En plena crisis económica, la Iglesia se ha vuelto a convertir en uno de los principales pilares sobre los que se sustenta la sociedad española más necesitada. Centros para mitigar la pobreza, ambulatorios, dispensarios y centros de asistencia a inmigrantes han sido algunas de las instituciones eclesiales que atendieron a un mayor número de personas en 2008, año de cuyo ejercicio fiscal rinde cuentas la Memoria Justificativa de Actividades presentada por la Conferencia Episcopal Española, y en el que ya comenzaba a notarse el impacto de la crisis.
Una crisis económica que, según un estudio que analiza el primer impacto de la crisis en la cohesión social en España elaborado por la Fundación Faessa para Cáritas, ha provocado que de 2007 a 2009, el porcentaje de los pobres en España aumente un 3,4 por ciento. Esto supone que hay un millón más de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza y ya superan los nueve millones.
Precisamente, Cáritas y Manos Unidas fueron las organizaciones de la Iglesia que atendieron en 2008 a una tercera parte esos nueve millones de pobres. La Iglesia destinó un total de 262 millones de euros a sus actividades caritativas, cifra que supera los 252 millones que percibió de las asignaciones voluntarias de los ciudadanos a través del IRPF.
Esta partida relativa al IRPF, que es la que se explica en la memoria, supone un 25% del total del presupuesto de la Iglesia y se destina en gran parte a las diócesis que la utilizan para el sustento del clero, el mantenimiento de los seminarios y las actividades pastorales. El 75% restante procede de las donaciones y aportaciones directas realizadas por los ciudadanos.
Ahorro para el Estado
Valorar en términos económicos la aportación de la Iglesia y el ahorro que supone su presencia pública para el conjunto de la sociedad española es una misión compleja.
Para justificar el empleo de los recursos y concienciar a la sociedad sobre el coste real de muchos de los servicios que presta, la Conferencia Episcopal solicita todos los años un estudio de los datos que suministran las 69 diócesis. Según los cálculos de este informe, entre sacerdotes, laicos y voluntarios se alcanzaron los 45 millones de horas que valoradas a precio de mercado supondrían un coste 2, 7 veces mayor para el Estado. Si la Iglesia destina 680 millones al sostenimiento de las tareas que realizan sus agentes pastorales, el Estado tendría que invertir 1.860 millones.
En la educación, por ejemplo, los 6.000 centros de la Iglesia, en los que hay escolarizados más de 1,4 millones de alumnos, cuestan 2.466 millones de euros. Si se tratara de plazas de centros públicos el Estado tendría que pagar 4.148 millones más, porque la plaza de un centro público es bastante más cara que la de uno en la enseñanza concertada.
En lo que al Patrimonio cultural y artístico se refiere, existen importantes programas nacionales y autonómicos que colaboran en planes de rehabilitación, pero el peso del mantenimiento y de la apuesta en disposición del uso de dichos bienes recae fundamentalmente en la Iglesia que invirtió en 2008 50 millones de euros en su mantenimiento.
El gerente de la Conferencia episcopal, Fernando Giménez Barriocanal explicó en la presentación de la citada memoria que este patrimonio artístico “lejos de constituir un tesoro económico o fuente de negocio, como algunos piensan, se concibe como un servicio a los demás”. Fenómenos como la Semana Santa en cualquier parte de España, el Camino de Santiago o la inmensa cantidad de monumentos históricos de carácter religioso son o albergan principalmente actividades de culto pero suponen a su vez un factor dinamizador del turismo en España. “Revierten en la sociedad mucho más de lo que cuestan, más allá de la rentabilidad en el corazón de las personas que es incalculable”, señaló Barriocanal.