Tres Tribunales Internacionales en acción
Amsterdam. El Tribunal Internacional de Justicia estudia en estos momentos una demanda contra la construcción por Israel de un muro en territorio palestino ocupado. En el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia acaba de terminar la primera parte del juicio contra Slobodan Milosevic. La Corte Penal Internacional, reconocida ya por 92 Estados, comienza su marcha. Tres tribunales que hacen de La Haya la capital legal del mundo; tres tribunales distintos, que las noticias a veces confunden.
El 27 de mayo de 1999, la canadiense Louise Arbour, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, sorprendió al mundo con el procesamiento de Slobodan Milosevic por crímenes contra la humanidad. Era la primera vez en la historia que se daba la orden de arrestar y procesar a un jefe de Estado en activo. El pasado 25 de febrero se cerró la primera parte del juicio después de haber escuchado a casi 300 testigos durante dos años, y Milosevic prepara ahora su propia defensa.
El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya estudia, a solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las consecuencias legales de la construcción por Israel de un muro en territorio palestino ocupado. La iniciativa debe terminar en la elaboración de un dictamen que será enviado a la ONU.
Y a la entrada de la ciudad, en el edificio LArc, la Corte Penal Internacional, que se constituyó con carácter permanente en julio de 2002, está estudiando a petición del gobierno de Uganda la posibilidad de empezar un juicio sobre crímenes cometidos en este país.
Una sede para la justicia mundial
El protagonismo de La Haya en relación con la justicia y la paz mundiales se remonta a finales del siglo XIX. En 1899 tuvo lugar aquí la primera Conferencia Mundial de la Paz. La reina Guillermina apoyó la iniciativa del zar Nicolás II de limitar la carrera de armamento. Se reafirmaron los acuerdos de la Convención de Ginebra de 1864 sobre protección de heridos de guerra y se extendieron estas medidas a los de batallas navales.
En 1907, cuando se estaba desarrollando la segunda conferencia, comenzó a edificarse el Palacio de la Paz, financiado por el magnate americano Carnegie, e instalado con aportaciones de todo el mundo para resaltar su carácter internacional. Allí se asentaría la Corte Permanente de Arbitraje que sigue funcionando hoy día. En 1946 se instaló en el mismo palacio el Tribunal Internacional de Justicia, o Tribunal de La Haya.
Si la ubicación en La Haya del Tribunal Internacional de Justicia tiene una justificación histórica, no ocurre lo mismo con el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. En 1993 vino a los Países Bajos Kofi Annan, en representación de Naciones Unidas, para preguntar al gobierno holandés si el tribunal podía asentarse aquí.
En el caso de la Corte Penal Internacional, La Haya tuvo más competidores. El lobby holandés fue intenso cuando en 1998 se votó el estatuto de Roma que dio vida a este tribunal. Holanda no era el único país que deseaba tener en su territorio este tribunal. Pero el entonces Secretario General, Boutros Boutros Ghali, apoyó la candidatura de La Haya y la convirtió en la legal capital of the World.
Litigios entre Estados
El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) fue establecido en 1946 por la Carta de las Naciones Unidas como el principal órgano judicial de la organización. Su función es doble: en primer lugar, mediante su competencia contenciosa, la Corte trata de resolver controversias jurídicas entre Estados, aplicando el Derecho internacional. En segundo lugar, a través de su competencia consultiva, emite dictámenes basados igualmente en el Derecho internacional sobre cuestiones que le hayan sido planteadas por determinados organismos internacionales debidamente autorizados para ello en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.
Las decisiones que ponen fin a los litigios en su jurisdicción contenciosa son de obligado cumplimiento y, si una de las dos partes no cumple la sentencia, la otra puede elevar la cuestión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por el contrario, los dictámenes consultivos no tienen fuerza vinculante, pero no por ello dejan de tener una importante autoridad jurídica y, en no pocas ocasiones, también moral. Por ejemplo, en el caso del muro israelí, el Estado de Israel no acepta la competencia del TIJ; pero no ha tenido más remedio que presentar en La Haya un informe para explicar su postura, por la repercusión del caso ante la opinión pública mundial.
La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU eligen independientemente los 15 jueces que componen este cuerpo jurídico. El estatuto prevé que cada uno de los magistrados sea de una nacionalidad diferente. En su elección deberá tenerse en cuenta no sólo que los candidatos gocen de la más alta consideración moral y profesional, sino también que estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. El TIJ ejerce normalmente sus funciones en sesión plenaria, pero, en determinadas circunstancias, también lo puede hacer en salas. Sólo los Estados pueden ser partes en los litigios ante el TIJ, aunque éste podrá solicitar información de organizaciones internacionales en relación con los casos que esté juzgando.
