En Inglaterra, el debate en torno a los criterios de admisión en las escuelas confesionales -sobre todo, católicas o protestantes- es un clásico. No en vano estas escuelas se encuentran entre las mejores del país.
Desde que Tony Blair decidió llevar a sus hijos a un colegio católico, las escuelas confesionales británicas gozaron de un período de relativa calma. Es cierto que su gobierno promulgó unos criterios de admisión que establecían restricciones a estos centros (cfr. Aceprensa, 26-01-2005), pero en la práctica no se aplicaron con excesivo rigor.
La cosa se torció con la llegada de Gordon Brown al poder, en 2007. El nuevo líder laborista endureció los criterios para Inglaterra y Gales -únicos países del Reino Unido sobre los que el gobierno británico tiene autoridad en materia educativa- y los hizo cumplir a rajatabla. La idea era recortar el margen de discreción que siempre han tenido los colegios religiosos en la admisión de alumnos.
Estas escuelas están entre las más deseadas por las familias. Precisamente en 2007, el Departamento de Educación volvió a confirmar los brillantes resultados de los colegios confesionales en la clasificación nacional de escuelas de primaria que presenta anualmente: 17 de las mejores 25 escuelas del país eran religiosas.
Si se toman datos más amplios, se llega a la misma conclusión: entre las 209 escuelas que obtuvieron ese año los mejores resultados en los exámenes nacionales de fin de la enseñanza primaria en Gran Bretaña, dos tercios son escuelas confesionales. Y eso que sólo son un tercio del total de escuelas de primaria.
Aunque la mayoría de los colegios religiosos no excluyen a los alumnos que no pertenecen a la confesión correspondiente, en los últimos años han optado por hacer frente al exceso de demanda dando preferencia a las familias más acordes con el ideario del centro.
Para identificar a estas familias, los colegios solían realizar entrevistas. Pero como el gobierno las prohibió, tuvieron que recurrir a otras estrategias menos eficaces como exigir a los candidatos una carta de recomendación de un párroco o la firma de un compromiso de acuerdo con las enseñanzas de la ética cristiana.
Intrusión, ¿de quién?
Esta semana, el Daily Telegraph ha decidido entrar en la polémica con una batería de artículos muy críticos con el gobierno. En el primero de ellos, publicado el 11 de enero, denuncia que en los últimos seis meses más de 30 colegios confesionales -casi todos de la Iglesia anglicana o católica- han sido investigados por un órgano del gobierno.
St. Hilda’s, un colegio anglicano de secundaria en Liverpool, fue reprendido por pedir a los padres que animasen a sus hijos a participar en la formación religiosa que ofrece el centro. Los inspectores dijeron que semejante petición violaba el derecho de los alumnos a no asistir, si así lo deciden, a clases de religión.
A ocho colegios católicos de Newhman, situados al este de Londres, les han prohibido que sigan exigiendo a sus candidatos una carta de recomendación de un párroco. El argumento fue que el encuentro con el clérigo era similar a una entrevista, algo que los criterios oficiales prohíben.
La investigación afecta también a escuelas no cristianas. Por ejemplo, dos colegios sijs fueron amonestados por puntuar mejor a los candidatos cuyos padres participan en actividades comunitarias. Según los inspectores, eso era un signo de discriminación hacia los padres que no podían asistir a ese tipo de eventos por razones de trabajo.
El gobierno se ha justificado diciendo que, “aunque apoya el derecho de las escuelas confesionales a elegir alumnos de la misma confesión cuando tienen demasiada demanda”, los criterios deben ser rigurosos “para no frustrar las expectativas de las familias ni recoger una información demasiado intrusiva”.
Para las escuelas confesionales, lo que el gobierno interpreta en clave elitista no es más que el derecho que tienen las escuelas a definirse a sí mismas de acuerdo a su identidad religiosa.
Ciertamente, el empeño del gobierno por proteger a los padres de las intromisiones de los colegios en su vida religiosa es muy loable. Pero, como planteaba un editorial del Telegraph (11-01-10) cabe preguntarse si no es el gobierno el que se está entrometiendo en el derecho de los padres a elegir el tipo de escuela que quieren para sus hijos. “El grado de interferencia del gobierno en las cuestiones de los profesores y los padres de los hijos que acuden a los colegios religiosos es inaceptable. Se desincentiva la práctica de preguntar a los clérigos por referencias, mientras que se anima constantemente a los alumnos a ejercer su ‘derecho’ a saltarse las reuniones confesionales de esos centros”.
“En todo este asunto, el gobierno está haciendo gala de una mezcla de dos cualidades desagradables. Una es el creciente laicismo agresivo del moderno Partido Laboral, cuyos miembros tienden a equiparar la religión con la superstición. La otra es su repulsa a la independencia, ya sea en el sector privado o público”.
Mike Judge -portavoz del Christian Institute, organización cívica que contactó con el Telegraph para denunciar estos abusos- incide también en el laicismo del gobierno, que le ha llevado a diseñar “un curioso sistema donde las organizaciones laicas son las que dictan a los colegios confesionales los criterios para saber si alguien es religioso o no”.
“Sabemos que hay muchos padres que hacen lo imposible por llevar a sus hijos a una escuela confesional, aunque no sean de esa confesión. Por eso los colegios necesitan cierta flexibilidad, dentro del sistema, para decidir quién es religioso. Lo que no se puede hacer es meter a la religión en un cómodo formulario”.