La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa quiere que haya menos abortos. Para ello pide que se empleen “todos los medios posibles que sean compatibles con los derechos de la mujer”. Eso dice el punto primero de la recomendación aprobada el 16 de abril. A continuación propone medios poco compatibles con el fin que se propone.
Hasta ahora se pensaba que, si en una sociedad se quiere reducir la frecuencia de una práctica, no es buen camino definirla como un derecho, eliminar requisitos, hacerla barata y asegurar el concurso de quien tenga que intervenir para que el interesado la lleve a cabo. Este principio se aplica con convicción contra la violencia doméstica, la pornografía infantil, la conducción bajo los efectos del alcohol y otras conductas que efectivamente se quiere disminuir.
De hecho, en reducir el número de abortos, Polonia es un ejemplo que la Asamblea Parlamentaria debería proponer a los demás países. Bajo el régimen comunista, Polonia tenía una ley del aborto muy permisiva. En los años 80 registraba en torno a 200 abortos por mil nacidos vivos. Cuando se instauró la democracia, el Parlamento aprobó sucesivas restricciones, y la tasa fue bajando hasta quedar en menos de 1 por mil. Si, como afirma la resolución, “el aborto debe ser evitado lo más posible”, no hay mayor éxito que el de Polonia.
En cambio, otros ex satélites de la URSS que tras la caída del comunismo no reformaron las leyes del aborto siguen registrando hoy las tasas más altas de Europa: Rumanía, 739 abortos por mil nacidos vivos; Bulgaria, 588 por mil; Hungría, 499 por mil; Eslovaquia, 355 por mil… (datos de 2005).
Sin embargo, la resolución lamenta que en algunos países no se den todas las facilidades para hacer lo que pide que “se evite lo más posible”. Entre los obstáculos al “ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a acceder al aborto sin riesgo y legal” cita “la falta de médicos dispuestos a practicar el aborto”, “el requisito de someterse a varias consultas médicas”, “los tiempos de reflexión y los tiempos de espera”. La propuesta de la Asamblea es eliminar todas esas cautelas e instaurar -donde no la haya- una ley de plazos, que permita abortar a voluntad hasta cierto momento del embarazo.
Turismo del aborto
Si los diputados de la mayoría de verdad creen que así se logrará la meta deseada, es por la contraintuitiva y nunca probada teoría de que se aborta más si la ley pone trabas. Dicen, en efecto (punto 4): “Prohibir el aborto no sirve para reducir el número de abortos: eso conduce sobre todo a abortos clandestinos, más traumáticos, y contribuye al aumento de la mortalidad materna y/o al desarrollo de un turismo del aborto”.
Naturalmente, nadie sabe cuántos abortos clandestinos hay. Es seguro que la vigencia de alguna restricción legal es condición necesaria para que se den, y es probable que si las restricciones se refuerzan, crezca el número de abortos clandestinos. Pero no es verosímil que el efecto neto de la prohibición sea un aumento. ¿Se puede creer que sigue habiendo, como antes de las reformas legales, 130.000 polacas que abortan al año, solo que ahora en el extranjero? Pues en la clandestinidad no puede ser: ¿dónde se esconderían?
Además, el turismo del aborto no es de un solo sentido. Holanda tiene una ley de plazos, España tiene una ley de indicaciones. Sin embargo, los abortos de extranjeras disminuyen en Holanda (de 7.400 en 1996 a 4.500 en 2006) y aumentan en España (de 632 a casi 3.400). Desde 1994 las extranjeras que abortan en España superan en número a las españolas que abortan fuera. A España llegan principalmente de Portugal y Francia, pese a que el segundo país (como el primero desde el año pasado) tiene también ley de plazos.
Recientemente se ha conocido además el caso de una joven de Holanda que abortó en Barcelona, en la clínica Ginemedex, investigada por prácticas ilegales. ¿Y por qué querría alguien que vive en un país con ley de plazos viajar a otro con ley de indicaciones? Porque -es un aspecto no contemplado por la Asamblea Parlamentaria- legalizar el aborto no elimina la clandestinidad, y en España hay clínicas dispuestas a facilitar el aborto a extranjeras a las que se ha pasado el plazo, invocando de modo fraudulento una indicación.
La receta de la Asamblea para reducir el número de abortos tiene otros dos ingredientes: “asegurar el acceso de las mujeres y de los hombres a una contracepción de coste razonable”, y “establecer una educación sexual obligatoria para los jóvenes”. No hay gran necesidad de estimular lo primero, que en la mayor parte de los países europeos está próximo a la saturación. Lo que no se ha descubierto aún es el método para que el recurso, aun creciente, a los anticonceptivos haga bajar los abortos. Lo que dicen las estadísticas es que ambos fenómenos van de la mano, de modo que el aborto se convierte en la última barrera contra el embarazo no deseado.
Para la educación sexual, el modelo clásico es Suecia, donde es obligatoria desde 1956. El caso es que allí la tasa de abortos es una de las más altas de Europa occidental: 345 por mil.
En verdad, hay distintos factores que influyen en la frecuencia de abortos, y ninguno es determinante por sí solo. Pero creer que las restricciones la aumentan y la permisividad legal la reduce es del género supersticioso.
Huelga advertir que esta orwelliana resolución no es vinculante. Sencillamente, es imposible de cumplir, como una que instara a reducir la incidencia del tabaquismo estableciendo un derecho a fumar, permitiendo hacerlo en todos los lugares y bajando el precio de los cigarrillos. En esas condiciones, la educación sanitaria serviría de poco, aunque fuera obligatoria.