Una campaña del Consejo de Europa pide la abolición de los correctivos físicos a los niños, también en el ámbito doméstico, sin distinguir entre los malos tratos propiamente dichos y los cachetes o azotes que pueden dar los padres. La misma prohibición completa, instaurada hace tres años, es motivo de polémica en Nueva Zelanda.
Esta semana, el Consejo de Europa (CE) ha organizado algunos actos para promover la prohibición total y expresa de los castigos corporales a los niños en el continente, cosa que ya han hecho 20 países miembros. Se ha montado una exposición en el edificio de la Asamblea Parlamentaria del CE, en Estrasburgo, y el 27 de abril tuvo lugar un debate público en la sede del Comité de Ministros.
El ministro de Familia y Educación, Ed Balls, suscribió la propuesta, que calificó de “solución sensata y proporcionada”. A lo que la vicesecretaria general del CE, Maud de Boer-Buquicchio, replicó que los derechos humanos, entre los que ella cuenta la inmunidad de los niños a los castigos físicos, no admiten excepciones.
De todas formas, el ministro Balls últimamente se ha tenido que ocupar más de la disciplina escolar que de la doméstica, y no porque se practiquen los castigos corporales, pues no están permitidos en los colegios. En Gran Bretaña, como en otros países, los malos tratos en la escuela (violencia, acoso) suelen ser de alumnos contra condiscípulos o maestros. Por eso el Ministerio ha creído conveniente aclarar que la prohibición de castigos físicos no impide que los profesores empleen una “fuerza moderada” si es necesario para impedir daños a personas o al material de la escuela (cfr. Aceprensa, 7-04-2010).
El Consejo de Europa quiere promover el “ejercicio positivo de la parentalidad”, que describe, entre otras características, como un modo de educar sin recurrir a la violencia. En los folletos y demás documentación de la campaña hay cierta ambigüedad sobre si las palmadas corrientes, que no causan daño ni dejan señal, están o no incluidas entre los correctivos que se deben prohibir. Precisamente el debate del día 27 se centró en dónde poner el límite de lo tolerable y si vetar por ley los castigos físicos incluso por parte de los padres supone una intromisión del Estado en la vida familiar.
Nueva Zelanda: una ley impopular
Esto último es lo que sostienen los padres neozelandeses contrarios a la ley que desde 2007 les prohíbe usar castigos físicos con sus hijos. Los disconformes son mayoría, según una encuesta publicada a finales de marzo. Lo mismo había indicado el pasado agosto un referéndum no vinculante: cerca del 90% de los que votaron se manifestaron en contra (cfr. Aceprensa, 28-08-2009).
La contestada medida eliminó del Código Penal la cláusula que excluía del delito de maltrato a niños la aplicación de una fuerza moderada para corregir a un hijo. La razón era que la excepción podía resultar un coladero que amparase malos tratos. También se pretendía un efecto educativo que previniese la violencia doméstica contra los niños difundiendo la idea de que pegarles no es buen recurso pedagógico y de que son preferibles otros castigos. Con la prohibición general, la policía tiene mayor facilidad para intervenir, pero a la vez se le concede amplio margen para hacerlo o no, a fin de que no se persigan hechos sin importancia.
Los contrarios replican que eso es inseguridad jurídica, pues lo que se permite a los padres queda al arbitrio de la policía y los organismos responsables de la protección a la infancia. El gobierno, a su vez, alega que desde la entrada en vigor de la ley solo se ha procesado a dos personas, lo que por otra parte parece síntoma de la escasa utilidad de la reforma. El primer ministro, John Key, ha querido tranquilizar a la gente asegurando que si se llevara a juicio a unos padres por dar un ligero cachete o azote, cambiaría la ley.
Family First, la ONG que promovió el referéndum y encargó la reciente encuesta, pide al gobierno que escuche el clamor popular. Cuatro de cada cinco (tres de cada cuatro entre las madres) se pronuncian contra la prohibición. Tres de cada cuatro no creen que vaya a servir para bajar la tasa de maltrato a niños. El 45% de las mujeres con hijos menores de 12 años dicen haberles propinado algún cachete ilegal en el último año. Una de cada cuatro madres daría su voto en las próximas elecciones a un partido que se comprometiera a cambiar la ley. Otro dato significativo es que solo un tercio de los encuestados entiende correctamente la ley.
La oposición a la medida parece haber aumentado. En el referéndum, puesto que la participación fue del 54%, la reprobaron el 46,8% de los electores (y solo el 7% se pronunciaron a favor), y poco después un sondeo halló un 52% de opiniones contrarias, más un 27% que se contentaban con aplicarla con mayor flexibilidad en vez de cambiarla. Da la impresión, según interpreta Family First, de que muchos de estos se han ido sumando al rechazo de la ley.