Para luchar contra la pedofilia, en Gran Bretaña se pretende fichar y acreditar a todo el que quiera trabajar con niños. El aluvión de críticas obliga a replantear el proyecto.
Para evitar el riesgo de que posibles pedófilos trabajen con niños, al gobierno británico se le ocurrió crear una base de datos a cargo de una agencia gubernamental, la Independent Safeguarding Authority (ISA). Todos los que pretendan trabajar con niños “de manera frecuente” (al menos una vez al mes) o “intensiva” (tres días seguidos) deberían inscribirse en el fichero y ser acreditados por la ISA, la cual verificará que no han sido condenados por pedofilia y podrá también consultar con sus antiguos empleadores si han tenido sospechas sobre su conducta. La burocracia decidirá si da o no el visto bueno al aspirante.
Lo que al principio parecía una medida de prudencia (comprobar posibles antecedentes pedófilos), en manos de la burocracia ha acabado convirtiéndose en un leviatán. La obligación de acreditarse alcanzaría, según estimaciones, de 9,5 a 11,3 millones de personas, es decir, un adulto de cada cuatro.
Profesionales y voluntarios
Según el proyecto, en la base de datos entrarían todos los profesionales que trabajan con niños: todo el que aspire a un puesto en una escuela (profesor o limpiador) o en un hospital, entrenadores, clérigos, tutores, etc. Y no solo los profesionales, también los voluntarios que colaboran en alguna actividad con niños, en actividades extraescolares, lúdicas, deportivas… Incluso los padres de familias que acogen a un niño extranjero que viene a estudiar idiomas tendrían que ser acreditados.
El proyecto no se refiere solo a los que se trabajan con niños, sino también a los que se ocupan de “adultos vulnerables”. Por ejemplo, un chico de 16 años que hiciera actividades de voluntariado con personas de una residencia de ancianos o con discapacitados, también tendría que ser acreditado. Para más escarnio, además el que quiera acreditarse tiene que pagar 64 libras (71 euros) como coste de la gestión.
Si alguien trabaja con niños sin acreditarse se expone a una multa de 5.000 libras y los empleadores que no controlen el historial del candidato también pueden ser perseguidos.
La ley que creó el ISA y su base de datos en 2006 fue adoptada a raíz de un caso que conmovió al país en 2002, cuando dos niñas de 10 años fueron asesinadas en Soham por un hombre que trabajaba en un colegio, aunque ya había sido implicado en casos de agresión sexual. En realidad, la nueva ley tampoco habría impedido el drama, ya que el hombre encontró a las niñas porque eran alumnas de su pareja. Además, en la mayoría de los casos de pedofilia y maltrato de niños los responsables son miembros de la familia y amigos más que extraños.
Pero, a raíz de la conmoción popular creada por el caso, la ley fue aprobada por consenso y con escasas voces críticas. Resultaba políticamente incorrecto oponerse a una ley que quería defender a los niños. “El furor que se despertó en todo el país con el caso de Soham nos volvió a todos paranoicos”, reconoce ahora el policía, Chris Stevenson, que dirigió la investigación sobre el caso.
El síndrome de la sospecha
Un grupo libertario, el Manifesto Club, hizo campaña contra el proyecto, al principio con poco eco. Pero a medida que se concretaba el articulado las críticas fueron subiendo de tono. Escritores para niños, como Philip Pullman, Anne Fine y Michael Morpurgo, amenazaron con no visitar más escuelas antes que someterse a las “exigencias insultantes” del ISA. Después la prensa, con el Daily Telegraph a la cabeza, se sumó a la campaña en contra. Los conservadores, aunque en 2006 apoyaron la ley, ahora aprovechan el caso para dirigir sus tiros contra el gobierno. Y así el consenso inicial se ha transformado en una crítica unánime, que ha obligado al gobierno a revisar el proyecto.
Las críticas contra el dispositivo del ISA son muchas y variadas. La primera es que crea un mecanismo por el que todo el que quiere ocuparse de niños pasa a ser en principio un sospechoso que requiere el permiso de una burocracia gubernamental. Los críticos dicen que el espontáneo ofrecimiento de ayuda gratuita y desinteresada no puede funcionar si la relación debe establecerse a través de un control burocrático.
Esto desanimaría a los voluntarios, con lo que muchos clubs y actividades que se mantienen gracias a su trabajo ya no serían posibles, lo que redundaría en perjuicio de los niños. Por eso, la National Society for the Prevention of Cruelty to Children ha considerado que esta legislación pone en peligro “actividades perfectamente sanas y normales”.
Además, este procedimiento tiende a que los propios niños vean como sospechoso a cualquier adulto que esté en relación con ellos.
Lo que sale reforzado es el poder de la burocracia que gestiona “la mayor base de datos de este tipo en el mundo”, según admite el propio gobierno, y que se atribuye la decisión de dar permiso para hacer actividades con niños. Por si fuera poco, la decisión negativa no se basaría solo en que el interesado tuviera antecedentes penales, sino también en opiniones de sus anteriores empleadores, lo que podría dar lugar a evaluaciones negativas por meros chismes.
El gobierno ha pedido a la ISA que afine las reglas previstas, de modo que la definición de la actividad “frecuente” o “intensa” con niños se ajuste a las necesidades de “la vida real”. Pero cada vez más críticos piden el abandono de todo este proyecto que consideran irracional. A principios de diciembre el ISA presentará sus nuevas propuestas.