Contrapunto
El alcalde de la pequeña localidad francesa de Bègles, Noël Mamère, y 73 curas «progresistas» de Girona han ocupado a la vez titulares periodísticos por el mismo motivo: quieren casar parejas homosexuales. El primero, por lo civil; los segundos, con bendición en la iglesia. El alcalde y los curas inscriben su gesto en la lucha contra las discriminaciones. Probablemente también en la lucha por la notoriedad.
Noël Mamère, antiguo candidato sin éxito a la elección presidencial, diputado «verde» y alcalde de Bègles, ha anunciado que el 5 de junio celebrará el primer «matrimonio» homosexual en Francia. Asegura que los artículos del Código Civil que regulan el matrimonio no dicen que esté prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que considera llegado el momento de acabar con esta «discriminación» que sufren los homosexuales.
Parece mentira que a nadie se le hubiera ocurrido esta interpretación del Código Civil napoleónico, que acaba de cumplir 200 años. Pero es claro que a Mamère no le interesa tanto que la ceremonia anunciada tenga efectos jurídicos como conseguir que esté arropada por suficientes fotógrafos.
Por si acaso, el ministro de Justicia, Dominique Perben, ha aclarado que «el deber de un alcalde es aplicar y respetar la ley, no promover sus propias opiniones». La ley dice textualmente que el alcalde «recibe de cada parte la declaración de que quieren convertirse en marido y mujer», fórmula que no tiene nada de ambigua e imprecisa. En consecuencia, ha anunciado que el ministerio fiscal se opondrá a este «matrimonio» y que, si Mamère lo celebra, pedirá su nulidad. Perben estima que la legislación francesa y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideran que el matrimonio solo concierne a personas de distinto sexo, y que la ceremonia celebrada por el alcalde no tendrá ningún valor jurídico.
Los curas de Girona no se escudan en que la ley eclesiástica sea ambigua; simplemente no les parece suficientemente «acogedora» y defienden que también las parejas homosexuales o de divorciados puedan celebrar en la iglesia «un rito en el que se exprese su compromiso y que signifique la bendición del Padre». Más que pedirlo, comunican que ya lo hacen, ofreciendo no el sacramento del matrimonio sino una ceremonia alternativa «con solemnidad y publicidad». Pero, a diferencia del alcalde francés, no ha salido nadie a decirles que su deber es aplicar las normas del Derecho de la Iglesia, no promover sus propias opiniones.
Los firmantes aseguran que «es injusto e inhumano» excluir a estas parejas de la vida sacramental. Pero la Iglesia sí está dispuesta a acogerles en el sacramento de la Penitencia, lo que les permitiría rectificar y participar en la Eucaristía. Pero esta acogida no es reivindicada por los sacerdotes de Girona.
Lo que les inquieta es que «grupos ideológicos, religiosos o no, impongan sus particulares dictados morales». Estos 73 sacerdotes no deben de considerarse un grupo, aunque formen el Fòrum Joan Alsina, porque ellos sí pueden imponer en su ámbito de actuación sus propios dictados, al margen de la Iglesia a la que representan. Tampoco es que se muestren reacios a los dictados morales de cualquier grupo ideológico, pues han tenido en cuenta para hacer su documento las aportaciones de colectivos feministas y de gays y lesbianas.
Sin duda, es importante que la Iglesia sepa acoger a todos. Pero, a la vez, todos los acogidos son llamados a una conversión. Los 73 curas de Girona quieren que todo el mundo se pueda sentir acogido en la Iglesia tal como es. Por eso piden también «adecuar» los supuestos de nulidad del matrimonio a «las nuevas realidades y a los nuevos conocimientos científicos y psicológicos», «reconocer y respetar» la validez de la nueva situación, de forma que las parejas puedan rehacer sus vidas «y disfrutar en paz del nuevo estado elegido». A este paso acabarán siendo invitados a los programas del corazón, que acogen con los brazos abiertos estas nuevas realidades.
Ignacio Aréchaga