Con el proceso de excarcelación de guerrilleros, el Gobierno colombiano tácitamente confía en una respuesta similar de las FARC. Sin embargo, la guerrilla más antigua de Latinoamérica no acepta ningún tipo de intercambio humanitario sin una zona de despeje para desenvolverse.
Colombia vivió un mes de junio cargado de expectación, primero, y desazón, después. El presidente Uribe anunció unas “razones de Estado” que justificaban la excarcelación masiva de guerrilleros sin las garantías de volver a delinquir. En efecto, un grupo inicial de 131 guerrilleros de las FARC fueron cobijados por la medida y en las próximas semanas regresarán a la libertad ante el estupor de la sociedad civil, que veía cómo Álvaro Uribe cambiaba de parecer después de cinco años de férrea y contundente política frente a la guerrilla.
En una comparecencia televisiva explicó las “razones de Estado” que le llevaron a tomar tal decisión. Los graves motivos no eran otros, según la explicación que dio Uribe, que responder a una petición realizada por representantes de la comunidad internacional con la esperanza de sentar las bases para que los grupos guerrilleros liberen a los secuestrados. Entre los guerrilleros puestos en libertad, se encuentra uno de los portavoces más importantes de los frentes revolucionarios, Ricardo González, conocido popularmente con el nombre de Rodrigo Granda.
El tema de acuerdo humanitario estuvo en la agenda de la reunión que sostuvieron los presidentes de los siete países más industrializados y Rusia, G8, el pasado 8 de junio en Alemania. Sarkozy esperaba que con la excarcelación unilateral de guerrilleros por parte del gobierno colombiano, y concretamente del que había sido portavoz durante muchos años, Rodrigo Granda, se allanaría el camino para la liberación de Ingrid Betancourt, símbolo del conflicto armado colombiano ante la opinión pública francesa y en general europea. La concesión de Uribe a Sarkozy traería consigo el apoyo del G8 a la política de seguridad democrática del gobierno colombiano y una petición a las FARC de responder con otro “gesto humanitario” a la decisión del presidente Uribe.
El presidente Uribe no sólo liberó a Granda contra su voluntad sino que además lo nombró “gestor de paz”. Un gestor que en ningún momento ha manifestado su arrepentimiento por los graves delitos que ha cometido, sino que además, en su primera rueda de prensa, protagonizó una escena surrealista al empezar la sesión gritando “¡vivan las FARC!”.
La respuesta de las FARC
La reacción de las FARC se produjo a través de su comandante segundo, Edgar Devia, alias Raúl Reyes. Éste rechazó la posibilidad de que Granda fuera el portavoz de las FARC en el tema del intercambio humanitario, e insistió en que no habrá acuerdo humanitario hasta que el Estado colombiano no despeje los municipios de Pradera y Florida, en el departamento del Valle de Cauca, hecho que el presidente Uribe ha afirmado que nunca se va a producir. La petición de las FARC de tener una zona del país propia no es nueva, y un gobierno anterior, el de Andrés Pastrana (1998-2002), cedió una zona en busca de un acuerdo de paz, pero los diálogos fueron violados en el momento en que el grupo armado convirtió dicha zona en campo gestor de actos violentos.
El grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) nació en 1964, con una ideología marxista. Hoy, con más de cuarenta años de historia y con alrededor de 15.000 combatientes, las FARC son una guerrilla transformada. Aunque teóricamente sostiene la ideología original, en realidad mantiene su poder gracias a la realización de negocios ilícitos, como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
Rodrigo Granda, considerado como “el canciller de las FARC”, fue capturado en diciembre de 2004 en Caracas en una operación encubierta de las fuerzas de seguridad colombianas que desató una grave crisis diplomática con el país vecino. El guerrillero permaneció preso hasta el 4 de junio de 2007, cuando fue excarcelado en contra de su voluntad. El 18 de junio fue llevado a Cuba, país que, a solicitud de Uribe, acogió a Granda. Allí, Granda espera algún acuerdo entre las FARC y el Estado en cuanto al despeje territorial u otras opciones que puedan presentarse para el intercambio humanitario.
Respecto a la excarcelación, muchos guerrilleros han manifestado el rechazo a la decisión y han argumentado que la medida tomada por el presidente Uribe ha sido ante todo un excelente modo de distraer la atención de la opinión pública ante los problemas de la “parapolítica” (senadores y altos funcionario nombrados por Uribe están siendo investigados por presuntos nexos con los paramilitares, un movimiento armado al margen de la ley y que nació con el fin de vencer a las FARC). El hecho es que la decisión humanitaria de los presidentes Sarkozy y Uribe no ha dado indicios de que vaya a traer la liberación de ningún secuestrado, y menos aún de Ingrid Betancourt, una ficha clave de las FARC para no perder resonancia internacional.
¿A qué juega Uribe?
Según la mayoría de analistas colombianos, el presidente se apresuró a tomar medidas sin tener en cuenta el Derecho ni otras razones de Estado. La jugada fue hábil para conseguir la simpatía de Francia y por tanto un mayor apoyo internacional, de momento simbólico, una mención en una de las actas de reunión del G8 y un comunicado. Pero el precio pagado en credibilidad ha sido muy alto, porque Uribe, por dar gusto a Sarkozy, ha renunciado a los argumentos que él acuñó y defendió durante cinco años en contra del intercambio humanitario.
Las FARC y el mismo Granda rechazaban la excarcelación de guerrilleros a cambio de secuestrados. Sólo han pedido el despeje de Pradera y Florida, porque saben que es imposible que se les otorgue. En los últimos años, el Ejército y la Policía han quitado a las FARC pueblos, carreteras y valles, y desde que la Armada cerró los ríos y la Fuerza Aérea el cielo, quedaron heridas de muerte. Pero Uribe, para dar a los ocho grandes un motivo indiscutible para apoyarle, para cambiar su imagen en Europa, ha hecho más de lo que debía hacer.
Los secuestrados son armas de la guerrilla y por tal motivo nunca les convendrá liberarlos. Puede ser que tal vez un día liberen a unos pocos, pero se correrá el riesgo de que secuestren a otros nuevos. El futuro de Colombia, según repite insistentemente Uribe, pasa por conseguir que finalmente se apruebe el TLC con los Estados Unidos. Para ello es necesario el apoyo internacional y una nueva imagen de presidente abierto al diálogo y con sensibilidad humanitaria.