La reducción del consumo por la crisis económica no tiene solo efectos negativos. También está sirviendo para que una parte de la población se replantee sus adicciones. 200.000 españoles han dejado de consumir cocaína, según datos de la encuesta bienal sobre consumo de drogas, avanzados por el Ministerio de Sanidad. La población de 15 a 64 que se declara consumidora de cocaína ha bajado del 3,1% al 2,6%, aunque todavía son nada menos que 814.000 personas. No en vano España es, junto con el Reino Unido, el país de la Unión Europea con mayor índice de prevalencia.
Aunque en el descenso pueden influir diversos factores, los expertos concuerdan en que el primero y principal ha sido la caída del poder adquisitivo, mientras que los precios de la coca se han mantenido estables y altos (entre 50 y 60 euros el gramo). La crisis económica ha logrado así lo que no habían conseguido las campañas informativas, ni las recomendaciones sanitarias.
Este dato empírico obliga a poner en cuarentena el argumento esgrimido por algunos de que la legalización de la droga es el mejor camino para controlar su consumo. Con el libre mercado de la droga, los productores bajarían los precios para ampliar su clientela y su red de distribución, con lo que inevitablemente aumentaría el consumo.
Pensar que esa facilidad de acceso se podría contrarrestar con campañas informativas sobre los riesgos del consumo de drogas parece una visión utópica. Mario Vargas Llosa, tan reacio a otras utopías, se aferra aún a esta, al defender en un artículo (El País, 7-11-2010) que esta información al público tendría “un resultado infinitamente más beneficioso y de más largo alcance que una política represiva”, que “no ha hecho retroceder un ápice la drogadicción en ninguna sociedad”. La información nunca está de más, pero da la impresión de que la represión económica que suponen los precios altos de la droga ayuda bastante a limitar el consumo. Asimismo, la prohibición hace más creíble el mensaje de que las drogas son dañinas, mientras que su legalización lo devaluaría.
Tampoco parece que los adictos que ya no tienen dinero para la coca se hayan dedicado a delinquir para procurárselo, otro efecto perverso que a menudo se atribuye a la prohibición. En cambio, la crisis ha provocado que los cocainómanos que ya no pueden permitirse el vicio busquen ayuda para superar su adicción. La ONG Proyecto Hombre -especializada en el tratamiento de drogodependientes- trató en 2009 a un récord de 6.280 adictos a la cocaína, que en el 95% de los casos eran personas que ya no tenían poder adquisitivo para obtenerla (El País, 11-11-2010). Son personas que han visto en la drogodependencia una amenaza muy distinta de la que ve Vargas Llosa en la prohibición. El pensador peruano cree que “es peligrosísimo que el Estado empiece a decidir lo que es bueno y saludable y malo y dañino”, pues “por ese camino se puede llegar insensiblemente a la desaparición de la soberanía individual y a una forma encubierta de dictadura”.
Pero lo que hace la droga es precisamente anular esa libertad individual. En el mismo reportaje de El País, un ex cocainómano que se puso en tratamiento después de sufrir un accidente cardiovascular en el que estuvo a punto de morir, manifiesta su satisfacción por haber recuperado la capacidad de decir no a la droga: “Antes era un esclavo, pero ahora he recuperado las riendas de mi vida”. Si con esclavos no puede construirse una sociedad democrática, combatir la drogadicción es un modo de ampliar la libertad.