La tradicional pasividad con que la opinión pública española recibía año tras año el constante aumento del número de abortos, se ha visto sacudida por la investigación judicial de los escandalosos abortos ilegales realizados en conocidas clínicas de Barcelona y de Madrid. Todo esto era sabido, pero de repente ha habido voluntad de perseguirlo.
El doctor Carlos Morín ha levantado una fortuna con el negocio del aborto en sus clínicas de Barcelona, de las que la más conocida es Ginemedex. Detenido y encarcelado gracias a una investigación de la Guardia Civil, la opinión pública ha conocido las irregularidades que impunemente se cometían en sus centros: informes firmados de antemano por el psiquiatra, abortos sin justificación legal y en embarazos avanzados, trituración de fetos esquivando la obligación de cremarlos o enterrarlos, abortos no declarados… ¿Es el caso de Morín algo excepcional? Los abusos investigados ahora en Madrid en la sucursal de Morín y en otra clínica llamada Mayrit, y las sospechas policiales sobre la clínica Isadora apuntan a lo que las asociaciones pro-vida han denunciado continuamente: el fraude de ley que de hecho se comete en España con el aborto.
El aborto en España es delito, pero está despenalizado en tres supuestos. Uno de ellos es el de peligro para la salud física o psíquica de la madre, en el que no hay límite temporal. Que la opinión pública se lleve las manos a la cabeza ahora porque entre los fetos abortados ilegalmente los había de hasta siete y ocho meses demuestra que se olvida con frecuencia este dato. Las últimas cifras, de 2005, dejan casi 91.700 abortos, lo que supone que uno de cada seis embarazos termina en aborto; en el 96,6% de los casos se invoca el riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Como pocos médicos de la sanidad pública quieren intervenir en esto, el 97% de los abortos se realizan en centros privados, aunque no pocas veces el aborto se financia con fondos públicos (ver Aceprensa en Internet, 3-01-2007: “Uno de cada seis embarazos en España termina en aborto”).
Si tenemos en cuenta que estos centros se lucran con cada intervención, resulta como mínimo chocante que la ley permita a la clínica contratar a los psiquiatras que han de hacer los informes sobre el “riesgo para la salud psíquica” de la madre. Las investigaciones han demostrado que las clínicas cuentan con informes ya firmados por el médico en los que el espacio para el nombre de la paciente está en blanco. El resultado de esta impunidad es el turismo abortista desde el resto de Europa a España, como ya denunciaron reportajes de la televisión pública danesa y el diario británico Sunday Telegraph. La edad del feto no importaba, solo aumentaba el precio, que podía llegar a los 3.000 euros. Según los datos oficiales, el 88% de los abortos se realizan durante los tres primeros meses de gestación; pero los fraudes ahora descubiertos ponen en entredicho que las estadísticas oficiales reflejen la realidad.
Entre lo que parecen últimos coletazos de este encubrimiento generalizado del aborto ilegal se encuentran el comportamiento de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña y del Colegio de Médicos de Barcelona. Tras el reportaje del Sunday Telegraph en 2004, la consejería dijo que no veía irregularidades en las clínicas de Morín. En noviembre de 2006, después del reportaje de la televisión danesa, lo único que hizo fue sancionar al centro con 3.000 euros por faltas administrativas. Entonces, e-Cristians denunció a Morín ante el Colegio de Médicos barcelonés, pero la denuncia fue archivada y la entidad afirmó que no había responsabilidad deontológica.
Metamorfosis social y política
¿Qué ha variado para que ahora se lleve a la cárcel a los culpables? Es difícil saber cuál es la causa última de la transformación producida, si es que hay solo una, pero algunos signos indican que ese cambio es real. En los últimos años, cada vez que salen a la luz las cifras estadísticas anuales de abortos declarados, los medios de comunicación muestran su preocupación, aunque las soluciones que suelen proponer se han demostrado parte del problema. Un vistazo a los comentarios de los lectores en los diarios digitales confirma esta impresión de creciente alarma.
Manifestación de este cambio de mentalidad es que, después de que saltara a la luz pública el “caso Morín”, solo minorías sin peso se han atrevido a insinuar críticas a la detención o aprovechar la circunstancia para pedir el aborto libre. Incluso el PSOE ha sugerido que no incluirá modificaciones en la ley del aborto en su programa electoral para las elecciones de marzo. Y han aparecido artículos de denuncia, no solo entre los habituales defensores del respeto a la vida, sino también en articulistas partidarios de la legalización del aborto pero que ahora escriben “no es eso, no es eso”.
Esta vez diarios de alcance nacional, y en especial ABC y La Gaceta de los Negocios han seguido ampliando la información sobre los fraudes de las clínicas abortistas.
Es representativo el desaliento reflejado por la portavoz anónima de una clínica abortista (ABC, 13-12-2007), que echaba en cara “el silencio de las autoridades sanitarias. Nos están crucificando y ellos callados, cuando al fin y al cabo las clínicas privadas estamos, hablando claro, quitándole un marrón a la sanidad pública”.
La defensa de las clínicas abortistas ha sido decir que se está atacando un derecho de la mujer y que habría que reformar la ley actual porque “no da seguridad”. “Es fundamental que se cambie por una ley de plazos, la que hay en la mayoría de los países europeos. Lo ideal sería hasta las 12 semanas. Y, a partir de ahí, una ley de indicaciones como la que tenemos hasta ahora”, sostiene Eva Rodríguez Armario, presidenta de la asociación de clínicas acreditadas para el aborto (El País, 17-12-2007). Es decir, aborto libre en los tres primeros meses, sin renunciar a seguir invocando después los otros supuestos como hasta ahora. Lo que no explica es por qué vienen a abortar a España de otros países y no al revés.