Varias comunidades autónomas españolas han aprobado normas para la admisión de alumnos en las escuelas gratuitas (públicas o concertadas) que limitan la libertad de elegir centro (ver servicio 39/04). Carles Boix, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Chicago, comenta el caso de Cataluña (La Vanguardia, 28 junio 2004).
El último decreto de admisión de alumnos no presenta en apariencia grandes novedades, pero «cualquiera que se dedique a examinarlo verá que a partir de ahora la localización geográfica es determinante, bien directamente (un domicilio próximo garantiza 30 puntos), bien a través de tener hermanos o hermanas (que cabe suponer viven en el mismo domicilio) en el centro de elección (otros 40 puntos). Tener una renta familiar mínima y ciertas discapacidades se llevan prácticamente el resto de los puntos posibles (unos 30 más)».
Esto supone adjudicar escuela por criterios burocráticos. «La utilización de un ránking de puntos seguido después de un concurso público y, no lo olvidemos, de una lotería de por medio en caso de empates, se me antoja como un procedimiento extrañísimo para decidir la trayectoria humana y educativa de cada uno de nosotros. Primero, la distribución de los estudiantes se realiza según unos criterios que no tienen en cuenta las preferencias educativas de las familias. Segundo, la determinación del centro no atiende a las potencialidades de los críos en edad escolar, es decir, no admite la posibilidad de que diferentes niños tengan necesidades que requieran escuelas diferentes. Finalmente, dado que nuestra sociedad no se caracteriza precisamente por la movilidad en la vivienda, el criterio de domicilio no estimula el desarrollo de estrategias pedagógicas nuevas y diversas en nuestro país».
El propósito declarado de esta política es favorecer la igualdad en el sistema escolar; pero no lo va a conseguir, advierte Boix. El gobierno catalán pretende evitar que los alumnos se repartan en colegios según sus clases sociales, cosa que harían -parece creer- si se dejara libertad a las familias. Lo cierto es más bien que la residencia «está directamente ligada con el nivel de renta familiar, particularmente en un mercado inmobiliario que ha experimentado subidas de precios extraordinarias y en donde más de la mitad de los ingresos familiares se los traga el pago de la hipoteca». Por eso, «primar la residencia es reforzar las diferencias sociales que el gobierno actual dice querer combatir».
Además, este sistema, al dificultar la libertad de elección familiar, «reduce la creatividad pedagógica y sofoca la competitividad entre centros». Por eso Boix propone «imaginar un nuevo modelo educativo, más dinámico y moderno, que haga posible tanto la libertad de elección de las familias como la realización personal y movilidad social de nuestros hijos e hijas». Una posibilidad es «el establecimiento de un sistema de cheques escolares, es decir, la asignación de una cantidad mensual a cada persona en edad escolar con total libertad para gastarla en su centro educativo de preferencia. Esta cantidad cubriría la totalidad o la mayor parte del gasto educativo por alumno. Adicionalmente, y para reforzar el principio de igualdad de oportunidades, la cuantía del cheque escolar podría graduarse en función de la renta familiar de cada alumno».
El cheque reforzaría el papel de las familias en la educación, ya que estas «pasarían a ejercer un mayor control sobre las escuelas y a incentivar una mejor enseñanza». En efecto, «dada la posibilidad de perder estudiantes, tanto las escuelas públicas como privadas menos eficaces se verían obligadas a mejorar en su capacidad de enseñanza. De hecho, la Administración pública podría emplear la demanda de las familias como un mecanismo para determinar qué instituciones educativas son más problemáticas y, con esa información en la mano, proceder a apoyarlas financieramente y a corregir su actuación».