Lagos. Como los pronósticos y las maniobras del gobierno hacían esperar, ha sido proclamado vencedor de las elecciones presidenciales de Nigeria, celebradas el pasado 21 de abril, el candidato oficial Umar Yar’Adua, musulmán de la etnia hausa-fulani y hasta ahora gobernador del estado de Katsina. Se ha impuesto a otros dos candidatos musulmanes y de la misma etnia, presentados por los dos partidos de la oposición más fuertes: el ex general Muhammadu Buhari del All National Peoples Party (ANPP) y el vicepresidente del país Atiku Abubakar, que abandonó el partido oficial, al no encontrar el apoyo del presidente, para formar el suyo propio, el Action Congress (AC).
La elección de un musulmán del norte era un imperativo político inevitable tras dos mandatos de un cristiano del sur. Nigeria está dividida en casi partes iguales entre el norte, predominantemente musulmán, y el sur, de mayoría cristiana.
El imperio británico dejó la colonia en manos de la clase aristocráctica dirigente, pertemeciente a los hausa-fulani del norte. Después de un corto periodo de gobierno civil, desde la independencia en 1960 al primer golpe de estado militar en 1965, esta clase dirigente ha dominado la política del país, incluso cuando, por razones de conveniencia, ha «cedido»el poder a un jefe militar o un presidente cristiano. Tal era el caso de los recientes mandatos del ex general Olusegun Obasanjo, un cristiano baptista de la etnia yoruba del suroeste. Ahora el «poder» tenía que «volver» al norte, una vez pacificado el sur.
El nuevo presidente ha sido escogido entre los gobernadores menos corruptos. Es musulmán pero no islamista. La campaña se ha basado en promesas de integridad, lucha contra la corrupción y aplicación de los recursos al desarrollo del país a través de la creación de puestos de trabajo.
Muchos han criticado el modo en que fue elegido. Obasanjo logró que los demás gobernadores (algunos de ellos ya estaban haciendo campaña como candidatos del partido oficial) y el partido lo aceptasen. No fue fácil. Obasanjo utilizó un expediente muy eficaz: amenazar con denunciar la corrupción de esos candidatos a través de la EFCC (Economic and Finance Crime Commission).
Para conseguir que el pueblo lo eligiese, Obsanjo y el partido oficial, el Peoples Democratic Party (PDP), utilizó todos sus recursos: la ley electoral, la comisión electoral, la policía y cuantiosos fondos públicos, todo sin muchos escrúpulos, al servicio del candidato oficial y favorito del presidente.
Pese a todo, lo más probable es que las protestas por las elecciones se apacigüen al cabo de unas semanas y el nuevo presidente tome las riendas el próximo 29 de mayo. Es de esperar que se mantenga la paz social necesaria para seguir gobernando. El nuevo presidente tiene buenas credenciales y ha esbozado un programa político con sentido de continuidad.
Si consigue independencia con respecto a los políticos corruptos que han contribuido a su victoria y nombra un gobierno de gente competente, Nigeria tendrá una oportunidad de utilizar más sabiamente los recursos del petróleo para poner las bases del desarrollo y lograr la paz social. Para ello necesitará luchar contra la corrupción, con hechos, y crear condiciones más favorables a las inversiones: en el país faltan luz, agua, gasolina, carreteras, hospitales, puestos de trabajo al haberse cerrado muchas industrias, así como seguridad y facilidades para establecer negocios.
El gobierno anterior trató de mejorar algunos de estos servicios. Pero no lo logró o no lo hizo a tiempo. Por ejemplo, las inversiones en el sector de la energía empezarán a dar resultados en el mes de noviembre. Las promesas de privatizar los letárgicos y corruptos servicios públicos se quedaron en promesas: sólo se han realizado en la telefonía móvil.
Quizá, cuando se hagan patentes las manipulaciones y el fraude electoral, se proteste pidiendo la cancelación de las elecciones (así lo han hecho ya algunos periódicos y los líderes de los partidos no oficiales), pero eso difícilmente ocurrirá. Es más probable que se lleven algunos casos a los tribunales electorales, pero su resolución tardará años, y las sentencias serán prácticamente ineficaces. Un ejemplo: en las elecciones de 2003 el fraude fue tan obvio y masivo en el estado de Anambra que el agraviado candidato a gobernador, Peter Obi, llevó el caso a los tribunales. Estos le dieron la razón; pero el juicio fue decidido al final del mandato electoral, justamente hace tres meses. Peter Obi tuvo sólo tres meses de mandato y ni siquiera presentarse a las pasadas elecciones regionales del 14 de abril, por haber sido descalificado por la comisión electoral.
Jide Martins