La reforma de la ley del aborto en España pretende, por una parte, reconocerlo como derecho y, por otra, reducir su número por la generalización de la anticoncepción y la información sexual desde la escuela. Para ver si son realistas estos objetivos es interesante atender a la situación en Francia, donde la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS) acaba de publicar un informe sobre el aborto, que había sido encargado por el gobierno.
En Francia el aborto es legal desde 1975, y en 2001 se ampliaron las facilidades para interrumpir el embarazo, extendiendo el plazo de 10 a 12 semanas y permitiendo que las menores de 18 años aborten sin autorización de los padres. El informe de la Inspección se propone hacer balance de la reforma de 2001.
La ley francesa se ponía como objetivo progresar en el control de la fecundidad, de modo que el acceso generalizado a las técnicas anticonceptivas redujera el número de abortos. Lo mismo declara la ley de reforma en España, según la cual “los poderes públicos desarrollarán acciones informativas y de formación sobre salud sexual y reproductiva, con especial énfasis en la prevención de embarazos no planificados, dirigidas principalmente a la juventud y colectivos con especiales necesidades”.
Anticoncepción para prevenir abortos
El informe francés reconoce que la anticoncepción está masivamente difundida en el país, con un fuerte predominio de la píldora. Menos del 5% de las mujeres declaran no utilizar técnicas anticonceptivas, cuando tienen una actividad sexual y no desean quedarse embarazadas. Sin embargo, el nivel de fracaso anticonceptivo sigue siendo alto. Un tercio de los embarazos se consideran “no deseados”, y el 60% de ellos acaban en aborto.
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Anticoncepción y aborto no son excluyentes sino complementarios. El informe francés reconoce: “El nivel de fracasos de la contracepción es preocupante: el 72% de las IVG [interrupciones voluntarias del embarazo] se realizan con mujeres que recurrían a prácticas anticonceptivas, y en el 42% de los casos esta contracepción se basaba en un método médico, teóricamente muy eficaz (píldora o DIU)”.
En consecuencia, “la difusión masiva de la contracepción no ha hecho disminuir el número de IVG, que se mantienen en torno a 200.000 al año”. La tasa de abortos es de 14,5 por 1.000 mujeres, mientras que en España se sitúa en 11,49 en 2007.
La píldora del día después
Como en España, las esperanzas de la reducción del número de abortos estaban puestas también en la píldora del día siguiente. Para quitar cualquier obstáculo, las jóvenes francesas pueden obtener esta píldora de forma gratuita y anónima. Ahora se ha puesto también en el mercado la “píldora de cinco días después”. Esta política ha rendido frutos a los laboratorios, pero no a la prevención de embarazos no deseados.
“La contracepción de urgencia -dice el informe- debía poder prevenir la mitad de los embarazos no deseados, especialmente entre las jóvenes, y de los abortos cada año. Este objetivo es por el momento letra muerta. Si el recurso a la píldora del día siguiente ha aumentado un 72% entre 2000 y 2005, el número de IVG practicadas ha permanecido estable. Se constata incluso un aumento del aborto entre las jóvenes, que sin embargo son las primeras usuarias de la contracepción de urgencia”. Esta evolución coincide con lo observado en España desde la introducción de la píldora del día siguiente en 2001, y puede ser indicativa de lo que puede suceder ahora que se vende incluso sin prescripción médica.
A la vista de esta experiencia, el informe francés parece abandonar la esperanza de que el aborto llegue a ser algo excepcional. Con una actitud que algunos han calificado de derrotista, mantiene: “La IVG no es pues un suceso excepcional, sino que constituye un componente estructural de la vida sexual y reproductiva y debe ser abordado en cuanto tal”.
Una prestación sanitaria más
Desde el momento en que la Inspección considera el aborto como un “componente estructural”, cabría esperar que el sistema sanitario lo viera también como una prestación sanitaria más. Es lo mismo que pretende la ley española al incluirlo entre los servicios comunes del sistema nacional de salud.
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Sin embargo, advierte el informe francés, “la situación de la IVG en el sistema sanitario no se ha normalizado aún, a pesar de la movilización de los servicios del Ministerio para que la actividad de IVG sea reconocida como una actividad sanitaria normal”. Y es que la práctica del aborto “sigue siendo poco atractiva para el personal sanitario. El recurso a la objeción de conciencia por parte de estos profesionales es desigual y mal conocida, y parece haber ido a más por la prolongación del plazo legal para las IVG”. Médicos que estaban dispuestos a practicar un aborto de un feto de escasas semanas, se muestran reacios cuando se trata de uno de tres meses, cuya forma humana es evidente.
A diferencia de España, donde solo un 3% se realizan en el sector público, en Francia el 75% de los abortos se practican en los hospitales públicos. Esta proporción ha ido a más, porque es una intervención poco rentable para las clínicas privadas (la Seguridad Social reembolsa entre 306 y 442 euros por aborto).
El problema en el sector público es que cada vez hay menos médicos interesados en realizar abortos. Después de una generación de médicos “militantes”, dispuestos a asegurar el derecho al aborto, el relevo no está asegurado. Su próxima jubilación -reconoce el informe- plantea el problema de su relevo por médicos jóvenes “que no están motivados a comprometerse en esta actividad poco valorada y poco reconocida”.
Información sexual
La ley francesa, como la española, prevé también medidas en el ámbito educativo. La reforma española establece que la comunidad educativa realizará “actividades formativas relacionadas con la educación sexual, la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados”. En Francia, están previstas al menos tres sesiones anuales de educación sexual en la escuela, con grupos de edad homogéneos. Pero entre la ley la práctica hay distancias: “Parece que la obligación legal es aplicada muy parcial y desigualmente”, según el informe de la inspección.
No es que haya silencio sobre estos temas: “Con acciones de información sobre la sexualidad ofrecidas en muy diversos lugares, una larga difusión en Internet, difícilmente se puede decir que la población francesa no esté informada sobre estas cuestiones.” Sin embargo, reconoce el informe, se advierten representaciones equivocadas y errores de interpretación sobre los métodos anticonceptivos.