Unos 6.000 prisioneros de guerra y civiles extranjeros fueron obligados a trabajar en Alemania para los nazis en instituciones regidas por la Iglesia católica durante la II Guerra Mundial. Este hecho, ya sabido, ha sido documentado y estudiado a fondo en un informe de Karl-Joseph Hummel, director de la Comisión para la Historia Contemporánea, que acaba de ser publicado.
La Conferencia Episcopal Alemana decidió en el año 2000 iniciar una investigación pormenorizada de la cuestión. De los datos recopilados en archivos diocesanos resulta que 4.829 trabajadores extranjeros y 1.075 prisioneros de guerra estuvieron empleados en instituciones católicas entre los años 1939 y 1945. La mayoría procedía de Polonia, Ucrania y la Unión Soviética. Se estima que 13 millones de extranjeros fueron obligados a trabajar para los nazis.
El historiador Hummel ha explicado que, según las leyes del Reich, cualquier inmueble podía ser expropiado si el Estado lo consideraba necesario. De hecho, más de 300 monasterios y otras instituciones católicas fueron expropiados. A fin de impedir esto, muy frecuentemente los monasterios firmaron acuerdos con el Ejército en los que se comprometían a convertir sus salas en hospitales y clínicas para el cuidado de enfermos infecciosos. Para cumplir estos contratos, la Iglesia recurrió a los trabajadores forzados puestos a su disposición por el Ejército. Éste era el principal canal a través del que se daba colocación a los trabajadores forzados.
Las condiciones en que trabajaban estos prisioneros no eran tan duras como las que se imponían en otros destinos. En ninguna de estas instituciones católicas se dio ni un solo caso de aniquilación programada a través del trabajo. Más bien ocurrió que los trabajadores forzados sirvieron para sustituir a los civiles alemanes movilizados. El estudio arroja asimismo un dato estremecedor, circunstancia exclusiva de la Iglesia católica: los cientos de sacerdotes católicos que fueron conducidos a campos de concentración por ocuparse de la atención pastoral de los trabajadores forzados.
A partir de estos datos, la Iglesia católica en Alemania organizó un fondo económico dotado con 5 millones de marcos para indemnizar a estos trabajadores forzosos. Los obispos habían rehusado participar en el programa estatal de indemnizaciones porque querían contactar directamente con las personas afectadas.
La Iglesia católica no quería dar sin más una cantidad de dinero, pues en el ámbito estatal, muchas de estas partidas presupuestarias se transfieren directamente a instituciones y organizaciones extranjeras, que únicamente se ocupan de repartir las cantidades entre sus indemnizados y nada más. De esta manera, no se establece un contacto directo con estas personas, cuestión primordial dentro de la preocupación pastoral de la Iglesia católica.
Al llevar a cabo este programa, primero se ha hecho la consulta pertinente, para saber si la persona en cuestión deseaba establecer el contacto. En caso de que la respuesta fuera positiva, se escogía a alguien encargado de realizar la delicada visita y de efectuar el pago de la indemnización. Esto no ha sido una labor fácil: en muchos casos se trata de personas muy sencillas, que jamás han tenido una cuenta corriente. Además, entrañaba algunos riesgos. Desplazarse, por ejemplo, hasta una aldea rusa con 5.000 marcos al contado y convertir a alguien en “rico” de la noche a la mañana, podía despertar la codicia de sus vecinos. Sin embargo, para aquellos que han accedido al programa y han recibido estas visitas en su propia patria, la experiencia ha sido muy positiva. La mayoría de estas personas son de edad muy avanzada y se encuentran en un precario estado de salud. En algunos casos, se ha organizado un plan para que estos abuelos, junto con sus hijos y nietos, volvieran a visitar los conventos y monasterios en donde estuvieron empleados durante aquellos difíciles años. Muchos jóvenes alemanes han tomado parte en esta iniciativa y han sido testigos del emocionante testimonio de los recuerdos vividos.