de padres y tutores como primeros responsables de la educación de sus hijos, también en la escuela pública, y ha comenzado una campaña para conseguir adhesiones que respalden la actuación de los progenitores frente a los excesos del Estado o las limitaciones de las autoridades educativas. Entre otras peticiones, exigen información previa sobre los programas de algunas asignaturas y la posibilidad de decidir la no asistencia de los hijos, cuando los contenidos entren en conflicto con su competencia como padres.
La declaración pide instaurar un sistema de consulta en los programas sobre sexualidad y otros temas sensibles, de manera que se conozcan sus contenidos y los padres puedan decidir que sus hijos participen o no en esas clases
La iniciativa se puso en marcha en Canadá a comienzos de julio por una sociedad denominada Catholic Civil Rights League y busca apoyos entre todo tipo de personas y asociaciones que estén de acuerdo con su contenido, independientemente de su fe o creencias. Su objetivo es “recordar a la sociedad que padres y tutores son los primeros y más importantes cuidadores de sus hijos” y su autoridad “debe ser respetada por el Estado y todos los que tienen que ver con el proceso educativo”. Se trata de dar apoyo a unos padres que “a menudo se sienten aislados o marginados en sus relaciones con las autoridades educativas o con los profesionales”.
El documento apoya cada uno de sus afirmaciones en textos aprobados por Naciones Unidas y reconocidos por la gran mayoría de países, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) a la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). El texto destaca sobre todo la primacía de la autoridad de los padres en la labor educativa, por el simple hecho de haber dado la vida a sus hijos. Esta obligación natural les confiere, según los promotores de la declaración, una autoridad inalienable para educar a sus hijos que “no depende ni se deriva de la sociedad o el Estado”. Por eso, aunque deleguen parte de su responsabilidad en maestros o profesores que les ayuden, “los padres y tutores siguen reteniendo su autoridad”, señala.
A la vez que se recuerda el deber de los padres de comprometerse activamente en el proceso educativo, cooperando con los profesores y colegios, se les reconoce la posibilidad de que puedan educar a sus propios hijos en casa, con la ayuda de profesores que ellos mismos busquen, en colaboración con otros padres, o poniendo en marcha colegios que concuerden con sus objetivos y convicciones. Según la Catholic Civil Rights League, apoyar y ayudar esas iniciativas de padres y tutores desde el Estado y la sociedad “resulta coherente con el pluralismo auténtico”.
Más transparencia
El texto es especialmente sensible hacia la formación en ética y normas morales, aspectos que no deben ceñirse solo al contexto de la práctica religiosa. Por eso, también en las escuelas públicas –que se ven como una ayuda a los padres– debe seguir prevaleciendo la autoridad de los progenitores sobre la educación de los niños. “La escuela pública no puede convertirse en un instrumento de imposición cultural, ideológica o religiosa, amparándose en el argumento de que el Estado o las autoridades educativas conocen mejor lo que beneficia más a sus hijos”.
Los firmantes de la declaración exigen la puesta en marcha de un sistema de consulta sobre los programas de las asignaturas y la posibilidad de que los padres decidan sobre la participación o no en algunas actividades. La petición de transparencia en los programas y materiales escolares debe ser especialmente cuidadosa en materias como la sexualidad y otros temas sensibles, de manera que se conozcan con antelación esos contenidos y se respete que, en algunos casos, los padres decidan que sus hijos no asistan o participen en esas clases. Amparándose en textos reconocidos internacionalmente, la Catholic Civil Rigths League asegura también que “nadie puede obligar a los niños y a los jóvenes a guardar secreto sobre contenidos y métodos de instrucción”.
La asociación canadiense recuerda que para el desarrollo y el bienestar de los niños y de la sociedad, es preciso educar en el bien, la verdad y la libertad, lo que incluye potenciar no solo el conocimiento sino también algunas virtudes. En su opinión, éstos son aspectos fundamentales de la educación y resultan esenciales para el desarrollo y bienestar de los niños y de la sociedad.