Dice un antiguo proverbio oriental que «si cortas tus cadenas te liberas, pero si cortas tus raíces te mueres». La sabiduría de esta sentencia puede ser de utilidad tanto para analizar los términos «laicismo» y «religión», cuanto las relaciones Iglesia-Estado en Francia, cuando se cumple el centenario de la ley de separación de 1905.
Durante la Revolución Francesa, el régimen del Terror, la guillotina, cortó muchas raíces de la Iglesia católica en Francia, y provocó el exilio de decenas de millares de clérigos, monjas y religiosos. En su lugar, los revolucionarios implantaron el laicismo en el suelo público francés, y como para subrayar su victoria contra la Iglesia llegaron a sacralizar el laicismo, dando culto a la diosa razón en Notre Dame. Desde entonces, se aplicaría una política de «tierra calcinada» para cualquier acceso de la religión a los espacios públicos de la nación. Los excesos de los revolucionarios, como la Constitución Civil del Clero y laicización del calendario, desaparecerían antes o después, pero las conquistas del laicismo permanecerían, incluso bajo el concordato napoleónico.
Napoleón aceptó el papel de restaurador de los altares estableciendo un ministerio de culto que reconocía cuatro servicios públicos religiosos: católico, calvinista, luterano e israelita, e impuso unilateralmente las leyes que los regían. Si bien cabría pensar que la religión accedía de nuevo a lo público, lo cierto es que Napoleón funcionarizó a los ministros de culto para mejor ejercer su control dictatorial. Y el itinerario laicista se consolidó, sobre todo en el Código Civil de 1804, que impuso el matrimonio civil obligatorio, cuya vigencia llega hasta nuestros días. En la educación, la voluntad de nacionalizar la escuela y la creación de una corporación laica de profesores para atender la universidad, liceos y facultades, fueron los objetivos del primer cónsul.
Asentamiento del laicismo
Un siglo después de la revolución, durante la III República, se asentará definitivamente el laicismo en Francia mediante una serie de leyes en cascada durante el decenio 1881-1901 (prohibición total de la religión en la enseñanza, de la presencia oficial de las tropas en ceremonias religiosas, del crucifijo en las salas de audiencia de la administración de justicia, etc.). La ley sobre asociaciones de 1901 rehusó reconocer personalidad jurídica a las congregaciones religiosas, provocando el cierre de innumerables escuelas, así como de nuevo múltiples exilios de religiosos, a todos los cuales se prohibió impartir enseñanza por ley de 1904.
El proceso culminó con la promulgación de la ley de separación de 9 de diciembre de 1905, cuyo centenario se conmemora. El gobierno nombró una comisión presidida por Aristides Briand para resolver la cuestión religiosa. Briand quería una ley honesta que «no fuese una pistola apuntando contra la Iglesia», pero terminaron imponiéndose las tesis de Clemenceau, para quien la revolución «debe tomarse entera como un bloque».
Se consagró así el régimen de completa separación, se expropiaron todos los edificios de la Iglesia destinados al culto, y las confesiones religiosas serían en adelante asociaciones de derecho privado.
El hondo anticlericalismo de esta ley duraría unas décadas, pues ya en los años treinta empezaron a suavizarse sus preceptos con aplicaciones prácticas, a través de las operaciones conocidas como «las obras del cardenal», una fórmula jurídica enfitéutica entre los ayuntamientos y las asociaciones cultuales que permitía la construcción de edificios religiosos.
El rostro del laicismo francés se fue transformando con la IV República en 1946, para presentar un semblante casi amable a partir de la V República de 1958. Es importante subrayar que la mencionada transformación se ha realizado, principalmente, a través de la jurisprudencia. Porque, en definitiva, la religión puede desaparecer de un sistema político, e incluso debe hacerlo como ha establecido la constitución «Gaudium et spes» del Vaticano II para la Iglesia católica. Pero nunca podrá desaparecer de la conducta social de los hombres.
Los puentes de la jurisprudencia
En el centenario de la ley de 1905 un balance de su aplicación práctica permite advertir la gran paradoja del laicismo francés: todo lo que la ley separa y prohíbe, la influencia de la religión en los ámbitos laicos de la República, la jurisprudencia lo une y ensambla de algún modo, tendiendo una serie de puentes que conectan al Estado laico francés con el hecho religioso.
Por ejemplo, dentro de la enseñanza pública el muro del laicismo mantiene toda la vigencia establecida por la ley de 1905. A tenor del art. 2 de la ley se permite únicamente, para garantizar la libertad de cultos, la existencia de capellanes en liceos y escuelas. En realidad, las capellanías de los centros escolares públicos no son automáticas, pero a instancia de los padres se puede habilitar este servicio.
En el ámbito de la enseñanza privada, todas las prohibiciones anticlericales de la III República fueron derogadas por la famosa ley Debré de 1959. Esta ley no sólo abrió la vía a la creación de centros privados con ideario propio, sino que hizo posible su financiación pública a través de un contrato simple o de asociación con el Estado. El mismo marco jurídico ha sido actualizado por la ley Guermeur de 1977, y posteriormente en 1985. La jurisprudencia más relevante en este ámbito gira en torno al ideario de los centros y el consiguiente deber de respeto y reserva, así como la incidencia de una conducta extra-académica como posible causa de despido de un trabajador.
Dos sentencias de 1977 y 1985 del Tribunal Constitucional han establecido que si bien los centros con ideario no pueden imponer a sus trabajadores un compromiso de apología de una opción religiosa, están en cambio legitimados para exigirles una obligación de respeto y reserva, que implica la abstención de atacar el ideario abierta o solapadamente. La jurisprudencia en el ámbito de la enseñanza privada presenta muchas similitudes con la jurisprudencia española en la materia.
La prueba del islam
La verdadera prueba para el laicismo francés consiste hoy en la aclimatación del islam. Los problemas más conocidos son los concernientes al uso del velo islámico en las escuelas públicas.
En un discurso en la Asamblea Nacional, el primer ministro afirmaba que el laicismo es una gramática que permite un diálogo sereno y tranquilo de las religiones con el Estado en el seno de nuestro país. Y añadía: todas las grandes religiones en Francia se han adaptado a este principio, y el islam que ha llegado más recientemente tiene ahora su oportunidad.
Pero nos engañaríamos si pensáramos que Francia se enfrenta con un grave desafío, debido a la cuestión del velo o del repudio musulmán. En la República francesa la religión no puede y no va a ser nunca un proyecto político. El verdadero desafío de Francia es más global: conseguir la despolitización del islam. La creación del Consejo Francés del Culto Musulmán se inscribe en esa línea de hacer del islam una religión de Francia, es decir, una religión fuera de las estructuras políticas de poder.
Miguel Ángel Jusdado____________________Miguel Ángel Jusdado es profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado (Universidad Complutense).