Juan Pablo II siempre ha hablado con claridad a todos los países del mundo. España no ha sido una excepción. En su discurso a los obispos españoles que cumplían en Roma la visita «ad limina» (24-01-2005), ha denunciado el laicismo que inspira algunas medidas del gobierno socialista. Sus palabras han escocido al gobierno, y han provocado una catarata de comentarios, réplicas y contrarréplicas.
«Se va difundiendo -dijo el Papa- una mentalidad inspirada en el laicismo, ideología que lleva gradualmente a la restricción de la libertad religiosa, hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública. ( ). Un recto concepto de libertad religiosa no es compatible con esa ideología, que a veces se presenta como la única voz de la racionalidad. No se puede cercenar la libertad religiosa sin privar al hombre de algo fundamental».
Desde el inicio de su pontificado, ha insistido sobre este punto porque no cree que la religión sea un asunto meramente privado, sino una dimensión de la persona que debe tenerse en cuanta también en la esfera pública. El 12 de enero del 2004, dirigía estas palabras al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede: «Las comunidades de creyentes están presentes en todas las sociedades como expresión de la dimensión religiosa de la persona humana. Por tanto, los creyentes esperan legítimamente poder participar en el diálogo público. Por desgracia, hay que constatar que no siempre es así. En estos últimos tiempos observamos en ciertos países de Europa una actitud que podría poner en peligro el respeto efectivo de la libertad religiosa».
En el citado discurso añadió: «Con frecuencia se invoca el principio de laicidad, que en sí mismo es legítimo si se entiende como la distinción entre la comunidad política y las religiones. ¡Pero distinción no quiere decir ignorancia! ¡La laicidad no es el laicismo! La laicidad no es otra cosa que el respeto de todas las creencias por parte del Estado, que asegura el libre ejercicio de las actividades de culto, espirituales, culturales y caritativas de las comunidades de creyentes».
Lo que Juan Pablo II ha dicho respecto a España es una aplicación de esa doctrina general. Una de estas aplicaciones es la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela, como ha recordado también ahora dirigiéndose a los obispos españoles: «La educación integral de los más jóvenes no puede prescindir de la enseñanza religiosa también en la escuela, cuando lo pidan los padres, con una valoración académica acorde con su importancia. Los poderes públicos, por su parte, tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y asegurar las condiciones reales de su efectivo ejercicio, como está recogido en los Acuerdos Parciales entre España y la Santa Sede de 1979, actualmente en vigor».
La dimensión social de las religiones
La respuesta del gobierno español ha consistido en convocar al nuncio, Manuel Monteiro de Castro, para expresarle el malestar del gobierno por las críticas de Juan Pablo II. Tras la reunión entre el nuncio y el subsecretario de Asuntos Exteriores, el comunicado hecho público por el ejecutivo afirma: «El gobierno español expresa al señor nuncio su extrañeza por la referencia explícita que contiene el citado discurso a un supuesto laicismo restrictivo que pudiera limitar la libertad religiosa y que pudiera ser atribuido a una actitud deliberada del gobierno».
Pero en la interpretación socialista tal vez exista el equívoco de considerar la libertad religiosa simplemente como mera libertad de culto o de asistir libremente a la iglesia. Esa interpretación resulta insuficiente, como manifestó el Papa en el citado discurso al Cuerpo Diplomático: «Si bien todo el mundo está de acuerdo en respetar el sentimiento religioso de los individuos, no se puede decir lo mismo del ‘hecho religioso’ -distingue Juan Pablo II-, es decir, la dimensión social de las religiones, con lo que se olvidan los compromisos asumidos en el marco de lo que entonces se llamaba la Conferencia sobre la Cooperación y la Seguridad en Europa».
Dicho en palabras sencillas, debe respetarse el derecho de un ciudadano católico a promover en la vida social o política sus ideas sobre la enseñanza, la legislación matrimonial o el derecho a la vida. Se quiera entender o no, este es el tema central.
Rafael de los Ríos