Los problemas más frecuentes
Para que el TIJ pueda juzgar una determinada controversia jurídica entre Estados es necesario contar con el consentimiento de todas las partes; consentimiento que puede manifestarse mediante tratados o acuerdos internacionales, declaraciones unilaterales o, simplemente, dejando ver durante el procedimiento que se está de acuerdo con que la corte resuelva la cuestión planteada.
Desde 1946 se han resuelto aproximadamente 80 asuntos, entre juicios y dictámenes. Los problemas más frecuentes que pasan por este tribunal son problemas territoriales ligados a la determinación de las fronteras o a la atribución de ciertos espacios; problemas de medio ambiente; cuestiones relativas a la aviación internacional; aspectos del uso de las armas o de las pruebas nucleares; la situación de prisioneros de guerra, y en general, el amplio elenco de las violaciones de la prohibición del uso de la fuerza. Actualmente hay 22 casos pendientes. Entre ellos, además del ya mencionado sobre la construcción del muro de separación por Israel, el problema de la delimitación marítima entre Nicaragua y Honduras, o entre Nicaragua y Colombia y, en fin, el del bombardeo de la OTAN en 1999 del territorio de la República Federal de Yugoslavia en el contexto de la crisis de Kosovo.
La Corte Permanente de Arbitraje existe todavía y es totalmente independiente del TIJ. No obstante, a pesar de su nombre, no es un tribunal sino una oficina internacional encargada de coordinar el recurso al arbitraje previsto en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.
Milosevic, segundo asalto
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) fue creado en 1993 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para procesar a personas acusadas de crímenes de guerra en el territorio de la antigua federación yugoslava desde 1991. Consta de tres salas de primera instancia con tres jueces cada una y una sala de apelación, así como una prisión en la localidad de Scheveningen, un balneario junto al mar del Norte situado muy cerca de La Haya.
De las 70 personas inculpadas hasta el momento, 30 han sido arrestadas o se han entregado voluntariamente y las demás todavía no han sido capturadas. Los únicos antecedentes de este tribunal son los de Tokio y Núremberg, al acabar la segunda guerra mundial. Sin embargo, Louise Arbour, ex fiscal del TPIY, precisaba las diferencias: «Los juicios de Tokio y Núremberg fueron multinacionales, pero no internacionales. Eran los juicios de los vencedores y la legislación penal era diferente a la actual. Ahora contamos con convenciones internacionales sobre derechos humanos, los acusados tienen derecho a apelar, no existe la pena de muerte. En Núremberg los responsables del juicio tenían el control absoluto de las pruebas».
El juicio contra Slobodan Milosevic, que comenzó el 12 de febrero de 2002, rompió brecha. «Antes había leyes para imputar a los indefensos; desde ahora se pueden aplicar a los poderosos», comentaba la fiscal Arbour después de la detención del político serbio. Milosevic no reconoce el Tribunal y, al no tener abogados, lleva él mismo su defensa. Su precaria salud ha motivado 14 interrupciones y por prescripción médica los días disponibles para la vista se han reducido a tres por semana.
El 8 de junio Milosevic comenzará su defensa, para la que cuenta con 90 sesiones, el mismo tiempo que han utilizado los fiscales con los testigos de la acusación. Todo esto alargará la defensa hasta el verano de 2005. A partir de entonces podrán los fiscales comenzar con la segunda fase. La pregunta es si el acusado tendrá salud para soportar el juicio hasta el momento de la sentencia. Pero no sólo él está enfermo, el juez británico Richard May se retira por razones de salud y su sustitución podría traer retrasos.
La acusación no es tan fácil
Con la clausura de la primera parte, se advierte que una serie de dificultades han nublado la euforia del comienzo. A Milosevic se le acusa de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio durante las guerras en Croacia (1991-95), Bosnia (1992-95) y Kosovo (1998-99). Sin embargo, el equipo de fiscales con Carla Del Ponte a la cabeza no ha podido presentar pruebas suficientes para respaldar la acusación más grave, la de genocidio, según la mayor parte de los expertos.
Según Göran Sluiter, profesor de Derecho internacional de la Universidad de Utrecht, «demostrar que su intención era exterminar a un pueblo es una tarea difícil desde el punto de vista jurídico». «Belgrado no ha facilitado pruebas, y si la fiscal retira el cargo de genocidio, será una victoria moral para Milosevic y los nacionalistas», opina Avril McDonald, experta en Derecho internacional del Instituto Asser de La Haya y con ella otros muchos juristas.
