El 18 de julio, el Senado norteamericano aprobó, por 63 votos contra 37, una medida que ya había salido adelante en la Cámara de Representantes en mayo del año pasado: permitir que se destine dinero federal a experimentos con células madre extraídas de embriones. Al día siguiente, el presidente George Bush puso el veto, el primero en sus cinco años y medio en la Casa Blanca.
Con ese proyecto, el Congreso pretendía derogar el decreto de Bush que prohíbe dar financiación federal a las investigaciones que impliquen destruir embriones humanos, como las que obtienen de ellos células madre (ver Aceprensa 112/01). La finalidad es evitar que con dinero público se fomente la destrucción de embriones; por eso mismo, se admite financiar trabajos con cultivos de células embrionarias obtenidas antes de que el decreto entrara en vigor: en tales casos, el daño ya ha sido hecho y el gobierno no puede hacer nada para impedirlo.
El presidente ya había advertido que vetaría la ley. El 19 de julio, al hacer efectiva su decisión, dijo: «Este proyecto favorecería la destrucción de vidas humanas inocentes por la esperanza de encontrar tratamientos que beneficien a otros. Traspasa un límite moral que nuestra sociedad tiene que respetar, así que lo he vetado». El mismo día, la Cámara de Representantes intentó anular el veto, pero -como era de esperar- se quedó a más de 50 votos de la mayoría necesaria (dos tercios). De todas formas, habría hecho falta además la misma mayoría en el Senado, donde tampoco la hay, aunque por solo 4 votos de diferencia.
La ley vetada habría autorizado subvenciones con fondos federales a los experimentos con células madre obtenidas de embriones concebidos para tratamientos de reproducción asistida y no implantados. Se estima que son unos 400.000, congelados en las clínicas. Es prácticamente imposible que se pueda gestar a tantos, y la gran mayoría acabarán siendo destruidos. Por eso dijo el senador demócrata Tom Harkin que, con respecto a ellos, la alternativa es «tirarlos o usarlos para aliviar sufrimientos y -esperemos- curar enfermedades».
En realidad, la alternativa no es exactamente como dice Harkin. Según este senador, el decreto de Bush solo logra que acaben en la basura embriones a los que no se puede dar la oportunidad de vivir. Pero el proyecto recién aprobado tampoco los salva del vertedero, con la diferencia de que estimula la creación y congelación de «embriones supernumerarios» al ofrecer una salida más rentable que tenerlos almacenados hasta que «caduquen». En cambio, Bush propone fomentar la adopción de embriones congelados, que es factible en una parte de los casos. Volvió a subrayarlo cuando anunció el veto, al comparecer otra vez -ya lo había hecho el año pasado (ver Aceprensa 78/05)- acompañado de familias que habían tomado esa opción.
También el otro miembro de la alternativa está mal descrito por Harkin: debería haber dicho «usarlos para experimentar». Con células madre embrionarias no se ha aliviado aún sufrimiento alguno, y está por ver que algún día sirvan para curar enfermedades. Y esto no es culpa del decreto de Bush. El presidente norteamericano no ha impedido que se investigue con células embrionarias, cosa que en su país se puede hacer -y se hace- con dinero privado y de los estados.
No hay freno al progreso
Replican otros que en Estados Unidos la administración federal es la mayor fuente de financiación para la ciencia, de modo que el decreto de Bush ha frenado el progreso en este campo. Pero no parece que así sea, pues en otros países donde no hay restricciones al uso de dinero público para estudios con células embrionarias tampoco se ha conseguido ningún fruto terapéutico. Ni Gran Bretaña, ni Japón, ni Australia se han adelantado a Estados Unidos.
En cambio, los investigadores en células madre adultas pueden exhibir resultados. Ya ha habido ensayos clínicos de tratamientos para regenerar con ellas corazones infartados, huesos, córnea y otros tejidos. Estas terapias son aún incipientes, pero dan esperanzas fundadas, no son meras hipótesis.
Por otro lado, el Congreso votó otros dos proyectos en materia bioética. Aprobó, por unanimidad en ambas cámaras (el 18 de julio los representantes, el 13 los senadores) una ley que prohíbe la «cría de fetos»: crear embriones humanos para gestarlos durante un tiempo y luego abortarlos con el fin de aprovechar sus tejidos; la sanción penal se aplica también al que adquiere los tejidos. El presidente ha firmado esta medida. La otra es una moción para que el gobierno federal favorezca la búsqueda de métodos para obtener células madre embrionarias que no supongan la destrucción de embriones, cosa que se está estudiando y, según algunos, es posible (ver Aceprensa 84/05 y 121/05). Esta iniciativa también obtuvo el 18 de julio apoyo unánime de los senadores, pero pocas horas más tarde quedó detenida en la Cámara de Representantes. Allí recibió 273 votos a favor y 154 en contra, y hacía falta mayoría de dos tercios para cerrar el debate y enviarla a la firma del presidente.
Rafael Serrano