Bruselas. La instrucción judicial sobre los abusos sexuales en la Iglesia en Bélgica, que comenzó con un espectacular registro en la sede del arzobispado de Malinas-Bruselas el pasado 24 de junio, se encuentra hoy sujeta a vigilancia del fiscal general. Así lo ha decidido el ministerio público ante las dudas sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el juez instructor del distrito de Bruselas, Wim De Troy, dudas que crecen conforme pasa el tiempo.
Primero, el 24 de junio, fue el actual arzobispo de Bruselas, monseñor André Leonard, quien, reconociendo que la Justicia puede intervenir en el caso de los abusos sexuales en la Iglesia, levantó las primeras dudas sobre un registro efectuado con métodos propios del Da Vinci Code. Ese mismo fin de semana, Child Focus, una organización que se ocupa de los casos de niños desaparecidos y maltratados en Bélgica, expresaba también sus reservas sobre la manera en que la Justicia había atacado el problema.
La semana siguiente, el ministro federal de Justicia, Stefaan De Clerck, aun reconociendo la independencia del juez en el desarrollo de la instrucción del caso, criticaba el modo “más bien brutal” del registro realizado en Malinas. Y el 2 de julio, más de 250 miembros de la asociación flamenca de médicos generalistas Domus Medica firmaban una declaración pública para quejarse del posible daño causado a las víctimas de estos abusos por la incautación indiscriminada de material en la sede de la comisión Adriaenssens. A su juicio, el registro se había hecho sin tener en cuenta el principio de confidencialidad que exige la medicina. Esta comisión, organizada por la Conferencia Episcopal belga en el año 2000, gozaba de un estatuto de independencia con respecto a la Iglesia y a la Justicia para tratar las quejas por abusos sexuales, prestando apoyo y orientación a las víctimas.
El derecho a la confidencialidad de las víctimas
Por el momento, existen serias dudas sobre la atención que se presta a las víctimas. Los miembros de la comisión Adriaenssens dimitieron oficialmente el jueves 1 de julio. Las 475 víctimas de abusos que habían acudido a esta comisión, y cuyos informes se encuentran en manos de la Justicia, ignoran el tratamiento que recibirán sus casos. Aunque la comisión ya no existe, más de cincuenta de estas víctimas han contactado al presidente del citado organismo, el psiquiatra Peter Adriaenssens, en busca de apoyo. Otros han buscado un abogado para representarlas y defenderlas.
Como ha sucedido en otros países, también en Bélgica sucede que no se trata de casos de abusos en la actualidad, sino de hace bastante tiempo. El ministro de Justicia, Stefaan De Clerk, ha informado que la gran mayoría de los 475 dossiers incautados se remontan a 30, 40 y 50 años atrás. En Bélgica, la prescripción por delitos de paidofilia es de diez años a partir de la mayoría de edad de la víctima. Como la gran mayoría de los casos han prescrito legalmente, el ministro de la Justicia pide a la Iglesia que repare de alguna manera el mal cometido: o con la sanción interna de los sacerdotes abusadores o con indemnizaciones económicas.
Entre el juez y el fiscal, quedan las víctimas
Walter Van Steenbrugge, abogado de cinco víctimas de abusos cuyos informes fueron incautados por el equipo de instrucción de Bruselas, expresa su temor de que el curso de los acontecimientos se convierta en una batalla ideológica que olvide en el camino a las víctimas. El abogado cree que el problema de fondo es una lucha interna entre la Logia y la Iglesia; o entre el juez instructor, que ataca a la Iglesia, y el fiscal general, que se rebela contra este ataque. El argumento podría parecer maniqueo, si no se diera en una sociedad como la belga, que, aunque muy secularizada, continúa manteniendo su tradicional división entre ambientes e instituciones de inspiración librepensadora, católica o socialista, desde la cuna a la tumba.
De momento, el juez instructor continuará su trabajo. Hoy, 6 de julio, interroga al anterior arzobispo de Bruselas, cardenal Godfried Danneels, de 77 años, primado de la Iglesia belga de 1979 a 2009.
Pero, al mismo tiempo, el fiscal general de Bruselas investigará la forma en que se ha realizado hasta ahora la instrucción. Después de un primer examen, podrá determinar un recurso de apelación, para cambiar la manera de instruir el proceso, o incluso para desposeer al actual juez de instrucción de sus poderes sobre el mismo.
Bélgica ha sido un país tradicionalmente católico. Esa ha sido una de las claves de su separación de otros países vecinos, como Holanda, donde el protestantismo tuvo una gran influencia, y con la que antes de la independencia belga había compartido la denominación de “Países Bajos”. En torno a los años del Concilio Vaticano II, comenzó un proceso de secularización creciente hasta nuestros días.
Sin embargo, buena parte de las estructuras sociales del país mantienen, aunque sea de forma nominal, su adscripción al mundo católico o al mundo laico. Así, existen redes paralelas de colegios, universidades, hospitales, sindicatos, mutualidades…