Hannah Jones, la niña británica de 13 años que ha renunciado a someterse a un trasplante de corazón, padece leucemia desde los cinco años. Para parar el cáncer, fue sometida a un tratamiento que le provocó graves daños en el corazón. Los médicos querían someterla a un trasplante, pero ella lo ha rechazado porque la intervención no le garantiza la vida. Además, las medicinas que debiera tomar para evitar el rechazo del nuevo órgano podrían reactivar la leucemia.
Para Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, “Hannah tiene dos opciones, las dos son moralmente lícitas: asumir los riesgos del trasplante y su tratamiento posterior con el fin de vivir unos años más o rechazar el transplante y esperar el momento natural de su muerte”.
Por esta razón, Latorre considera que “no tiene sentido que algunos hablen de ‘muerte digna’ tratando de relacionar este caso, que no tiene ningún tipo de problema ético, con otros bastante más discutibles para conseguir adeptos a su campaña de legalización de la eutanasia”.
“La decisión de Hannah Jones es perfectamente respetable y comprensible. Esta chica ha rechazado un tratamiento al que no está obligada moralmente a recibir y morirá cuando su corazón deje de latir o cuando de manera natural su organismo diga ¡ya!, pero nadie le va administrar sustancias para matarla ni le va a retirar ningún medio que le impida alimentarse o hidratarse, que son cuidados básicos, proporcionados y necesarios”.
Omisión de cuidados básicos
Muy distinto es el caso de Eluana Englaro, una mujer de 37 años que vive en coma desde el 18 de enero de 1992 tras sufrir un accidente de tráfico. El Tribunal Supremo italiano acaba de dictar una sentencia que permitirá desconectar la sonda que alimenta a la joven desde hace 16 años. Así lo había pedido su padre.
Según Carlo Alberto Defanti, el neurólogo que ha certificado por dos veces el estado vegetativo irreversible de Eluana, “cuando se le quite el alimento, podrá vivir todavía varias semanas pero lo decisivo será quitarle el agua, con la deshidratación moriría en 10 ó 15 días”.
José Miguel Serrano Ruiz Calderón, profesor de Filosofía del Derecho, advierte en ABC (14 octubre 2008) que “hidratar y alimentar a una persona por un procedimiento plenamente regular no puede considerarse una forma de ensañamiento. El caso es que Eluana no se muere y quizás debamos aprender a convivir con el hecho de que no lo controlamos todo”.
“No queremos juzgar -añade- la desesperación de su padre, pero sí podemos hacerlo con una sociedad y unos jueces que toman la decisión irreversible (…) de dejar morir de inanición a una persona que sin ningún otro medio extraordinario, sencillamente con el cuidado mínimo que no le negamos a nadie, seguirá viviendo pese a su estado. No pueden amparar su decisión en el sufrimiento de Eluana, pues ella no sufre, sino en la incapacidad social de atender a quien no puede agradecerlo”.
La postura de la Iglesia Católica respecto a estos casos se expuso en una respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la que se decía que proporcionar alimentación y agua a los pacientes en coma es en principio moralmente obligado (cfr. Aceprensa 100/07).