Las manifestaciones públicas de homofobia serán en Francia delitos más graves que las injurias por razón de religión, raza o sexo, si prospera el proyecto de ley elaborado por el gobierno de Jean-Pierre Raffarin. Diversas asociaciones de prensa han protestado porque consideran que «la definición de expresiones discriminatorias es extremadamente imprecisa».
El «proyecto de ley de represión de expresiones homófobas y sexistas» fue presentado el 23 de junio ante el consejo de ministros y, en caso de aprobarse, modificará la ley de libertad de prensa. Originariamente, el proyecto fue pensado para castigar los ataques (verbales) contra los homosexuales, pero al final se decidió incluir también las expresiones «sexistas». Éstas serán castigadas, al igual que sucede con las expresiones racistas o antirreligiosas, cuando sean discriminatorias; la homofobia, en cambio, será punible también cuando resulte difamatoria o injuriosa. En el primer caso -«incitación a la discriminación, al odio o a la violencia hacia una persona o un grupo por razón de su sexo o de su orientación sexual»-, se prevén penas de hasta un año de prisión y multas de 45.000 euros; para la difamación o injuria homófoba, la pena puede ser de hasta seis meses de cárcel y 22.500 euros.
Francia cuenta desde 1972 con una ley que castiga la discriminación «basada en la pertenencia o la no pertenencia, real o supuesta, a una etnia, nación o religión». Posteriormente se modificó la ley de libertad de prensa para crear un delito de «provocación a la discriminación, el odio o la violencia racial». En 1987 se introdujo el delito de «apología de los crímenes contra la humanidad» y en 1990 el delito de «negación de los crímenes contra la humanidad». Por si faltaran matices por cubrir, en 2003, la llamada «ley Lellouche» creó la «circunstancia agravante de racismo» para determinados delitos, como los actos de tortura o barbarie, cuya pena puede subir, con el agravante étnico, nacional o religioso, de 15 a 20 años. En marzo de 2004, la «ley Perben II» introducía ciertos retoques, entre ellos el que los delitos de injurias y difamación raciales no prescriban en tres meses, sino en un año.
Temores de la prensa
En carta enviada el 14 de junio a los diputados, el Sindicato de la Prensa Ilustrada y de Información y el Sindicato Profesional de la Prensa Ilustrada y de Opinión afirmaban que el proyecto redactado por el gobierno «constituye la versión más extrema entre las diversas hipótesis consideradas, por el propio principio de penalización, por ampliar las incriminaciones a las alegaciones de carácter sexista, por agravar las penas, por ampliar el plazo de prescripción a un año y por la acogida que presta a las acciones de determinadas asociaciones». Por su parte, Xavier Ellie, presidente de la Federación nacional de prensa, considera que el proyecto «recorta y pone en duda la propia libertad de prensa; conduce a una autocensura perjudicial para la buena información del público y somete a nuevos riesgos a las empresas de prensa».
Según el abogado Yves Baudelot, defensor del diario Le Monde, «la definición de las expresiones discriminatorias es extremadamente imprecisa. Al no definirse bien esta noción, su interpretación es aleatoria y puede poner a los diarios en situaciones muy difíciles». La asociación Reporteros Sin Fronteras manifestaba el 18 de junio su inquietud «por la tendencia actual del gobierno, que modifica continuamente la ley de prensa en sentido liberticida».
La prensa no es la única que está descontenta con el proyecto de ley. La asociación feminista «Perras guardianas», que ha luchado durante años por una ley contra las expresiones sexistas, se lamenta de que el texto «establezca clarísimamente una jerarquía entre la homofobia y el sexismo. Contra la homofobia, una ley completa, pero contra el sexismo, sólo parte de las medidas. Nos negamos a que las mujeres estén infraprotegidas, infradefendidas y sobreinsultadas. Es cuestión de justicia». El sexismo ya estaba incluido en las leyes contra el racismo. Si no lo estaba la homofobia, la mención del sexismo en la ley contra la homofobia -y su persecución en un plano inferior a ésta- deja claro que no somos todos iguales ante la ley.
Si la única verdad es que hay que fomentar las diferencias, del mismo modo la igualdad se convierte en desigualdad. Consumada la confusión, se entiende que el diputado Michel Hunault presentara el proyecto en la Asamblea Nacional afirmando que contribuirá a «construir una sociedad fundada sobre la tolerancia y el respeto, y a recobrar el sentido de nuestro ideal republicano, resumido en el lema de la República: Libertad, Igualdad, Fraternidad».
Santiago Mata