Aunque nuestra sociedad presume de haber liquidado los viejos tabúes, cada vez parece más claro que simplemente han sido sustituidos por otros. De modo que la misma libertad de expresión resulta hoy recortada por otros límites políticamente correctos. No se trata ya solo de opiniones, sino de hechos que está mal visto mencionar.
En Francia ha sido muy comentada la sanción que el Consejo Superior de lo Audiovisual -organismo regulador de la televisión- impuso a Canal Plus, por haber retransmitido los comentarios de un polémico periodista, Eric Zemmour, a propósito de la criminalidad y la inmigración. “Los franceses de origen inmigrante -había dicho Zemmour- sufren más controles policiales que los demás, porque la mayoría de los traficantes son negros y árabes, esto es un hecho”. Ante las críticas suscitadas, el empleador convoca al periodista a una entrevista previa al despido. El mundo mediático se encrespa; los lectores se movilizan a favor y en contra. Ante la reacción suscitada, la amenaza de despido de Zemmour es anulada.
Christophe Deloire, director del Centro de Formación de Periodistas, se pregunta en un artículo publicado en Le Monde (5-04-2010) si hay verdades que no está bien mencionar. Recuerda que él mismo, que era periodista en Le Point en 2007, pudo comprobar, con datos de la policía judicial, que entre el 60% y el 70% de los delitos cometidos en Francia correspondían a jóvenes inmigrantes africanos. Explica que, como la delincuencia está, al menos en parte, relacionada con la exclusión social o cultural, la estadística no agota toda la realidad, pero no deja de ser un hecho. Deloire constata que el hecho mencionado por Zemmur ha chocado más que otras opiniones suyas mucho más discutibles.
Deloire advierte que “con la ocultación de una realidad, de una cifra, de un hecho, incluso aunque sea solo una parte, y con la prohibición de debatir comienza la abolición de la honestidad y de la idea misma de verdadero y falso”. “La primera obligación del periodista debería ser recoger todos los indicios posibles para comprender el mundo y la sociedad, en vez de adoptar el papel de clérigos que sermonean sobre lo que es ‘responsable’ y ‘moral’”.
De este modo, cree Deloire, serían también más populares, pues la derrota de la verdad y la crisis de la libertad de expresión exasperan a los franceses, que no soportan ya las lecciones dadas por los autoproclamados clérigos. “Sobre la inmigración, la delincuencia, la globalización, Europa, los comunitarismos, los conflictos de interés, etc. los franceses piden que los medios de comunicación les digan la verdad (verdades que pueden ser diferentes en función de las líneas editoriales) en lugar de dedicarse a impedir la revelación de los hechos brutos”.
En otros casos la libertad de expresión está hoy amenazada por las represalias contra los que se atreven a manifestar opiniones que no son toleradas. En esta línea, Wendy Kaminer, abogado y activista a favor de la libertad de expresión, se pregunta en spiked-on.line.com (24-03-2010) si “criticar a los gays se ha convertido en una forma de blasfemia secular”.
Como muestra, aduce dos casos recientes de represalias académicas y profesionales. Julia Ward estaba terminando un master en terapia psicológica en la Eastern Michigan University cuando fue expulsada por negarse a afirmar que la homosexualidad es moralmente aceptable y por negarse a entrar en un programa de reeducación para corregir su “error de juicio”.
Donald Mendell, orientador en una escuela pública de Maine (Estados Unidos), aparece en un anuncio de televisión apoyando la iniciativa contra el matrimonio homosexual en el estado, que luego sería aprobada. Aduciendo su aparición en este anuncio, otro orientador presenta una denuncia contra Mendell ante el organismo estatal que concede las licencias profesionales; alega que Mendell ha violado el código de la Asociación Nacional de Asistentes Sociales que prohíbe “cualquier forma de discriminación” basada en la orientación sexual (el caso está pendiente).
Kaminer comenta que casos como estos “reflejan la tendencia a confundir la expresión o la creencia con la conducta, y a tomar represalias contra las personas o los grupos cuyos puntos de vista se equiparan con una discriminación real. Pero equiparar la expresión con la acción es también un truco semántico de la gente que prefiere no reconocer (incluso a sí mismos) que apoyan la censura y la restricción de la libertad de expresión”. En los casos de Ward y Mendell, los denunciantes están invocando los códigos de ética profesional como si fueran códigos que prohíben la blasfemia y que permiten castigar como herejes a los discrepantes, dice el abogado del Alliance Defense Fund.