La Unión Europea se enfrenta, a partir del 1 de mayo, a su quinta y mayor ampliación. Pero una vez terminada la ratificación de este proceso, en febrero pasado, los miembros de la UE han ido anunciando restricciones al derecho de libre movimiento de trabajadores procedentes de los diez nuevos países. Los Quince tienen derecho a hacerlo durante dos años, prorrogables por otros cinco. Varios países (Alemania, Austria, Francia…) han establecido limitaciones mediante la exigencia de permiso de trabajo; otros, como Reino Unido e Irlanda, restringirán el acceso a las ayudas sociales (seguro de paro, ayuda a la vivienda); Holanda limitará el acceso al trabajo en algunos sectores; Dinamarca ha establecido normas salariales para evitar la competencia con los trabajadores nacionales.
Las medidas respondían a una campaña alarmista iniciada por algunos periódicos británicos, que anunciaban una invasión de mano de obra barata y de buscadores de subsidios sociales. Pero Gran Bretaña registra la tasa de paro más baja desde hace 28 años (2,9%) y el ministro del Interior, David Blunkett, al tiempo que anunciaba las medidas transitorias contra la inmigración, reconocía que «tenemos medio millón de puestos de trabajo vacantes». El 10% de la población activa del Reino Unido no ha nacido allí, y entre los inmigrantes, el porcentaje de licenciados es mayor (19%) que entre los trabajadores autóctonos (15%). En España, las patronales catalanas de pequeñas y medianas empresas manifestaron en varias ocasiones su preferencia por los trabajadores de los países que ingresarán en la UE, avalada por un estudio de Manpower.
El informe sobre la ampliación encargado por Romano Prodi al ex primer ministro holandés Wim Kok señalaba la inmigración como «una de las principales ventajas de la ampliación de la UE porque genera beneficios a los países receptores», y advertía:
La mayor parte de los ciudadanos de los futuros Estados miembros ya podía viajar libremente (sin visado) a la UE antes del 1 de mayo de 2004: 850.000 ya vivían en la UE.
La inmigración es sobre todo temporera y se concentra en los países fronterizos: dos tercios de estos inmigrantes viven en Alemania y el 14% en Austria.
La experiencia de las anteriores ampliaciones revela que es infundado el temor a movimientos migratorios importantes. Cuando ingresaron España y Portugal también hubo restricciones, pero no se produjo un fenómeno migratorio significativo.
En lugar de seguir las recomendaciones de un informe pagado por ellos con dinero de los contribuyentes, los gobiernos de la UE han decidido curarse en salud aceptando el alarmismo de algunos medios de comunicación. Las «iras» del pueblo recaerán, si es el caso, sobre los empresarios que, en lugar de esperar unos años, prefieran trasladar sus fábricas a países con mano de obra cualificada más barata. El atractivo de pasar la empresa al otro lado de esa frontera que ya sólo existirá para las personas (pero no para productos y capitales) es indudable: el coste laboral medio por hora, que es de 15 euros en España, de 22,70 como media en la UE y de 26,54 en Alemania, oscila en Europa central entre los 3,06 euros de Eslovaquia y los 8,98 de Eslovenia; y en los países bálticos sólo pasa de 3 euros en Estonia.
En contra de una ola de emigrantes de los nuevos países de la UE habla también su propia demografía. Por ejemplo, la República Checa, con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa (1,7 hijos por mujer), es receptora de emigrantes de otros países del Este, especialmente ucranianos, de los que 40.000 trabajan legalmente y más del doble en la ilegalidad. Para los ucranianos, es más atractivo trabajar en la República Checa, no muy lejos de su casa y donde puede establecer lazos con otros compatriotas ya establecidos, que lanzarse a un medio desconocido como Gran Bretaña o Francia.
Santiago Mata