Otro punto de crítica de los citados juristas es el trato que se ha dado a los testigos. Milosevic ha intentado minar su credibilidad, les ha callado la boca. Los jueces tenían que haber intervenido a favor de los testigos, pero, según McDonald, no lo hicieron por miedo a que el acusado les reprochara no ser imparciales.
También se han escuchado críticas sobre la actuación de la fiscal Carla Del Ponte, tanto de colegas por su modo de trabajar aislado, sin colegialidad, como por su actitud dura para con el gobierno de Belgrado. «El modo agresivo como exige que entreguen documentos y sospechosos al Tribunal es contraproducente. En lugar de favorecer que el Tribunal sea también para ellos un instrumento de reconciliación, lo ha hecho odioso», opina McDonald.
Un Tribunal Penal permanente
La Corte Penal Internacional (CPI) responde a la necesidad de contar con un instrumento legal permanente para enjuiciar a genocidas y criminales de guerra, y así poner fin a la impunidad y a las violaciones en masa del Derecho humanitario internacional.
«A medida que los diferentes países vayan ratificando el Estatuto de Roma y se unan a los más de 90 que lo han hecho ya, la CPI tendrá más capacidad para poder actuar y juzgar a los criminales de todas partes del mundo, siempre que sus propios gobiernos no puedan o no quieran juzgarlos», explica Sonia Robla, periodista especializada en los tribunales internacionales y en la actualidad consultora en la CPI.
La CPI es una organización internacional independiente. El estatuto de la Corte -aprobado en Roma en 1998 por 120 países- entró en vigor el 1 de julio de 2002, después de haber sido ratificado por 60 países. En aplicación del artículo 2 del Estatuto de Roma, está vinculada a la ONU por un acuerdo aprobado por la Asamblea de los Estados Participantes. La competencia de esta Corte, que todavía está preparando una base sólida sobre la que operar, completará las jurisdicciones nacionales. Sólo actuará cuando ellas mismas sean incapaces o no deseen llevar a cabo la persecución judicial.
Las causas pueden ser remitidas a la Corte de tres modos: por uno o varios países que sean parte del Estatuto; por iniciativa del fiscal de la Corte; y por el Consejo de Seguridad de la ONU. Si es el Consejo de Seguridad el que remite la causa, como sus decisiones son obligatorias, la Corte puede ejercer su competencia incluso cuando ni el Estado en cuyo territorio se hayan cometido los crímenes ni el Estado de la nacionalidad del acusado sean partes del Estatuto.
EE.UU., que no ha ratificado el estatuto, sigue oponiéndose a que la CPI juzgue a sus ciudadanos, pues aduce que las causas pueden estar inducidas por motivos políticos. Y la Administración Bush ha llegado a firmar acuerdos bilaterales con 24 países, para garantizar la inmunidad de sus ciudadanos en esos territorios. Rusia, China, India, Pakistán e Israel, entre otros, tampoco reconocen a la Corte.
Por el momento, la CPI no tiene ningún caso abierto. Pero su fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, ha anunciado que está analizando las masacres cometidas en Ituri (en el este de la República Democrática del Congo) y en Uganda. Los 18 jueces de la Corte (11 hombres y 7 mujeres) pueden tener trabajo dentro de algunos meses.
Diferencias entre los tribunales
La CPI se diferencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y el de Ruanda en que éstos fueron creados por el Consejo de Seguridad de la ONU; la CPI, en cambio, en un tratado multilateral. Los otros dos tribunales fueron creados para situaciones específicas y tienen una existencia limitada en el tiempo, mientras que el CPI es permanente, y no depende de Naciones Unidas. Su estatuto entró en vigor el 1 de julio del 2002 y, como no tiene competencia retroactiva, sólo podrá juzgar los crímenes cometidos después de esta fecha.
El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) no es competente en materia de responsabilidad penal individual. Regula exclusivamente las diferencias entre los Estados u organizaciones.
En la Corte Penal Internacional, trabajan 187 personas y su presupuesto anual es de 55 millones de euros. En el Tribunal de Yugoslavia hay 1.238 empleados y el presupuesto es de 96 millones de dólares. En el TIJ trabajan alrededor de 85 personas y su presupuesto oscila en torno a los 10 millones de dólares anuales.
Carmen Montón