Aunque no se enteró mucha gente, del 1 al 12 de marzo tuvo lugar en Nueva York la cumbre “Pekín +15”. O sea, la Comisión de la ONU sobre el Estatuto de las Mujeres se reunió con delegadas y activistas de los distintos países. El objetivo era revisar el grado de cumplimiento de la Declaración y la Plataforma de Acción adoptadas en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995). El resultado más tangible es que la burocracia de la ONU contará con una nueva agencia, dedicada a la “igualdad de género”.
La denominación “Pekín +15” delata que la Conferencia Mundial sobre la Mujer ha dejado de ser decenal -después de dejar de ser quinquenal tras la tercera (Nairobi, 1985)-; en el mismo caso está la de Población, que no se ha repetido después de El Cairo (1994). Una cumbre de seguimiento no puede despertar tanto interés como la “de verdad”; pero la atención prestada esta vez por los medios ha sido especialmente escasa.
Hace 15 años, la Plataforma de Acción de Pekín hizo un llamamiento a los gobiernos para que centraran sus esfuerzos de promoción de las mujeres en una serie de áreas críticas: la feminización de la pobreza; el acceso a la educación; la violencia contra la mujer; la exclusión de la toma de decisiones; los derechos humanos de la mujer; etc.
Estas líneas estratégicas son tan amplias que no resulta sencillo averiguar si la situación de las mujeres mejora o empeora. El diagnóstico se complica todavía más si se tiene en cuenta que la Comisión de la ONU debía realizar este análisis a la luz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, otra declaración no exenta de vaguedades.
El resultado es un informe de 106 páginas en el que se reseñan los logros alcanzados en algunos países, a la vez que se muestra lo que resta por hacer. Hasta aquí, todo muy previsible.
En la práctica, lo más interesante de este tipo de encuentros suelen ser los documentos adoptados. No sólo porque marcan las líneas de trabajo para los próximos meses, sino también porque indica a dónde irá a parar el dinero de los gobiernos.
Tras varios días de tira y afloja, la comisión aprobó siete resoluciones. Casi todas pretenden atajar problemas específicos como la mutilación genital femenina, los secuestros de mujeres y niñas en conflictos bélicos, la mortalidad materna o la situación de las mujeres palestinas.
La agencia de género
Una de las resoluciones más controvertidas es la que crea, dentro de Naciones Unidas, una agencia para impulsar la “igualdad de género”. Según el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, se trata de “un nuevo órgano que se enmarca dentro de la nueva arquitectura en política de género que está llevando a cabo Naciones Unidas para cumplir su objetivo de potenciar el papel de las mujeres en el mundo”.
El que se cree una agencia para promover las políticas de igualdad de las mujeres no es ninguna novedad. De hecho, en la ONU ya había cuatro oficinas destinadas a este fin; precisamente, el nuevo organismo nace para reemplazar a las ya existentes.
Lo que resulta más inquietante es el concepto de “igualdad de género” al que va unido la agencia. Junto a reivindicaciones muy plausibles, este concepto abarca cuestiones tan discutibles como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; categoría inventada para promover el aborto.
Así lo puso de manifiesto en su discurso ante la comisión Mary Ann Dantuono, miembro de la delegación de la Santa Sede. Tras recordar las principales formas de abuso que sufren hoy las mujeres, denunció el uso ideológico del concepto de “igualdad de género” que se viene haciendo en algunos organismos internacionales desde las cumbres de El Cairo y Pekín.
“En algunos documentos oficiales recientes encontramos interpretaciones del término género que desdibujan la especificidad y la complementariedad entre hombres y mujeres. Aunque estas teorías no van a cambiar la naturaleza de las cosas, en la práctica están minando cualquier avance serio en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las mujeres”.
Llama la atención, añadió Dantuono, la correlación que establecen casi todos los documentos y resoluciones internacionales entre “el logro de los derechos personales, sociales, económicos y políticos, de un lado, y la noción de salud sexual y reproductiva, contraria a la vida del no nacido y a las necesidades esenciales de las mujeres y de los hombres, de otro”.
Dantuono puso como ejemplo la estrategia para reducir la mortalidad materna, cuyo incremento se atribuye a menudo a la prohibición del aborto. “Una solución respetuosa con la dignidad de la mujer no puede llevarnos a pasar por alto su derecho a la maternidad. Más bien, nos compromete a promoverlo a través de la inversión y la mejora de los sistemas sanitarios locales y de la provisión de los servicios obstétricos básicos”.