Tribunales y medios de comunicación no siempre se entienden. Los magistrados lamentan que en los casos más sonados la prensa monta «juicios paralelos» que no respetan la presunción de inocencia. También se quejan de críticas desmesuradas de periodistas que ignoran las sutilezas procesales y se convierten en altavoces de una parte. Por su lado, los medios protestan por las pocas facilidades que da la administración de justicia para obtener informaciones.
A fin de aliviar estos problemas, en Cataluña ambas partes interesadas han firmado un acuerdo de colaboración. El documento contiene pocas medidas concretas y vinculantes, pero constituye una declaración de intenciones que puede contribuir a mejorar las relaciones entre jueces y periodistas.
Han firmado el acuerdo cuatro instituciones catalanas: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por una parte, y por la otra el Consejo Audiovisual, el Colegio de Periodistas y la Fundación del Consejo de la Información. El convenio intenta encontrar un punto de equilibrio entre el respeto por la función judicial y el ejercicio de la libertad de prensa.
En el terreno de los principios, el acuerdo señala que «la administración de justicia ha de acostumbrarse a la lícita presión de los medios» cuando un proceso atrae la atención del público. Los medios, a su vez, se comprometen a «preservar el derecho a la presunción de inocencia de los imputados», así como «la intimidad, el derecho a la propia imagen y al honor de los testigos (…), sin someterlos a acoso alguno», y a respetar de modo especial a las víctimas.
Más concretamente, la administración de justicia facilitará a todos los medios, en condiciones de igualdad, el acceso a los actos y juicios públicos. Con este fin, instalará en los edificios judiciales salas de prensa dotadas de medios modernos. En cuanto a la toma de imágenes y sonido durante las vistas, prevalece la potestad del juez, que en cada caso puede permitirla o no; pero el Tribunal Superior se compromete a mediar para que se autorice.
Por su parte, los periodistas se proponen contrastar sus informaciones y hacer constar cuáles son sus fuentes, distinguiendo entre los diversos agentes jurídicos. Además, para no otorgar la misma fe a la parte que al juez, habrán de dar «un trato de credibilidad» a los portavoces autorizados, sin perjuicio de la libertad de expresión. Se confirman en la obligación de no revelar la identidad de los menores incursos en procesos ni de los testigos protegidos. Informarán de las resoluciones judiciales con respeto, lo que no supone renunciar a la crítica legítima. En conformidad con las recomendaciones del Consejo Audiovisual, evitarán los «juicios paralelos» y «las reconstrucciones ficticias de hechos que sean objeto de juicio».
Para que se cumpla lo firmado, el acuerdo dispone que se constituya una comisión de seguimiento formada por representantes de las cuatro instituciones. También se fomentará la formación de periodistas especializados en asuntos judiciales, aunque no se dice cómo.