La Junta de Andalucía ha dado los primeros pasos para preparar una Ley de Dignidad ante el Proceso de la Muerte, con la que quiere fijar los derechos de los pacientes y encuadrar las actuaciones médicas en la atención de enfermos terminales. Se trata de regular un derecho reconocido en el nuevo Estatuto de Andalucía, que entró en vigor en marzo de 2007, que aborda el testamento vital y la dignidad ante el proceso de la muerte. “Se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse, en los términos que establezca la ley. Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte”, prescribe en sus dos apartados.
El Comité de Ética e Investigación dependiente de la Junta de Andalucía ha iniciado un debate cuyas aportaciones serán incorporadas al trabajo de los expertos encargados de la elaboración del borrador de Ley, que se prevé pueda ser presentado ante el Consejo de Gobierno en octubre de este año. El Comité de Ética acogerá una primera aproximación a los diferentes conceptos que surgen cuando se habla de muerte digna, tales como eutanasia, limitación de esfuerzo terapéutico, rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento, sedación paliativa o suspensión de atención médica por fallecimiento.
Principios que ya se aplican
Joaquín Fernández-Crehuet, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Málaga y fundador de la Asociación Española de Bioética, considera que esta ley es innecesaria, “porque los médicos ya actuamos en las direcciones que se indican en los presupuestos del borrador de la ley. Existen unos protocolos científicos que marcan la pauta en nuestras prácticas médicas. Lo que sí es necesario es que el legislador garantice que en cada centro sanitario, público o privado, exista un comité ético asistencial encargado de estudiar casos concretos de pacientes terminales”.
Fuentes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía reconocen que los principios mencionados de la futura ley ya están vigentes en la práctica clínica, pero que la administración autonómica desea que adquieran el rango de “derecho ciudadano” para evitar que la posible objeción de conciencia de los médicos evite su aplicación. “Se trata de regular ese derecho ciudadano, crear un marco legislativo para la atención a los enfermos terminales que debe aplicarse también en los centros sanitarios privados”, señalan las mismas fuentes.
La consejera de Salud de la Junta de Andalucía ha tratado de situar el proyecto de ley al margen de la eutanasia: “El derecho a la muerte digna no significa responder al binomio eutanasia sí, eutanasia no; entre el derecho a la muerte digna y la regulación de la eutanasia hay un montón de pasos intermedios, una variedad de atención asistencial diferenciada a pacientes distintos que exigen una regulación para asegurar que se respeta la voluntad del paciente y que los profesionales tienen un marco jurídico que permite avalar su práctica profesional”, ha manifestado a Efe.
Sin embargo, las diversas voces del PSOE que solicitan la aprobación de una ley de eutanasia hacen necesario un análisis detenido del contenido de la futura ley, ya que los conceptos de muerte digna, sedación terapéutica u obstinación terapéutica no son unívocos.
En este sentido, Fernández-Crehuet explica que el concepto de muerte digna no tiene nada que ver con la eutanasia. “Muerte digna es morir con todos los tratamientos médicos y psicológicos adecuados, y con el afecto que merece toda persona humana: los enfermos tienen la misma dignidad que los sanos. Sin embargo, la eutanasia es el acto deliberado de eliminar una vida humana, lo cual nunca es admisible. Pero hay que advertir que tan reprobable es la eutanasia como la obstinación terapéutica por mantener una vida artificialmente con medios desproporcionados. Cada caso es distinto”.
La Junta de Andalucía pretende con esta ley evitar casos como el de Inmaculada Echevarría, que, ingresada en el Hospital de San Rafael de Granada, pidió ser desconectada del respirador que la mantenía con vida, petición que autorizó la Junta y se efectuó tras ser trasladada a un hospital público el 14 de marzo del 2007 (ver Aceprensa 33/07).
Fernández-Crehuet entiende que el protagonismo en la atención sanitaria corresponde a los médicos, y que no es positivo que los políticos se inmiscuyan en unos protocolos “que ante todo son científicos”. “Hay que estudiar la situación de cada enfermo. En unos casos, estamos ante pacientes con enfermedades irreversibles cuya vida se está manteniendo artificialmente, por lo que es más correcto hablar de limitación del esfuerzo terapéutico, que es una práctica impecable desde el punto de vista ético. En otros, nos encontramos ante un enfermo terminal con un dolor refractario a los analgésicos, y es ética la sedación paliativa con objeto de eliminar el sufrimiento. Si de esto se pudiera derivar un acortamiento de la vida, eso no es eutanasia. Para estos casos existen las unidades del dolor, que palían el efecto de los síntomas. Es ético sedar a un paciente aunque se produzca un efecto colateral de acortamiento de la vida, pero nunca se debe practicar la sedación si tiene como principal efecto adelantar la muerte”.
Sobre la eutanasia, Fernández-Crehuet afirma que ya hay estudios científicos que demuestran sus consecuencias: “La experiencia de la ley de eutanasia holandesa ha demostrado que, de 4.500 casos revisados, el 20% de los pacientes murió sin consentimiento expreso; y en el 40% de las muertes, la eutanasia estuvo precedida de actuaciones médicas que aceleraron el proceso de la muerte. En consecuencia, los casos particulares deben ser estudiados particularmente. El movimiento pro eutanasia encubre a menudo motivos inconfesables, nada solidarios, sino mercantilistas: despejar camas hospitalarias, disminuir los presupuestos sanitarios… Se apela a los sentimientos compasivos, pero la realidad demuestra que se elimina a muchos enfermos y ancianos con un total desprecio a la vida humana”.