El cardenal Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, ha anunciado que la Santa Sede retira su apoyo a Amnistía Internacional, por la postura a favor del derecho al aborto que ha adoptado esta organización (ver Aceprensa 54/07.
En unas declaraciones a la revista estadounidense National Catholic Register, el cardenal Martino ha afirmado que siempre había tenido gran estima por Amnistía Internacional, por su defensa de los derechos humanos. Pero “tras la reciente decisión de AI de apoyar el aborto en el mundo, creo que AI ha traicionado su misión de promover y proteger los derechos humanos. (…) Si AI ya no está dispuesta a defender el más básico de los derechos humanos -el derecho a la vida-, toda la labor de la organización queda en entredicho”.
Algunas reacciones presentan la decisión del Vaticano como la confirmación de una postura crecientemente intransigente de la Iglesia católica, que no es capaz ni de colaborar con una organización tan comprometida con los derechos humanos como AI. Pero no es la Iglesia católica la que ha cambiado. Ha sido AI la que ha abandonado su neutralidad en el tema del aborto, para pedir su despenalización a los gobiernos.
Con este cambio de postura, AI ha dejado de estar comprometida con el derecho a la vida del no nacido. Y esto supone una quiebra de lo que pide la Declaración de los Derechos del Niño, que en su preámbulo afirma que “el niño… necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. En cambio, ni la Declaración de Derechos Humanos ni ninguna otra declaración internacional reconocen que el aborto sea un derecho.
En respuesta a las declaraciones de Martino, AI negó que defendiera un derecho al aborto. Pero en su comunicado define la actual política de AI como “apoyar la despenalización del aborto, para asegurar que las mujeres tienen acceso a la atención sanitaria cuando surgen complicaciones por un aborto, y defender que las mujeres tengan acceso al aborto, dentro de unos razonables límites de gestación, cuando su salud o sus derechos humanos están en peligro”. Kate Gilmore, directora adjunta de AI, justifica esta política como una necesaria solidaridad con las víctimas de violencias sexuales, poniendo como ejemplo las mujeres violadas en Darfur.
Pero, si algo necesitan las mujeres de Darfur, no es que se les garantice el derecho al aborto, sino la necesaria protección para no ser violadas. Por lo demás, la invocación de la violación como caso extremo para justificar la legalización del aborto ha sido el recurso tradicional del lobby pro-abortista. Después, en la práctica, no son los casos de violencia sexual los que alimentan las estadísticas del aborto. En España, por ejemplo, el haber sido víctima de violación se invocan en el 0,02% de los casos de aborto, frente al 96,7% que se justifica por riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.
Por eso, tampoco AI se limita a defender el aborto en caso de violación, sino que pide que se garantice cuando la salud o los derechos humanos de la mujer estén en peligro. En la práctica, esto significa abrir la puerta a la mayor subjetividad sobre el posible riesgo.
Con su nueva política, AI transmite el mensaje de que la amnistía deja de aplicarse al no nacido. No es una buena noticia para los derechos humanos en el mundo.
Referencias: