El presidente del Banco Mundial (BM), Paul Wolfowitz, anunció el 11 de abril en Yakarta los detalles de su nueva estrategia contra la corrupción. El combate, explicó, se desarrollará en tres frentes: los países en desarrollo donde opera el BM, los mismos programas del BM y la cooperación con otras instituciones. Wolfowitz intenta así aumentar la eficacia del plan anticorrupción, que hasta ahora ha dado frutos muy modestos.
Desde que llegó a la presidencia del BM, en junio del año pasado, Wolfowitz ha convertido la lucha contra la corrupción en una prioridad. Ha advertido que el BM condicionará la concesión de los créditos a las buenas prácticas de los gobiernos. De hecho, el BM ha aplicado ya varias sanciones. Decidió suspender un préstamo de 800 millones de dólares para el sistema sanitario de la India al existir indicios de corrupción en el programa de salud prenatal. Bangladesh no recibirá al final los 35 millones de dólares prometidos para construir carreteras, ya que se han detectado prácticas dudosas. En Argentina se ha suspendido el subsidio a las amas de casa que iba a pagar el BM porque en 2003 se desviaron fondos para pagar la campaña electoral. Asimismo, el BM suspendió los créditos al Chad cuando el presidente del país incumplió un compromiso para asegurar que no se malversaran los beneficios obtenidos con el petróleo (ver Aceprensa 32/06).
Wolfowitz no se ha centrado únicamente en controlar la gestión de las autoridades. Además ha reformado internamente el BM. El Departamento de Integridad Institucional, creado por su antecesor, James Wolfensohn, cuenta ahora con 22 miembros, a los que se sumarán 12 más. Este órgano actuará no solo una vez producidos los hechos, como era habitual, sino que asumirá competencias para elaborar proyectos anticorrupción.
La línea impuesta por Wolfowitz ha topado con cierta resistencia en el propio BM. El primer encontronazo se produjo a finales de febrero en el seno del Consejo del BM. Wolfowitz propuso condicionar la condonación de la deuda de la República Democrática del Congo a las medidas anticorrupción que el gobierno hubiera tomado. Algunos consejeros se opusieron porque el alivio de la deuda, decían, tenía que decidirse con arreglo a los criterios ya fijados, sin añadir otros nuevos. Finalmente, el Consejo llegó a un compromiso, por el que la R.D. del Congo será sometida a auditorías anuales.
La corrupción sigue siendo el cáncer que esteriliza las acciones del BM, como dijo hace una década su presidente de entonces, Wolfensohn. Los expertos coinciden en señalar que las medidas de Wolfowitz son, en principio, positivas, pero que no pueden ir en menoscabo de la finalidad principal del organismo: ayudar los países menos desarrollados.
Como advertía «The Economist» (4-III-2006), habrá que esperar un tiempo para comprobar la eficacia de estas primeras decisiones. El semanario señalaba que Wolfowitz erraría si centrara su estrategia sólo en la cancelación o suspensión de los créditos: con ello impediría que los países más pobres recibieran ayudas, ya que en la mayoría de ellos hay mucha corrupción entre la clase política. Hacen falta estímulos positivos, lo que exige establecer criterios objetivos de corrupción, para poder medir si hay progresos. Al mismo tiempo subraya que la lucha contra la corrupción depende también de medidas políticas y sociales (como la promoción de la libertad de prensa) que exceden las competencias del BM.
Las medidas anunciadas por Wolfowitz en Yakarta responden en parte a esos reproches. Todas ellas son sobre todo preventivas. Así, el BM contribuirá a formar personal en los países en desarrollo, enviará equipos anticorrupción a sus delegaciones para que trabajen con las instituciones de los países respectivos y reforzará la cooperación con instituciones internacionales, gobiernos y el sector privado. En este último aspecto, Wolfowitz ya alcanzó en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero pasado, un acuerdo con los presidentes de los bancos de desarrollo regionales. Entre otras cosas, los bancos adoptarán criterios comunes para elaborar listas negras de empresas que hayan realizado sobornos al participar en proyectos de desarrollo; listas que hasta ahora solo hace y publica el BM.
Josemaría Carabante